Por lo acertado de su contenido inserto, a continuación, uno de los mensajes de Opinión remitido por un lector.
"Con el mayor respeto pero a su vez con la máxima energía, me siento obligado a dirigir estas líneas a quienes están al frente de la instrucción de la causa penal del caso Afinsa para decirles que, a los clientes afectados por la intervención, ya no se nos pueden seguir engañando más. Que llevan más de cinco años trasteando y buscando lo que no van a encontrar porque no existe lo que buscan, y están dando lugar a que estemos convencidos de que la administración de justicia en España, está deformada. Ellos, y otros como ellos, con su actitud indolente y mareante, están contribuyendo de manera activa a la percepción del aparente deterioro de la judicatura.
Cuando los ciudadanos conocemos a través de los medios que unos fiscales o unos jueces intervienen de manera coherente con el sentido popular de la justicia en cualquier caso que salta a la palestra informativa, percibimos como un hito destacable y digno de elogio, algo que en realidad deberíamos apreciar como lo más natural de una administración justa, en un estado de derecho, en el que se respetan los principios de legalidad.
Acabamos de conocer que una juez en Lugo, a pesar de la fiscalía, ha decidido dar traslado al Supremo del caso del empresario Dorribo y su vinculación con el ministro de fomento Sr. Blanco, porque aprecia indicios de que pudiera haberse incurrido en un ilícito penal. ya que el ministro, por su condición de tal, está acogido a un foro especial que le impide ser juzgado en tribunales ordinarios, tanto la juez como la fiscalía, dan el curso debido al procedimiento, y al destino pertinente. Eso es así, y nada más que así.
Y cuando algo como lo descrito sale a la luz pública, los ciudadanos lo apreciamos con cierta extrañeza, porque lo “normal” que debería haber sucedido, aquello a lo que nos tienen acostumbrados, es a que al caso se le hubiera dejado dormir su siesta en los cajones, por tiempo indeterminado, y que aquí no pase absolutamente nada. En situaciones como estas, siempre surge algún creyente que abandera el comentario en el sentido de que “se demuestra una vez más” que la justicia siempre triunfa. Hagamos un inciso y no generalicemos; una cosa es lo que nos gustaría que ocurriera, y otra muy diferente lo que en realidad sucede. En este caso, la excepción confirma la regla
Y en nuestro caso – el caso de Afinsa -, el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional y los Fiscales que lo atosigan, conocen de sobra los contenidos de las Sentencias ya pronunciadas por otros Tribunales, incluso de mayor rango, en las que se definen las actividades desarrolladas por la empresa, como actividades mercantiles y como tales, alejan la sospecha de que sus legítimos propietarios y antiguos gestores, hubieran incurrido en las acciones punibles por las que fueron imputados. Y no obstante, de existir algún tipo de duda razonable, ya deberían haber levantado la indebida suspensión cautelar de las actividades de la empresa, aunque sus gestores permanecieran bajo sospecha y pendientes del cierre de la instrucción.
Pero no; tanto la fiscalía como el juez, siguen ordenando Comisiones Rogatorias a los países más remotos, e investigando a las personas más insospechadas en un empeño vano de encontrar indicios de algo, y dilatar hasta el infinito el mantener abierta una instrucción que los va a jubilar a todos sin lograr dar con lo que buscan. Y ellos lo saben, pero ¿quién es el guapo que le pone el cascabel al gato…?
Aquí, lo que hubiéramos necesitado en el caso Afinsa, es que lo llevara una juez como la de Lugo o como la de los ERES de Sevilla, que por mucha resistencia ofrecida por sus fiscales, si ellas quieren, llevan el asunto por donde conviene a la causa y no se pliegan a las impertinencias ni exigencias impuestas. Pero hay que querer.
Por eso insisto con la mayor disciplina y respeto, que ya está bien, hombre, que ya está bien; que a lo largo y ancho de estos más de cinco años transcurridos desde que ellos decidieron injustificadamente suspender de manera cautelar las actividades de la empresa, ya aprendimos a sobrevivir sin nuestros ahorros pero no hemos aprendido a olvidar a los que nos dejaron, ni a soportar el desprecio de la sociedad que nos tacha de codiciosos y avarientos acaparadores de riqueza, como tampoco hemos perdido la esperanza de ver restituida nuestra vulnerada dignidad como ciudadanos de orden, algo que sucederá cuando se reconozca públicamente la improcedencia de una incautación abusiva y caprichosa, que nunca debió haberse producido, y en el momento mismo en que recuperemos nuestras inversiones.".
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deja aquí tus comentarios.