El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto un expediente disciplinario al juez de Instrucción Santiago Torres, que instruye el 'caso Guateque', a instancias de Manos Limpias por la posible comisión de una falta grave ante "el retraso injustificado" de la instrucción de la causa que investiga desde hace cinco años una supuesta trama de licencias exprés en el Ayuntamiento de Madrid.
En la resolución, la Comisión Disciplinaria del CGPJ acuerda incoar expediente contra Torres por una falta grave del artículo 418.11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por "el retraso injustificado en la iniciación o en la tramitación de los procesos o causas de que conozca el juez o magistrado en el ejercicio de su función, si no constituye falta muy grave".
O, de forma alternativa, por la presunta falta leve del artículo 419.3 de dicha Ley Orgánica: "el incumplimiento injustificado o inmotivado de los plazos legalmente establecidos para dictar resolución en cualquier clase de asunto que conozca el juez o magistrado".
Asimismo, se ha nombrado instructor delegado a Francisco Javier Canabal, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). La instrucción la llevará a cabo en el plazo de tres meses.
Impulso a la instrucción
En la queja remitida al Poder Judicial, Manos Limpias solicitó que se "promuevan las actuaciones necesarias para dar el impulso necesario al procedimiento concretando las posibles imputaciones, así como que se depuren las responsabilidades en las que haya podido incurrir el instructor del procedimiento".
En la exposición de los hechos, el documento explica que el pasado mes de marzo se cumplieron cinco años del inicio de las actuaciones, sin que "en los dos últimos años se haya venido desarrollando actividad de instrucción o investigación de ninguna clase, no existiendo ni tan siquiera un funcionario a cargo del sumario en el Juzgado".
"Desde hace muchos meses el Magistrado no provee, ni contesta a los recursos, lo que supone una grave dejación de sus funciones", señala el escrito, que recalca acto seguido que "esta situación está ocasionando una extrema indefensión para los imputados".
Además, reseña que "a pesar de que el año pasado fue creado un Juzgado Bis de apoyo, para disminuir la carga de trabajo de Juzgado de Instrucción n 32, el procedimiento de diligencias previas referido no ha sufrido el más mínimo impulso".
"Existen más de 100 personas inculpadas con imputaciones de tipo general, no estando la mayor parte de los hechos comprobados, y parte de la instrucción no se ha completado. De seguir así este procedimiento, los imputados culpables podrán alegar dilaciones indebidas, e incluso prescripción de algunos", agrega.
Recientemente, el juez dicto diversos autos en los que concretaba algunas de las imputaciones. Por ejemplo, levantó la imputación que pesaba sobre el viceconsejero de Presidencia e Interior y ex viceconsejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Luis Armada, por un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.
En cambio, desestimó en otro auto la petición de sobreseimiento de Joaquín Fernández de Castro, ya que los indicios de delito que le implican en la causa "no han quedado desvirtuados y siguen subsistiendo".
Reflexiones al margen: ¿Cuanto tiempo lleva el juez Santiago Pedraz instruyendo el "Caso Afinsa", procedimiento que arrancó con una intervención policial de la empresa a golpe de subfusil bajo la acusación, según el entonces ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, de estar llevando a cabo una monumental estafa piramidal? ¿A qué están esperando los abogados que representan en el procedimiento penal a 190.000 personas expoliadas para solicitar al juez Santiago Pedraz que agilice y ponga fin a la instrucción de una vez? ¿Cuantos años más tendremos que soportar que la fiscalía dé instrucciones a Pedraz para que solicite "comisiones rogatorias" a todos los países del mundo mundial, con la excusa de buscar paraísos fiscales en los que Afinsa presumiblemente tendría cuentas abiertas, que no han dado el resultado "esperado" ya que la respuesta recibida en España por parte de los países receptores de todas y cada una de dichas comisiones rogatorias ha sido siempre negativa?
