sábado, 25 de marzo de 2017

Crisis de los medios de comunicación.

El 2017 de los medios: Se acelera el fin de un modelo 

Despidos, números rojos, planes de bajas, las altas exigencias de Montoro… todos estos factores han vuelto a situar a una buena parte de los medios de comunicación españoles entre la espada y la pared en este inicio de 2017, en el que los anunciantes se han mostrado especialmente pacatos a la hora de invertir en prensa.

 

martes, 21 de marzo de 2017

Calladitos estarían más guapos.

Asombra la osadía de estos dizque "comité de perjudicados" y "coordinadores de los afectados", que únicamente se representan a sí mismos cuando se subrogan la defensa de los intereses de cerca de medio millón de expoliados en sus reuniones con políticos, por lo general muy desinformados, para entregarles montañas de información contaminada y carente de rigor que no hace sino confundir aún más, si cabe, a quienes tienen a bien recibirles.

miércoles, 15 de marzo de 2017

Casos Afinsa y Fórum: Homenaje de una afectada a los compañeros de "Los Martes de Genova" .

 lunes, 13 de marzo de 2017

Homenaje de una afectada a Los Martes de Genova


      A veces, cuando crees que nada te puede sorprender, que ya nada te puede conmover, ocurren cosas,  como este mensaje de voz dejado en el grupo de WhatsApp, de una afectada por la intervención de Fórum–Afinsa, alguien que sin duda alguna representa al 80 % de los clientes de estas dos empresas, alguien que expresa a la perfección los sentimientos de 500.000 familias y que nos ha conmovido hasta lo más profundo.



Enlace a fuente: ANVIFA. 


lunes, 13 de marzo de 2017

"Off topic". Por qué Zougam merece un juicio de revisión. Javier Gómez de Liaño.

“La revisión de la condena de un inocente es tarea que presupone una gran pasión por la Justicia”. (Max Hirscheberg. 'La sentencia errónea en el proceso penal').



Hace 9 años, 4 meses y 11 días que Jamal Zougam fue condenado a 42.922 años de prisión por los atentados cometidos en Madrid el 11 de marzo de 2004. La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN), en sentencia de 31/10/2007, consideró probado que Zougam era miembro de una célula terrorista de tipo yihadista y, como tal, autor, además de otros delitos, de 191 homicidios consumados y de 1.856 homicidios en grado de tentativa. Nueve meses después, el Tribunal Supremo (TS) dictó sentencia –la 503/2008, de 17 de julio– que, en relación a Zougam, confirmó la anterior.

Del asunto conozco los hechos según se relatan en ambas resoluciones judiciales y los argumentos jurídicos que ofrecen. También he visto gran parte de lo publicado en los medios de comunicación. Por cierto, antes de escribir una palabra más, dejo constancia de dos particulares: uno, mi consideración por las sentencias y los magistrados que las pronunciaron; la justicia es noción infinita y suponer que pudiera acariciar el mal, sea del signo que sea, sería tanto como negar su esencia. Otro, que tan legítimo y respetable es sentirse satisfecho con las resoluciones de la AN y del TS, como lo es pensar que no contengan toda la verdad sobre el 11-M, lo mismo que ocurrió con las sentencias sobre el golpe de Estado del 23-F de 1981 o la de los GAL y que, en opinión de no pocos, dejaron sin despejar muchas dudas suscitadas por aquellos esperpénticos sucesos. Anteayer mismo, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) exigía conocer “toda la verdad” para dejar atrás “las falacias” del 11-M y despejar las incógnitas de los “misteriosos informes policiales que recientemente han salido a la luz”.
La principal prueba de cargo contra Zougam fue la identificación que de él hicieron tres viajeros de uno de los trenes
A tenor de la sentencia de la AN, la principal prueba de cargo contra Jamal Zougam fue la identificación que de él hicieron tres viajeros de uno de los trenes –los testigos protegidos J-70, C-65 y R-10–, de cuyos testimonios se declara que fueron “claros, independientes y concordantes, sin fisuras (…)”. A juicio del TS, aquella sentencia de instancia, en la valoración de la prueba respetó las “reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos”. En contra, la defensa de Zougam alegó que en esos testigos concurrían factores que imposibilitaban la credibilidad de sus correspondientes versiones. Verbigracia, que con anterioridad a los reconocimientos fotográficos hubieran visto la imagen de Jamal Zougam difundida ampliamente en prensa y televisión a raíz de la detención del propio Jamal el día 13 de marzo.

Ni la madre ni la hermana de Jamal Zougam declararon en fase de instrucción. Aicha sí lo hizo en el juicio, al igual que el hermanastro. Sin embargo, la sentencia no dio validez a esos testimonios porque “la madre no ha declarado antes en la causa y el hermano lo hizo en la policía sin referirse a esta cuestión”. Tampoco el testigo R-10 compareció en el juicio para prestar declaración, sustituyéndose su ausencia por la lectura de la declaración y el reconocimiento fotográfico realizado en la policía –folios 1.654 y siguientes del sumario–, con el razonamiento, más incomprensible aún que la incomparecencia, de que “la declaración de este testigo es irrelevante en orden al sentido final de la valoración de la prueba”.

Pero hay más. Me refiero a que después de las sentencias de la AN y del TS se han conocido hechos “indiciariamente” acreditados y aparecidos en los medios de comunicación, realmente sorprendentes. A saber y por ejemplo, que la testigo J-70 fue rechazada en varias ocasiones como “víctima del atentado” por el tribunal evaluador del Ministerio del Interior y que para lograr que le fuera reconocida esa condición y obtener los beneficios derivados ella –entre otros, la nacionalidad española y una indemnización de 100.000 €–, no tuvo inconveniente alguno en reconocer al acusado Zougam como viajero del tren, cosa que también hizo la testigo C-65 una vez que consiguió que buena parte de su familia fuera incluida en la lista de las “víctimas del 11-M” e incluso que ella y su marido encontrasen trabajo en una empresa de seguridad propiedad de un ex comisario de policía.
"Nadie puede decir que me ha visto, como tampoco puede afirmar sin mentir que yo estaba en los trenes”, escribió Zougam
“Juro que nada he tenido que ver con ese terrible atentado. Nadie puede decir que me ha visto, como tampoco puede afirmar sin mentir que yo estaba en los trenes”, repite una y otra vez Jamal Zougam. A mí me lo dijo el 25 de septiembre de 2015. Lo hizo en una carta que me escribió desde la cárcel de Teixeiro donde permanece en régimen de primer grado, prácticamente de aislamiento. Lo mismo que declaró durante y al final del juicio –2 de julio de 2007– en el turno de última palabra, para concluir que “la policía sabe que esos testigos no son de verdad (…) y espero que se consiga demostrar que mintieron o se equivocaron”.

Además del propio Zougam, su madre lleva años en lucha desesperada por defender la inocencia de su hijo. Y al igual que ella, Samira, hermana de Zougam, que sostiene que la noche del 10 al 11 de marzo de 2004 su hermano la pasó en casa, justo en la habitación que hay enfrente a la suya y que en la mañana del 11-M, a las 8:15 horas, cuando desayunaba y la televisión daba la noticia del atentado, Jamal dormía junto a su hermano Mohamed.

Según expresión de Bentham, los testigos son el oído y el ojo de la justicia, cosa que, salvo sonar muy bien, es una descarada exageración, pues es una regla científica que las identificaciones equivocadas de testigos oculares, sean fruto del perjurio, o de la buena fe, son la principal causa de condenas erróneas. Los expertos de la llamada psicología del testimonio señalan que en los crímenes horrendos es muy difícil que el testigo acierte en la identificación mediante la exhibición de álbumes fotográficos y normalmente prefieren que alguien, casi siempre la policía, le ayude a poner la cara del autor. Tan grave es el problema que la Asociación Americana de Medicina Legal ha llegado a dictaminar que las identificaciones erróneas son la causa del 80% de las condenas a inocentes.
El asunto recuerda el de aquella asistenta de Chicago cuya historia se llevó al cine con el título de 'Call Northside 777'
Estoy convencido de que si los señores magistrados que juzgaron a Jamal Zougam hubieran conocido esas circunstancias concurrentes en aquellos testigos, sus manifestaciones no habrían merecido el elogio de ser “de una firmeza y seguridad encomiables” y, por tanto, no hubieran servido para condenar a Jamal Zougam, pues ninguno les hubiera merecido fe alguna, aunque a decir verdad, ya por entonces no eran pocos los indicios que apuntaban cuán peligrosamente estaban sus señorías expuestas al error con esos amparados y blindados J-70, C-65 y R-10. Esto sin contar que el presidente del tribunal frustró cualquier intento de cuestionar la fiabilidad de las dos testigos que comparecieron, impidiendo a las defensas interrogar y preguntar por datos que, seguramente, habrían permitido demostrar que eran testigos parciales e indignos de crédito.

Así las cosas, a nadie puede extrañar que la madre de Jamal Zougam piense que los jueces que condenaron a su hijo se equivocaron o pudieron equivocarse. Para ella, lo mismo que para Samira, nunca la inocencia estuvo más probada ni la culpabilidad menos acreditada que en el caso de Jamal. De ahí la súplica de que se “revise el caso” que hizo el pasado viernes en estas páginas. Como Pedro J. escribía ayer en su Carta del director, el asunto recuerda el de aquella abnegada asistenta de Chicago que en 1944 bregó hasta la extenuación y se gastó todos sus ahorros para demostrar la inocencia de su hijo condenado por un asesinato que no cometió. Al final, descubierto el error, el inocente Majcek, que así se llamaba la víctima del desafuero judicial, fue perdonado y recibió en desagravio 24.000 dólares. La historia se llevó al cine con el título de Call Northside 777.

Yo no sé si el caso de Jamal Zougam daría para una película –desde luego, sí ha dado para un extraordinario documental de hora y media del que es autor el cineasta francés Cyrille Martin–, pero no me sorprendería que un día aparezca registrado en el archivo de “Los crímenes de la Justicia” en los que figuran desde el caso Dreyfus hasta el de los Seis de Birmingham, pasando por nuestro célebre Crimen de Cuenca.
No sería la primera vez que en un asunto relacionado con el terrorismo se condena a personas equivocadas
Un error puede acaecer en cualquier lance judicial y no sería la primera vez que en un asunto relacionado con el terrorismo se condena a personas equivocadas. Ahí está el de los Cuatro de Guildford, que alcanzó notoriedad en la película En el nombre del padre y es considerado como uno de los peores errores judiciales del Reino Unido. 
Los jóvenes 
Gerry Conlon, Paddy Armstrong, Paul Hill y Carole Richardson fueron detenidos en 1974, acusados y encarcelados por un atentado del IRA contra un bar de las afueras de Londres, en el que murieron cuatro soldados y un civil y en el que luego se demostró que aquellos nada tuvieron que ver. 
Tan terrible fue la injusticia que Tony Blair, en la Cámara de los Comunes y de forma pública, pidió “perdón por lo ocurrido y por el sufrimiento de los condenados injustamente”. “Ellos merecen quedar completa y públicamente exonerados”, insistió el jefe de Gobierno.

En el libro Les erreures judiciaires et leus causes (1897), dos abogados franceses llamados Lailler y Vonoven, afirman que la justicia penal no tiene derecho a equivocarse, pues no existen errores judiciales inevitables. “No hay error que pueda cargarse en la cuenta exclusiva de la fatalidad”, defienden con apasionado sentido de justicia. Ya se sabe por la historia que los franceses han sido siempre muy intransigentes con las sentencias injustas de inocentes. Recuérdese a Montaigne cuando en sus Ensayos califica los errores judiciales de “condenas más criminales que el crimen mismo” o a Voltaire que, estando en el exilio en Ginebra, se sintió tan airado ante la injusta condena y ejecución de Jean Calas que luchó durante cinco años por la revisión de la sentencia hasta conseguirla.

Inspirados en estos precedentes, seguro que hay quienes aconsejen a Jamal Zougam que intente la rectificación de su condena mediante el recurso de revisión. También doy por cierto que si prospera serán los propios magistrados autores de la sentencia de condena los primeros en celebrarlo. Nada acrecienta más la confianza de un pueblo en la justicia que saber que un condenado inocente puede lograr la anulación de la sentencia errónea.
La revisión de la condena de Jamal Zougam podría encontrar fundamento en el supuesto del artículo 954.1. d)
No ignoro la especial naturaleza del recurso de revisión caracterizado por la nota de la excepcionalidad, aunque bien es verdad que, con la reforma de la Ley 41/2015, de 5 de octubre, su ámbito se ha ampliado con largueza, que es como este recurso se empieza a concebir una vez superada la falsa creencia de la imposibilidad de sentencias erróneas injustas. Esto es lo que la jurisprudencia de la Sala de lo Penal del TS viene a decirnos –léanse, por todas, las sentencias 607/2007, de 28 de junio, 198/2008, de 30 de abril, 792/2009, de 16 de julio o la 284/2010, de 18 de marzo–, cuando, tras declarar que el recurso de revisión es un remedio extraordinario por afectar al principio de cosa juzgada, afirma que su objeto es “fundamentalmente mantener, en la medida de lo posible, el necesario equilibrio entre las exigencias de la justicia y las de la seguridad jurídica, al tiempo que representa el triunfo de la verdad material frente a la verdad formal amparada por los efectos de la cosa juzgada”.

A la luz de esta doctrina, la revisión de la condena de Jamal Zougam podría encontrar fundamento en el supuesto del artículo 954.1. d) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al contemplar que “Se podrá solicitar (…) d) Cuando después de la sentencia sobrevenga el conocimiento de hechos o elementos de prueba, que, de haber sido aportados, hubieran determinado la absolución (…)”. Las circunstancias que rodearon las declaraciones y “reconocimientos” de las dos testigos rumanas tienen un grado de objetividad y calidad demostrativa del posible error en el enjuiciamiento y condena de Jamal Zougam, al haber otorgado a sus respectivas y espurias versiones un valor muy alejado del mínimo espíritu critico y meticulosidad exigibles.

En fin. A diferencia del magistrado señor Gómez Bermúdez que en una entrevista ofrecida al diario El Mundo el 7 de marzo de 2014, declaró no tener “ninguna duda de la culpabilidad de Jamal Zougam” –aunque a renglón seguido apostilló que “ojalá no nos hayamos equivocado”–, yo sí las tengo en el sentido que siempre he patrocinado, o sea, que para condenar no basta que el juez tenga la convicción de la culpabilidad del acusado, sino que debe contar con la prueba de la imposibilidad de su inocencia.

¿Y si este hombre no fuera culpable?
*** Javier Gómez de Liaño es abogado, magistrado en excedencia y consejero de EL ESPAÑOL.

jueves, 9 de marzo de 2017

Soraya presiona a jueces del TC a instancia de Rubalcaba para que Ollero no sea presidente.

  Así están las cosas. La sombra de Rubalcaba continúa siendo alargada. 

Tribunal Constitucional

Soraya presiona a jueces del TC a instancia de Rubalcaba para que Ollero no sea presidente

La vicepresidenta les envió indicaciones tras amenazar el PSOE con bloquear la renovación.



 Cuando es interpelada en el Congreso asegura que "este Gobierno garantiza y garantizará la independencia del Tribunal Constitucional", pero acto seguido despliega contactos y llamadas para transmitir a los miembros del TC que no deben votar a Andrés Ollero para presidir la institución. Fuentes del TC se encuentran "horrorizadas" por la "presión" que la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, está desplegando en los últimos días para controlar la elección del próximo presidente del Constitucional y, en concreto, evitar que sea Ollero, vetado por el PSOE.

 Los 12 miembros del Constitucional han de elegir en las próximas fechas a los sucesores de Francisco Pérez de los Cobos y Adela Asúa en la presidencia y vicepresidencia del tribunal después de que este miércoles el Senado haya bendecido el reparto entre populares y socialistas de las cuatro vacantes existentes en el órgano encargado de interpretar la Constitución.

 Dos de ellos, Ricardo Enríquez y Alfredo Montoya, han sido designados por el PP y los otros dos, María Luisa Balaguer y Cándido Conde-Pumpido, por el PSOE. El resto de las fuerzas parlamentarias (Podemos, ERC, PNV y PDeCAT) rechazaron participar en la votación, calificada de "fraude".

La renovación del TC por parte del Senado ha estado sometida a tensiones hasta el último momento. A finales de la pasada semana Alfredo Pérez Rubalcaba comunicó a La Moncloa que los socialistas bloquearían este miércoles la elección de los nuevos magistrados si no se les garantizaba que Andrés Ollero no va a ser el presidente. Fuentes parlamentarias del PP habían difundido esos días que el nombre del próximo presidente había quedado fuera del acuerdo, lo que alarmó a los socialistas.
Sáenz de Santamaría, señalan las mismas fuentes, contactó entonces con el todavía presidente del TC para que hiciera llegar a los magistrados que el Gobierno no desea que Ollero presida el tribunal y que prefiere a Juan José González Rivas. El mensaje fue transmitido con inmediatez y ha motivado diversas reuniones entre los magistrados, sometidos a la incómoda tesitura de plegarse a las indicaciones del Gobierno.

Ésto es lo que el Ejecutivo espera y lo que se ha garantizado al PSOE, indican las fuentes consultadas, dado que, de no haber sido así, la renovación no se hubiera producido este miércoles. El PSOE también avisó a los magistrados que ha designado de que la votación podría bloquearse si no obtenía garantías de que el veto a Ollero será respetado.

Para asegurarse de que será así, Sáenz de Santamaría ha llegado a contactar personalmente con el propio magistrado con el fin de que no presente su candidatura cuando llegue el momento de que el tribunal, en su nueva composición, se reúna para elegir al presidente.

La reacción de Ollero, según las mismas fuentes, ha sido confirmar su voluntad de aspirar a presidir el tribunal si los magistrados le apoyan y afear la intromisión de la vicepresidenta en la independencia del TC. El magistrado ha comentado en reuniones internas con sus colegas que no quiere retirar su candidatura porque es a ellos, y no al Gobierno o al PSOE, a los que corresponde decidir.

domingo, 5 de marzo de 2017

Petición Extrajudicial de rectificación, enviada al Diario ABC.

Dña. María de los Milagros Hernán Alvarez
c/XXXXX.
XXXXX
XXXXXXX.
                                                DIARIO ABC, S.L.
                                                CIF B-82824194





Muy Señores míos,

Por la presente, y en mi propio nombre, me dirijo respetuosamente a este periódico en respuesta a un artículo publicado en fecha de 19 de febrero de 2017 y escrito por Don Javier Chicote Lerena.

En dicho artículo, y bajo el explícito título “Bernad y Negrete pagaron en negro a la portavoz de afectados de Afinsa”,  se afirmaba (cito textualmente),  que la estrategia de defensa de Miguel Bernad y Virginia López Negrete en la presunta apropiación indebida de 109.600 euros de una cuenta de Manos Limpias se resquebraja. Tras la querella que presentó el pasado octubre la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid, ambos se parapetaron en el testimonio de Mila Hernán, portavoz y coordinadora de algunas víctimas de la estafa de Afinsa, quien sostenía que «contrataron» a Manos Limpias para que denunciara en su nombre al Estado  para acto seguido afirmar, en el mismo artículo, que “un documento almacenado en el ordenador de la sede de Manos Limpias, al que ha tenido acceso ABC, acredita que también repartieron el dinero en metálico con la portavoz de los afectados” (refiriendose a mi persona, Dña. María de los Milagros Hernán Álvarez, citada, en el referido artículo como Mila Hernán).

Esta afirmación se basa, según este diario,  en una (cito textualmente) “carta fechada el 1 de marzo de 2011, en la que Bernad asegura lo siguiente: «Estimada Mila: Disculpa que estemos tardando, Virginia y yo hemos tenido algunas dificultades administrativas, pero en breve quedamos y te realizo el abono en mano para evitar suspicacias».”.

Quiero , mediante esta carta y con la sana intención por mi parte de alumbrar un poco mas de luz sobre estos hechos, poner en conocimiento de este periódico que nunca recibí dicha carta así como tampoco recibí cantidad alguna de dinero de forma indebida por parte del Sr. Miguel Bernad y de la Sra. Virginia López Negrete ni de ningún otro miembro del Sindicato Manos Limpias.

La taxativa afirmación de que mi persona, Dña.María de los Milagros Hernán Álvarez, recibió cantidades de dinero de forma indebida realizada  por parte de este periódico al que tengo el placer de dirigirme, constituye un ataque a mi propio honor y más concretamente a mi reputación social y a mi prestigio como “portavoz y coordinadora de algunas víctimas de la estafa de Afinsa” (según cita textual del periodista). Esta afirmación supone además, una acusación velada por parte de ese periódico contra mi persona de la comisión de un delito de apropiación indebida tipificado en el artículo 252 del código penal.

Esta afirmación por parte de este periódico al que respetuosamente me estoy dirigiendo podría constituir un delito de injurias y/o calumnias en cuanto a que la publicación de este artículo supone una “acción que puede lesionar la dignidad de otra persona menoscabando su fama o atentar contra su propia estimación” así como “la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad”. 

Quiero respetuosamente trasladarles mi disgusto por la publicación de tales afirmaciones y les quiero recordar  que la libertad de expresión no puede justificar la atribución a una persona, identificada con su nombre y apellidos o de alguna forma cuya identificación no deje lugar a dudas, de hechos que la hagan desmerecer del público aprecio y respeto, y reprobables a todas luces, sean cuales fueron los usos sociales del momento.

Quiero, por último, ponerles en conocimiento que es obligación de todo ciudadano español, tal y como indica la Ley de Enjuiciamiento Criminal en sus artículos 259 y 262, que “el que presenciare la perpetración de cualquier delito público está obligado a ponerlo inmediatamente en conocimiento del Juez de instrucción, de paz, comarcal o municipal, o funcionario fiscal más próximo al sitio en que se hallare” así como que “los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, al Tribunal competente, al Juez de instrucción y, en su defecto, al municipal o al funcionario de policía más próximo al sitio, si se tratare de un delito flagrante”

Por todo lo antedicho, invito respetuosamente a este periódico, y de manera particular al autor del artículo, Don Javier Chicote Lerena, a que cumplan ambos con la obligación que impone la ley de denunciar ante la autoridad competente los hechos delictivos de los que se me acusa, siempre con el interés de que se diluciden los hechos que desde este periódico públicamente se me imputan. Y puesto que se debe preservar mi derecho a la presunción de inocencia, en tanto los referidos hechos no se esclarezcan por parte de la autoridad judicial correspondiente, procede por parte de este periódico una publica rectificación, en los mismos términos y en el mismo grado en los que se realizó la publicación del artículo del 19 de febrero, en cuanto  a la afirmación de que mi persona, Dña. María de los Milagros Hernán Alvarez,  recibió de forma indebida cantidades de dinero por parte de D. Miguel Bernad y Doña Virginia López Negrete por afectar, esta afirmación, a mi honor, a mi reputación social y a mi credibilidad como Portavoz de un determinado colectivo de afectados por la intervención de Afinsa. 

Respetuosamente,
Dña. María de los Milagros Hernán Alvarez

En Madrid, a 6 de marzo de 2017.

lunes, 27 de febrero de 2017

Maletines para espiar conversaciones de móviles por 300 euros.

En este caso, el periodista y el medio si cumplen con su labor de informar.  
Felicidades y agradecimiento a "El Confidencial Digital".   

 
Son ilegales en España

Maletines para espiar conversaciones de móviles por 300 euros

Alibaba ofrece aparatos similares a los que utiliza el CNI, el Ministerio del Interior o las Fuerzas Armadas para escuchas telefónicas

Parece tecnología punta sólo al alcance de grandes presupuestos, como los que manejan los servicios de inteligencia o las policías más punteras. Pero la realidad es que los sistemas de escucha telefónica se venden en el mercado chino a precios accesibles. El uso en España de receptores IMSI, fuera del terreno de la seguridad estatal, está prohibido.



 Cuando un usuario coge su teléfono móvil para realizar una llamada, el aparato se conecta con la antena de red más próxima al terminal. Esa antena identifica a la tarjeta SIM del cliente y le permite establecer conexión de voz con otro usuario.

Para realizar ese proceso de identificación, la antena se fija en un código proveniente de la tarjeta SIM del cliente, denominado IMSI (siglas en inglés de Identificador Internacional de Abonado Móvil). Este número de 15 cifras ofrece a la operadora toda la información del usuario: su identidad, su operador, el país de procedencia…

Este procedimiento, que se diseñó en los años ochenta para hacer más seguras las comunicaciones móviles, es el mismo que utilizan los sistemas de escucha utilizados por las fuerzas del orden de todo el mundo, incluida la Policía Nacional, la Guardia Civil o el Centro Nacional de Inteligencia.

El SITEL de Rubalcaba

 

En España, el sistema utilizado por Interior para escuchar y grabar conversaciones telefónicas en directo se denomina SITEL (Sistema Integrado de Interceptación de Telecomunicaciones). El centro del SITEL de uso policial se encuentra ubicado en el complejo del CNP en Canillas (Madrid).

Pese a que entró en funcionamiento en los primeros años de la pasada década, el SITEL se popularizó tras una polémica protagonizada en 2009 por el entonces ministro Alfredo Pérez Rubalcaba y el diputado ‘popular’ Carlos Floriano. Según Floriano, Rubalcaba le amenazó en los pasillos del Congreso diciéndole “veo y escucho todo lo que dices”.

Maletines espía

 

Una de las herramientas principales del SITEL son los ‘maletines’ de escucha. Se trata de unas cajas portátiles que llevan en su interior una serie de dispositivos, denominados capturadores (catcher) o receptores IMSI.

El objetivo básico de estos aparatos es hacerse pasar por una antena de comunicación móvil. De esta forma, los teléfonos que se encuentren en las cercanías de una de estas maletas ‘confundirán’ al ‘IMSI catcher’ con una antena telefónica real. La llamada telefónica establecida, por tanto, pasa a estar bajo control de los usuarios de estos maletines ‘espía’.

Método 3 y los maletines israelíes

 

Estas maletas de escucha también volvieron a la escena pública cuando se destapó el escándalo de escuchas de Metodo 3 en Cataluña. Tal y como contó ECD, el modelo utilizado fue un Verint Engage GI2 de fabricación israelí.

El coste de este tipo de sistemas es reservado. Los contratos de la administración con las empresas de ingeniería que los suministran mantienen los pliegos de condiciones en secreto. Pero su precio lo convierte en algo prácticamente inalcanzable. Al menos, hasta ahora.

El mercado chino de las ‘escuchas’

 

Y en el caso de los ‘IMSI catcher’ ha ocurrido lo mismo. El Confidencial Digital ha contactado con fuentes expertas en materia informática y de seguridad en las telecomunicaciones para conocer hasta qué punto es factible el acceso a uno de estos sistemas, cuyo uso ‘civil’ está totalmente prohibido por la legislación española.

Según estas voces, “es posible fabricarse uno de estos maletines por algo más de 300 euros, comprando los componentes por internet a China”. ECD ha comprobado que, efectivamente, este tipo de sistemas está a la venta en webs como Alibaba –el ‘Amazon’ chino- por precios incluso menores de 300 euros.

“En cualquier mercado de tecnología de Hong Kong te los pueden ofrecer por precios inferiores a los 500 euros, dependiendo de la capacidad técnica del aparato que andes buscando” explica a ECD un informático especializado en seguridad de las telecomunicaciones, que colabora con los servicios de seguridad del Estado.

Un equipo profesional por menos de 2.000 euros

 

Las funciones de este tipo de aparatos son las más básicas y requieren de amplios conocimientos técnicos en materia de telecomunicaciones. Cuanto mayor sea el presupuesto, mayores prestaciones se obtienen. Por 1.800 euros es posible adquirir material “profesional” explican estas fuentes.

Incluso hay algunos productos que ya se ofrecen en maletines de metal como los utilizados por las fuerzas de seguridad. O hasta una mochila adaptada –con rejilla de ventilación- para portar un capturador de conversaciones.

Estos dispositivos, utilizados conjuntamente con un smartphone o un ordenador portátil, permiten escuchar en vivo la conversación de una persona, conocer en qué lugares ha estado o con que personas se ha reunido –o al menos ha coincidido en proximidad física-.

Un maletín ‘SITEL’ casero 

 

Y hay quien ha rizado más el rizo. Simone Margaritelli, un popular hacker, explicó cómo se podría fabricar uno de estos ‘maletines’ con prestaciones profesionales de forma totalmente casera, utilizando productos que pueden adquirirse en tiendas de informática de España con cierta especialización.

Para ello se necesitaría una sintonizadora de frecuencias de radio digital (SDR), un ordenador básico tipo Raspberry Pi (se venden por menos de cuarenta euros) y una powerbank (una batería portátil como las que se utilizan para recargar móviles). Con esos componentes, los hackers han demostrado poder fabricar aparatos capaces de escuchar las conversaciones telefónicas de sus vecinos.