Un jurado popular ha declarado inocente al ex-presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps. Ante el linchamiento mediático que ha sufrido este hombre, cabe preguntarse ¿quién restituye ahora a Camps el honor perdido? ¿Qué medidas se van a emprender desde el Consejo General del Poder Judicial con respecto a los tres fiscales encargados del caso? ¿Qué van a hacer los medios de comunicación que, día tras día, año tras año, durante más de tres años, han actuado a modo de perros rabiosos, cebándose en una presa indefensa hasta descuartizarla y dejarla reducida a un mero despojo? Mucho nos tememos que de todo aquello que se pudiera -y debiera hacer- finalmente no se haga nada.
Desde la muerte de Montesquieu anunciada por Guerra, el "hemmano" de "mi hemmano", ese eje del mal que lleva en ejercicio demasiado tiempo y que está compuesto por el Ejecutivo (apoyado por el Ministerio del Interior), la Fiscalía General del Estado y los medios de comunicación sensacionalistas y apesebrados, ha reducido los valores de la justicia y la decencia democrática de nuestro país a la nada.
La situación de indefensión sufrida por Camps durante estos tres últimos años es la que padecemos miles, millones de españoles que, sin la notoriedad y resonancia pública que, muy a su pesar, ha alcanzado el político valenciano, tenemos que soportar la condena cruel y apriorística de una sociedad salvaje, brutalmente mediatizada e inmisericorde que hace mucho tiempo dejó aparcado todos y cada uno de los principios del derecho natural, entre ellos el de la presunción de inocencia, optando en su defecto por el siniestro y morboso gozo y disfrute que les ofrece el espectáculo de la pena de telediario servida " a domicilio".
Ese famoso axioma que reza: "mañana te puede pasar a ti", resbala por la encallecida piel de esta sociedad tan española, tan nuestra, tan resentida, zafia, vulgar y envidiosa y tan proclive a aplicar la Ley de Lynch contra cualquier indefenso, a la menor oportunidad que se le presente.
Al parecer, y gracias al Programa de Gobierno del Partido Popular, vienen aires de cambio en lo relativo a la administración de Justicia. El ambicioso programa del ministro Alberto Ruiz Gallardón ha puesto el dedo en la llaga (no hay más que ver el cabreo monumental con el que han reaccionado la izquierda sectaria y los partidos nacionalistas) y todo apunta a que la pesadilla que hemos vivido durante la nefasta égira del Zapaterismo toca a su fin.
Bienvenido Ruiz Gallardón y bienvenido su programa de reforma de las Administraciones de Justicia. Confiamos en que su contenido, de gran calado, aborde algunos temas que, por el momento, brillan por su ausencia y cuya importancia no es menor tales como son la agilización de los procedimientos de instrucción; las actuaciones y sanciones de aplicación inmediata por parte del Consejo del Poder Judicial contra actuaciones manifiestamente prevaricadoras y de abuso de poder de jueces y ficales que eviten llegar a situaciones de bochorno tales como las que estamos teniendo que soportar con el Juicio de ese supuesto gran prevaricador llamado Baltasar Garzón y, en la misma línea, la puesta en marcha de acciones penales contra aquellos que, amparándose en el derecho a la libertad de expresión, vulneran el derecho al honor y la intimidad de las personas al exponerles, desde sus terminales mediáticas, a ese gran circo de las tertulias compuestas por tertulianos ignorantes, cuando no manifiestamente sectarios, que carentes del mínimo rigor informativo generan crueles estados de opinión contra personas inocentes, sin posible vuelta atrás.
Y todo ello, sin olvidarnos de que la Ley Mercantil necesita ser reformada, y en el marco de la misma, la nueva Ley Concursal que, tal y como está concebida en la actualidad, ha demostradoser un auténtico bodrio que más parece haber sido diseñado para enriquecer a los Administradores Concursales -léase Concurso Afinsa- que para evitar el cierre y liquidación de las compañías que entran -o son abocadas de manera extemporánea y completamente ilícita- a la vía de Concurso.
Felicidades a los señores Camps y Costa (éste último ha sido igualmente declarado no culpable); todas nuestras esperanzas puestas en el Ministro de Justicia. Publíquense en el B.O.E. las nuevas medidas, y aquellas que se vayan incorporando y mejoren las ya anunciadas y aplíquense todas y cada una de ellas, desde ese momento, con todo rigor. Los españoles de bien -y muy especialmente aquellos que hemos sido expoliados a causa de la intervención política de Afinsa Bienes Tangibles, desde los propios imputados para abajo, hasta al último de sus clientes, lo estamos deseando.
