Un auto demoledor del juez Pedreira ha puesto fin a casi tres años de persecución inplacable, y de montajes político-judiciales, contra algunos dirigentes del Partido Popular.
Bajo la aviesa tutela de Alfredo Pérez Rubalcaba, entonces ministro del Interior y hoy candidato socialista, no se ha tenido reparo alguno en utilizar contra los Populares las instituciones del Estado, puestas al servicio del PSOE. Mediante una trama perfectamente urdida, y contando con el apoyo de sus terminales mediáticas y la impagable ayuda del juez Baltasar Garzón, magistrado sin escrúpulos donde los haya, los socialistas llegaron a conseguir su miserable propósito sin apenas esfuerzo: poner bajo sospecha a destacados miembros del Partido Popular, a los que han sometido a una cacería feroz, de manera profundamente antidemocrática, para intentar demostrar “como sea” la existencia de financiación ilegal dentro de su propio Partido.
