martes, 15 de agosto de 2017

SEGÚN JOSÉ RAMÓN CHAVES: Las 40 cosas que debería pensar un juez antes de dictar sentencia

Soberbios, engreídos, endiosados y politizados hasta la médula, algunos jueces deberían tomar buena nota de todas y cada una de estas 40 "cosas". Y ponerlas en práctica.

SEGÚN JOSÉ RAMÓN CHAVES

Las 40 cosas que debería pensar un juez antes de dictar sentencia.

José Ramón Chaves,magistrado del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, expone aquí un catálogo de las 40 cosas que un juez sensato y sensible debe tener presente a la hora de dictar sentencia. 40 cosas aderezadas con castizos refranes.

Si nos asomásemos al interior de la cabeza del juez enfrascado en el examen de autos, expedientes o normas, posiblemente nos sorprenderían los prejuicios, talante  o criterios que guían su brújula profesional. Esta es una propuesta

domingo, 6 de agosto de 2017

Exclusiva Canal Afinsa: La Administración Concursal de Afinsa reconoce abiertamente que la actividad de la empresa no era financiera, sino mercantil y que su contabilidad, por lo tanto, era correcta.

En un escrito con fecha de  22 de junio de 2017 y dirigido al Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid, la Administración Concursal de Afinsa IMPUGNA LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN interpuestos por varios recurrentes, entre ellos el despacho Gil Robles, en los que se solicitaba de esa Administración Concursal la solicitud a la AEAT de la restitución de ingresos indebidos por IVA en varias anualidades. 

Pues bien, la Administración Concursal rechaza tales recursos, y las peticiones en las que se basan, aduciendo que la premisa de la que se partía para incluir en el activo lo que se denominó "AEAT-ESTIMACION DEVOLUCION IVA 102.423.617,25€", ha cambiado,  porque como se decía entonces, dicha cuantificación partía de una premisa que posteriormente ha cambiado, cual era la concreta naturaleza jurídica financiera que se atribuía a las operaciones filatélicas de AFINSA, y que justificaba el derecho a la devolución del ingreso debido.

Sin embargo, -siguen diciendo los administradores concursales, en su escrito de impugnación-,  los pronunciamientos judiciales dictados con posterioridad a los textos definitivos  han determinado finalmente que la calificación de las operaciones realizadas por AFINSA era puramente mercantil, lo cual hizo que la AACC consultara a una serie de expertos, con el fin de que "se pronunciasen sobre las consecuencias del giro jurisprudencial sobre la naturaleza de los contratos, que en la actualidad es firme". (sic). 

(...) Las consecuencias de la calificación de los contratos como ventas mercantiles son decisivas en el  ámbito tributario, puesto que las declaraciones-liquidaciones correspondientes al impuesto sobre el Valor Añadido que presentó AFINSA entre los años 1998 a 2005 son, básicamente, correctas.

A todo cuanto antecede, tal y como queda reflejado en su ALEGACIÓN TERCERA, añaden los administradores concursales detalles sobre otro aspecto de extraordinaria importancia, tal cual es la naturaleza jurídica de los contratos de Afinsa, y lo hacen de la siguiente manera (citamos textualmente):

(...) Por otra parte, y respecto al procedimiento penal, por la AEAT se pone de manifiesto que no se han dejado sin efecto los contratos, lo que podría dar lugar a una devolución de IVA (...).

Es decir, amigos de Canal Afinsa, los contratos de Afinsa, firmados en su día con sus 192.000 clients, son legales y por lo tanto continúan estando vigentes a día de hoy.

Ante este escrito, estamos ante la prueba palpable y evidente de que la intervención judicial y posterior paralización de la actividad de la compañía fue, cuanto menos, absolutamente innecesaria, desproporcionada y, a nuestro juicio, completamente brutal e ilegal.

La ruina de miles de clientes y trabajadores que dichas actuaciones han traído consigo, la destrucción de una compañía solvente y por ende la de todo un sector pujante de inversión, como era el de los Bienes Tangibles y de Colección, ya no puede continuar enmascarándose en la consideración realizada en su día POR ELLOS MISMOS, en su Informe Concursal; consideración que once años después vienen a admitir que era completamente errónea, tal y como admiten en su escrito de impugnación.

Estamos, amigos, ante une escandalo de proporciones bíblicas. NADA, absolutamente NADA, justifica a día de hoy la intervención, paralización y liquidación de AFINSA, y mucho menos la tremenda sentencia condenatoria, contra sus directivos, dictada por la Audiencia Nacional.

Los clientes y trabajadores, perjudicados por este brutal atropello tenemos, a partir de ahora,  mucho que hacer al respecto. Para empezar, emprender acciones legales contra quienes pusieron en marcha esta maquinaria infernal, excediéndose en sus atribuciones. 

Somos un colectivo fragmentado, desunido -así lo quisieron quienes pergeñaron esta barbaridad, y hasta la fecha lo han conseguido-, pero nadie en su sano juicio debería resistirse a la contundencia de los expresado en el escrito que acompaña esta entrada. Nadie debería seguir manteniendo que la actividad de Afinsa era financiera, ni que la empresa estaba en la obligación de provisionar, y mucho menos que se encontraba en absoluta quiebra patrimonial, en un intento de justificar la canallada que se ha cometido. Los despachos de abogados que se auto proclaman "decentes" deberían actuar y nosotros, los clientes, sin esperar a lo que ellos hagan, deberíamos ponernos en marcha pero ya, y comenzar a denunciar.

P.D. Para aquellos a los que les resulte difícil la comprensión del contenido de esta entrada,  inserto a continuación del escrito de los administradores concursales, unas páginas extraídas de mi libro "El Saqueo de Afinsa -Una intervención político financiera de diseño", (Capítulo XII,), que tal vez ayuden a comprender el maquiavélico diseño de la operación llevada a cabo para derribar Afinsa, y que ahora, tras conocer el contenido del escrito de impugnación de los administradores concursales, se viene abajo como castillo de naipes.


Curiosamente, la predicción realizada en su día y recogida en el siguiente párrafo  que reproduzco al final de este escrito, no se ha cumplido.

Escribí en su momento que:(...) Estos Concursales jamás reconocerán lo que es ya una verdad a gritos; una realidad que  la Ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, afirmó con rotundidad en sede parlamentaria: tanto las operaciones de Afinsa como la naturaleza del negocio por ella desarrollada, eran mercantiles.

Pues si. Lo han reconocido. Once años después, la tozudez de los hechos y las sentencias de las más altas instancias judiciales han dado al traste con su diabólica y destructiva tesis. 

Y es que el tiempo y la verdad, queridos amigos, acaban poniendo TODO y a TODOS, en su sitio.



Ac punto 7 de faralami

 "El Saqueo de Afinsa - Una intervención político financiera de diseño".


CAPÍTULO XII

TRES ADMINISTRADORES CONCURSALES


29 de marzo de 2007. — La Administración Concursal de Afinsa Bienes Tangibles, S.A. presenta al Juzgado de lo Mercantil número 6, de Madrid, el informe emitido por los tres administradores concursales. Su contenido no se daría a conocer hasta el 13 de abril. Su contenido es marcadamente sesgado a favor de la tesis de la inspectora Yábar y del fiscal del caso Sr. Luzón.

Incluye el dictamen pericial de los catedráticos de derecho mercantil, Carmen Alonso Ledesma y Adolfo Sequeira Martín. En él se analiza la naturaleza jurídica de los contratos de Afinsa. Ambos concluyen que la actividad desarrollada por esta compañía no se correspondía con la contemplada en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, que regula determinadas actividades de comercialización de bienes tangibles.

Dichos contratos tienen —siempre según el informe— la naturaleza de “verdaderas operaciones de imposición o depósito de dinero a plazo”, en las que el inversor tenía “un derecho de crédito sobre las cuantías entregadas y debidas, pero carecería, en consecuencia, de cualquier derecho real sobre los lotes de valores filatélicos”, simple elemento de referencia de valor para la configuración del importe que Afinsa recibía como inversión del cliente y que, incrementado, se comprometía a devolver. Bajo la figura de diversos tipos contractuales, lo que realmente hacía Afinsa era “suscribir con los clientes contratos de inversión financiera”. Retorcido. Muy retorcido. E incierto.

Las farragosas y largas conclusiones a las que llegan los catedráticos al final de su informe, se las vamos a ahorrar al lector. Al fin y al cabo, todos sus dictámenes y argumentaciones quedan absolutamente invalidados tras la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional del 5 de febrero de 2010, primera de una serie de sentencias de los más altos Tribunales, que  irán saliendo en fechas posteriores y sucesivas, y que no harán sino ratificar, una y otra vez, la naturaleza mercantil de Afinsa.

Los afectados desconocíamos entonces, en qué momento haría público su informe la Administración Concursal. Finalmente, tal y como ya he señalado, lo dan a conocer el 13 de abril de 2007.



La reunión



Tan sólo dos días antes de esa fecha,  y acompañados del letrado Molina Cabrera, letrado de la Asociación de perjudicados ADCAFF (Albacete), algunos representantes de asociaciones acudimos a una reunión con los tres administradores concursales en la sede central de Afinsa, situada en la madrileña Calle de Génova.

Nos reciben en el despacho del antiguo presidente de Afinsa —sobrio, y elegante—. El encuentro se va a prolongar  por espacio de una hora. En términos estrictamente protocolarios, la actitud de los Administradores es, digámoslo así, cortés. Y más falsa que un duro de madera.

 Desconocedores del contenido del documento presentado en el juzgado, no alcanzamos entonces a descifrar el intercambio de algunas sonrisitas a medio pelo y el cruce de miradas de complicidad que recibimos, una y otra vez, como respuesta a nuestras preguntas; especialmente aquellas referidas al informe que, de manera consensuada, los tres administradores habían evacuado dos semanas antes. (Más tarde conoceríamos el motivo de su complicidad contextual y gestual en la comunicación).

De la reunión nos llevamos dos únicas respuestas concretas, a cual más importante:

“¿Los sellos son falsos? —pregunta abiertamente uno de los asistentes.
“No, son auténticos. Están sobrevalorados, pero son auténticos” —responde Agüera.
—“¿Tenía Afinsa contraídas deudas con Hacienda y con la Seguridad Social antes de la intervención?”— pregunta seguidamente José Rodríguez.
“No” —responde Fernández—Daza—. “Estaba al corriente de todos sus pagos”.

A los tres se les vuelve de repente la mirada esquiva cuando, en una digresión, casi finalizada la reunión, me dirijo a ellos manifestando mi deseo ferviente de que hayan realizado bien su trabajo porque de la exactitud e imparcialidad del contenido de su informe depende el que miles de familias recuperemos nuestras inversiones.

Mi ruego llega tarde. El guiso  —una fórmula magistral de expolio en toda regla—  estaba ya sobre  la mesa, listo para ser servido. Con semejante bodrio infecto —incomible de todo punto—, llevan “alimentándonos” durante más de  nueve años.

Los perjudicados están en su derecho de ser informados sobre la forma en que estos administradores concursales han ejercido sus funciones. La sociedad debe saber los peligros que se esconden tras la Ley Concursal cuando en las personas que ocupan los cargos de Administrador judicial o Concursal no concurren actuaciones de independencia y profesionalidad.

Tal pareciera que la gestión de Ana Fernández—Daza Álvarez, Javier Díaz—Gálvez de la Cámara y Benito Agüera Marín, administradores concursales nombrados por el juez para administrar “de manera leal los bienes de Afinsa Bienes Tangibles, S.A.”, hubiese estado presidida desde el primer momento por la determinación de eliminar todos los elementos presentes en la empresa que pudieran garantizar la recuperación de la actividad que ésta había desarrollado durante más de 25 años.

• Los tres evitaron todo contacto con los antiguos administradores, imposibilitando así el conseguir una información de primera mano sobre los aspectos estratégicos fundamentales de la compañía; absolutamente necesarios, por otra parte, para desempeñar sus funciones como administradores concursales.

• Desde el minuto uno tomaron la decisión de destruir la red comercial y abandonaron completamente a los clientes de la empresa, negándoles información precisa y de primera mano sobre todo lo que estaba sucediendo, llegando incluso a dificultar la voluntaria acción de los empleados de Afinsa de prestar ese servicio a través del call centre de la compañía.

• Esa red comercial que destruyeron podría haber sido traspasada en bloque a cualquier multinacional, generando con ello importantes beneficios y manteniendo, de esa manera, los puestos de trabajo.
• Cerraron las delegaciones comerciales; en algunos casos, continuaron abonándose  los alquileres correspondientes, pese a que la oficina estuviese ya desocupada, en lo que, a todas luces, constituye un auténtico despilfarro, y no tuvieron empacho alguno en consentir  que se arrojara el mobiliario de algunas de las delegaciones, al completo, directamente a los contenedores.

• Despidieron al personal y desde el primer momento gestionaron la compañía de una manera personalista y carente de criterio profesional.

Por otra parte, los enfrentamientos entre ellos han sido una constante, produciéndose numerosísimos conflictos, no sólo entre ellos tres, sino con todo el personal de la empresa, con grave perjuicio para el desarrollo de sus funciones.

A la luz de sus actuaciones, estos administradores abordaron su obligación de emitir el informe concursal obviando por completo la situación real de la compañía, el valor real de sus activos y el cuidado de los intereses de sus clientes.

Su sintonía con el detonante que puso en marcha la intervención de Afinsa, queda muy claro desde el principio de sus actuaciones. Resulta evidente su deseo de justificar la misma, actuando en coherencia con aquello que la impulsara. De hecho, uno de los tres, Ana Fernández-Daza, pertenece a la propia Agencia Tributaria, organismo que instó la intervención. Frente a ella —o contra ella— ninguno de sus dos compañeros haría valer su opinión.

El informe por ellos elaborado, niega el valor real de los sellos y obvia el hecho de que están valorados según referencias de catálogos internacionales (los principales de más de 30 países), tal y como establecieron los administradores concursales de Fórum Filatélico,  y que ese es el precio de mercado, válido para un procedimiento concursal, hecho éste ratificado por  Santiago Senent, juez del concurso de Fórum Filatélico. De haber utilizado el mismo criterio seguido por dichos  administradores concursales, Afinsa habría presentado, incluso en las circunstancias en que se encontraba, un superávit de más de 400 millones de euros.

Esta incuestionable realidad no puede ser negada ni por los administradores concursales, que de sellos no parecen saber nada, ni por los “pseudo” peritos filatélicos contratados, cuyo “historial profesional”, como ya hemos visto, no avala su juicio, ni el sistema elegido para la peritación mediante muestreo estadístico. 

Como dato interesante, frente a su rechazo a validar como referencia de precios los catálogos internacionales, tal vez les habría interesado saber a los tres que la página web de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre utiliza los catálogos como referencia para determinar, por ejemplo, el precio de una moneda de colección.

Pero no debemos extrañarnos ante semejantes actuaciones. En su informe llegan a cuestionar, tal y como hiciera el administrador judicial Grávalos, la existencia del propio mercado filatélico, negando una realidad contrastable en cualquier parte del mundo. A modo de ratificación de lo anterior, valga citar que, por aquel entonces, alrededor de las mismas fechas en que ellos estaban elaborando su informe, se publicó un artículo aparecido en Financial Times que mostraba los resultados del año 2006-2007  y las magníficas expectativas de crecimiento, de Stanley Gibbons, la firma británica de inversión en filatelia,  que funciona, a pleno rendimiento, en el Reino Unido, con la misma operativa que lo hacía la española Afinsa.

Por otra parte, cualquier persona que así lo desee puede constatar el inmenso mercado existente a través de Internet, visitando la web de eBay, que, ya en el año 2004, acreditó un volumen de ventas e intermediación cercano a los cinco mil millones de dólares.

Tal y como era previsible, lo que de ninguna manera estaban dispuestos a reconocer los tres administradores concursales, es la auténtica naturaleza mercantil del negocio de Afinsa. Debemos recordar que esa es la tesis inicial sostenida por la Agencia Tributaria, que dio pie a la intervención judicial.


Afinsa era una empresa mercantil cuando la intervinieron, y continuaría siendo mercantil si estuviese funcionando a día de hoy ya que, según la actual legislación en vigor (Ley 121/133 de 29 de noviembre de 2007), dentro del marco legal aplicable a “una empresa mercantil dedicada a la promoción y venta de bienes tangibles con oferta de restitución de precio” (o, lo que es lo mismo, el equivalente a la antigua Ley de Bienes Tangibles) las operaciones realizadas quedan plenamente calificadas como no financieras.



A pesar de todo ello, y de los numerosos informes de organismos e instituciones de ámbito económico, financiero o monetario de la Administración Pública que ya se habían pronunciado en esa fecha en el mismo sentido, algunos de los cuales cito a continuación,  la Administración Concursal, responsable en último término de la entidad, tras la intervención, ignora lo establecido expresamente por el ordenamiento jurídico al respecto y formula las cuentas de la compañía, no como si de un negocio mercantil se tratara, sino bajo el supuesto de estar ante “operaciones de préstamo con garantía prendaria”:


  • Acta Banco de España 15.07.1998
  • Documento Abogacía del Estado 09.04.02, Servicios Jurídicos Agencia Tributaria 11.07.05
  • Carta CNMV 14.03.02
  • Informe CNMV 22.06.07
  • Comisión Europea 22.04.02
  • Carta Presidencia 15.09.06
  • Congreso 25.05.06
  • Tríptico M.S.C. junio, 2005
  • Carta Dirección General de Seguros 09.04.02
  • Circular Colegio Notarial mayo—junio 2006
  • Informe Banco de España 29.06.07
  • Dictamen Ángel Rojo Fernández—Río 13.06.05
  • Informe Illescas 15.09.06,
  • Informe Chuliá
  • Informe Cuatrecasas Naturaleza del Negocio 05.04.05
  • Actas de Conformidad AEAT
  • Informe Alegaciones Abogado del Estado del Tribunal Supremo 04.09.07
  • Informe  ICADE 23.02.07

El empecinamiento de la Administración Concursal, sobre la naturaleza del negocio de Afinsa, unido a una irresponsable e inconsistente tasación de los elementos del activo, es lo que ha provocado que Afinsa Bienes Tangibles, S.A. se situase en insolvencia patrimonial dentro del concurso en el que se halla.



Como ya imaginará el lector, todo lo anterior ha tenido unas consecuencias irreparables para todos sus clientes.

Ante esta situación, lo que los abogados de las asociaciones que agrupan a los clientes deberían haber hecho —pero nunca hicieron— es solicitar al propio Ministerio de Economía y Hacienda un pronunciamiento sobre la validez y pertinencia del criterio seguido por los administradores concursales al formular sus cuentas anuales, pidiendo una clara indicación del marco legal que les habilita para proceder de esa manera contraria, a nuestro parecer, a una ley cierta, de máximo rango; en concreto,  una Orden Ministerial de fecha 24 de marzo de 2008 de la propia Vicepresidenta Fernández de la Vega, y numerosos informes y dictámenes de organismos e instituciones como el Banco de España, Ministerio de Sanidad y Consumo, Abogacía General del Estado, CNMV y, por último, Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional.

Estos Concursales jamás reconocerán lo que es ya una verdad a gritos; una realidad que  la Ministro de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, afirmó con rotundidad en sede parlamentaria: tanto las operaciones de Afinsa como la naturaleza del negocio por ella desarrollada, eran mercantiles.

A la vista de todo lo anterior surge, de manera reiterada, las mismas preguntas: ¿Por qué entonces, señores del Gobierno —y señora Salgado— la intervinieron? ¿Por qué si eran mercantiles, se permitió a los administradores concursales una formulación de cuentas como si fuera financiera?. (...)





 

lunes, 31 de julio de 2017

Descanso vacacional.

Queridos amigos:

Como podéis comprobar, la ausencia de noticias de interés que nos afecten directamente es total.

Así las cosas, hacemos el obligado "parón" informativo durante el mes de Agosto no sin antes pediros que consultéis diariamente el Blog, por si se produjera alguna noticia de interés. 

Es la única manera que tenemos de mantenernos conectados y de que estéis puntualmente informados.

¡Feliz descanso para todos!.

Volvemos en septiembre, s.D.q.
Mila.

sábado, 1 de julio de 2017

La CIC, acusación popular en el caso Bankia, “indignada” con el fiscal Alejandro Luzón por exculpar a la cúpula del Banco de España.

La Confederación Intersindical de Crédito (CIC) ha arremetido contra el fiscal del caso ‘Bankia’, Alejandro Luzón, por exculpar a la cúpula del Banco de España que supervisó la salida a Bolsa de la entidad y le acusa de “olvidar por completo” el dictamen de los peritos que advirtieron de las consecuencias negativas de la operación.




 En un comunicado, el sindicato se muestra “desconcertado e indignado” ante la actitud de Luzón – candidato a fiscal jefe Anticorrupción tras la salida de Manuel Moix— y le recuerda que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional determinó que había “indicios más que suficientes” para imputar a los máximos responsables del Banco de España por el debut bursátil de la entidad, si bien luego el magistrado Fernando Andreu no procedió contra ellos.

 En su escrito de conclusiones provisionales el fiscal Anticorrupción estimó que los culpables de incluir datos falsos en el folleto informativo para la salida a Bolsa de Bankia fueron su expresidente Rodrigo Rato (para quien pide cinco años de cárcel), el exvicepresidente José Luis Olivas, y los exconsejeros José Manuel Norninella y Francisco Verdú Pons.

 Igualmente pidió el archivo para los directivos de la CNMV (como el expresidente Julio Segura y exvicepresidente Fernando Restoy) y del Banco de España (como el exgobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez o el exdirector general de supervisión Pedro Comín) pese a que la acusación popular ejercida por el sindicato pidió su procesamiento basándose principalmente en la declaración del inspector del Banco de España José Antonio Casaus ante Andreu en la que cuestionó la viabilidad de la operación bursátil por sus “muy graves y crecientes problemas de rentabilidad”.

 También se refiere a los informes emitidos en la fecha por el mismo inspector cuyo contenido, explica el sindicato, es “altamente significativo del alcance, extensión y claridad de la advertencia” así como a los tres informes entregados a la causa y firmados por los peritos judiciales del Banco de España Antonio Busquets y Jesús Sánchez en los que advirtieron de que la salida a Bolsa fue “fraudulenta”.

LE RECUERDA SU PAPEL EN EL CASO DE LAS ‘BLACK’

“Es inaceptable que cuando los peritos judiciales califican de falsas las cuentas de Bankia, el señor Luzón diga que se sobrepasan en el cometido de su pericial”, reza la CIC y añade que se trata de una actitud que les ha sorprendido “enormemente” teniendo en cuenta que Luzón, en calidad de fiscal del caso de las tarjetas ‘black’ -pieza separada de este causa- reprochó la actitud “depredadora y de pillaje” a los exaltos cargos y directivos de Caja Madrid y Bankia que hicieron uso de los plásticos y que, tras ser juzgados, fueron los 65 condenados por delito continuado de apropiación indebida.

 Tras cinco años de instrucción el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu dio por concluida la investigación de este caso el pasado mes de mayo y procedió contra 34 personas por delitos de falsedad en las cuentas anuales de los ejercicios de 2011 y 2012 y delito de fraude de inversores por incluir datos falsos en el folleto informativo para la salida a Bolsa de la entidad financiera. EP.


lunes, 26 de junio de 2017

UNIJUS vuelve a ser noticia.

Esta vez se hacen eco de la noticia El Confidencial, con su periodista  Roberto Ballesteros a la cabeza.



¡Excelente artículo!.


(Enlace a fuente aquí).

miércoles, 21 de junio de 2017

IMPORTANTE -CONCURSO AFINSA - Retomamos el contenido del último auto de Vaquer, con fecha 16/05/2017

El Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid ha emitido un auto mediante el cual se da un plazo de TRES MESES a todos aquellos clientes que no hayan respondido sobre si quieren la OPCIÓN 1  (recogida de filatelia) o la OPCIÓN 2 (renunciar a la filatelia solicitando la entrega de dinero (10%) que la administración concursal ha realizado hasta la fecha.

Este auto se refiere única y exclusivamente a los 54.259 clientes que a día de hoy no han respondido pronunciándose sobre ninguna de las dos opciones. 

Como aclaración y apostillando lo anterior, es preciso incidir en que, a los clientes de ARPFI, que si respondieron en su día mediante la firma de la carta con la opción 1 (retirada de su filatelia), no lees afecta este auto para nada.

Por lo tanto, y de manera resumida, el citado Auto viene a decir lo siguiente:

1) El Juzgado de lo Mercantil en su Auto desestima parcialmente la pretensión de los administradores concursales de volver a hacer un nuevo llamamiento a los 54.259  para que se pronuncien si quieren la OPCIÓN 1 ó la OPCIÓN 2. Y confirmando que a  los  54.259 clientes que no han respondido se les adjudica la filatelia si o si,  y se les excluye del proceso de liquidación del concurso, renunciando a cuantos derechos pudieran tener.

2) De estos 54.259 harán dos grupos:
I) Integrado por los que su filatelia no se encuentra en situación de ser entregada (según los administradores concursales). Entregándoles a éstos una cantidad de dinero y citamos textualmente lo que dice el Auto:
“….procediendo a satisfacer a los acreedores con contratos filatélicos cuyos lotes no cumplan tales exigencias mediante el pago en dinero “concursal” de sus créditos, hasta donde alcance”

II) Integrado por aquellos acreedores con contratos filatélicos cuyos lotes asignados sean entregables (según los administradores concursales)

 
3) La administración concursal deberá cursar comunicación personal a los que estén en el grupo  II) del apartado anterior informándoles de las siguientes opciones:

a) Retirar su filatelia en el plazo de TRES MESES desde que le sea cursada la comunicación personal.
b) Renunciar a su filatelia acogiéndose al pago en dinero  “concursal” hasta ahora tan sólo un 10%.

4) A los que no se les pueda realizar la comunicación personal, se les dará un plazo de TRES MESES, desde la publicación  (en la página web de la administración concursal, en el B.O.E. y en los periódicos nacionales y extranjeros donde tuvo lugar la publicidad de la declaración concursal), para que recojan la filatelia o el dinero que les den.

5) Finalizado el plazo de TRES MESES  de dicho ofrecimiento de pago a que se refiere el apartado (i) del Auto y, depurada la relación de acreedores constituidos en mora  (por silencio o rechazo del ofrecimiento), la administración concursal deberá proceder a solicitar de éste tribunal la consignación judicial , designando la entidad u organismo que deberá hacerse cargo del depósito provisional y/o definitivo; de tal modo que junto al ordinario depósito  por la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid podrían solicitarse otros , en su caso.

(Fuente ARPFI - Agradecimientos de Canal Afinsa por el excelente resumen) 

NOTA: Como la explicación anterior es, a mi entender, absolutamente clara, ruego encarecidamente no me llaméis por teléfono ni enviéis correos haciendo consultas personales, si todavía os quedan dudas, después de leer el texto. 

Quienes mejor pueden aclararos dudas individuales son las personas a cargo del teléfono de atención al cliente de la AACC. (91 576 78 74)

Muchas gracias por vuestra consideración,
Mila.