“Estoy a favor de la verdad, la diga quien la diga. Estoy a favor de la justicia, a favor o en contra de quien sea." (Malcolm X)
A nada que los clientes de Afinsa presten atención a los titulares de la prensa económica de los últimos días, con toda seguridad les parecerá estar viviendo un impresionante "dejá-vu".
Resulta imposible no recordar la similitud de lo que se está publicando, con hechos que tuvieron lugar en tiempos pretéritos -año 2006, e incluso antes-, cuando una orden del gobierno socialista, del muy infame Zapatero, se llevó por delante una empresa ejemplar y con ella el patrimonio -también algunas vidas- de sus miles de clientes.
Así, titulares como:
“Koplowitz, Dancausa, Tocino, Oña, … los “insiders” se hinchan a comprar , o este que reza:
“Otra filtración maliciosa a la prensa hace un nuevo jirón a España. Primero fue el “Financial Times”, después “The Wall Street Journal” y ahora “Der Spiegel”, y todo en la misma semana. El Gobierno observa con impotencia cómo crece la bola mediática”, nos transportan a los días de la infamia, cuando, posiblemente dirigida por el
"comando Rubalcaba", la prensa española (salvo contadas excepciones), masacraba la reputación de Afinsa (también de Fórum), con la
"versión oficial" de la "estafa piramidal", causando tanto cuanto daño pudiera, y empleándose a fondo en la difusión del dogma, hasta petrificarlo.
O incluso mucho antes, cuando los "insider traders", o lo que es lo mismo: esa caterva de buitres carroñeros que se auto-califican como "inversores", y "brokers", y que gozaban de información privilegiada para atacar con la compra de "acciones a corto" la filial de Afinsa en U.S.A., Escala, a pesar de que las acciones subían como la espuma lo cual, dicho sea con todas las letras, en términos de inversiones rentables, es una solemne memez; salvo, como digo, para todos aquellos que, en su calidad de insiders, allá por el verano de 2005, tuvieran conocimiento de que la suerte de Afinsa estaba echada, y que con su asesinato estaríamos ante una bajada fulminante de las acciones de Escala y consiguieron embolsarse una pila de millones de dólares, gracias a la intervención.
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- Rato y la honradez moral
- Hoy está peleando por decir lo que entonces negó, o cuando menos no se atrevió a desvelar,
- Rodrigo Rato, ex ministro de Economía, ex director del FMI y ex presidente de Bankia, presentó el pasado jueves una carta, creo que en el consejo de Caja Madrid, en la que analizaba “el Plan de Recapitalización de Bankia por importe de 22.000 millones de euros”. En una primera puntualización aclara que el importe real es de 22.000 millones de euros, aunque debido a una serie de ajustes técnico-contables se queda en 19.000 millones, que es la cifra oficial difundida por los nuevos gestores para reclamar fondos al Estado.
Lo que me importa de esta carta es la siguiente frase: “En efecto, se trata de provisiones contables y no de pérdidas reales ya producidas con salida de caja alguna; son provisiones por posibles pérdidas futuras, bien sea porque la cartera de participadas o los inmuebles adjudicados valgan menos en el futuro cuando se tengan que vender y se vendan, bien sea porque en el futuro se produzcan mas impagos de préstamos (mora)”. Correcto. Es exactamente lo que expliqué en un programa de Intereconomía y lo que publiqué en un artículo en el Foro de la Sociedad Civil. Así es: las provisiones no son técnicamente pérdidas. Ni hoy ni nunca. Es más, debería añadirse que la experiencia contrastada demuestra que esas provisiones en épocas de recesión se recuperan en alto porcentaje en las de bonanza.
Pero lo que reclama mi atención es algo mucho más denso, importante y de mayor calado nacional y personal que una mera obviedad técnico-contable bancaria. Me refiero al caso Banesto y su comparación con Bankia. En 1993, Rodrigo Rato era portavoz económico y hombre claramente ligado a Aznar, entonces líder de una oposición poco valorada que acababa de perder unas elecciones generales por segunda vez. Pocas dudas quedan, salvo para quienes quieren vivir divorciados de la verdad, de que existió un acuerdo entre Aznar, líder de la oposición, y González, secretario general de un PSOE que, por primera vez, daba muestra de cierta rebeldía frente a su líder, a la sazón presidente del Gobierno. Ambos acordaron intervenir Banesto. Su argumento: el presidente de ese banco controlaba medios de comunicación y su actuación y discursos afectaban al Sistema. Por ello, sometiendo al Banco de España, gobernado por un débil gobernador, ya fallecido, de nombre Rojo, y utilizando como arietes a Narcís Serra, vicepresidente del Gobierno, y Miguel Martín, subgobernador político del Banco de España, consumaron la operación política. Luis María Anson lo explicó, como testigo presencial, en Intereconomía.
¿Cómo lo hicieron técnicamente? Bien fácil: encargaron al Banco de España que transformara provisiones en pérdidas. Primero le dijeron que que se inventara provisiones, como, por ejemplo, el crédito de Juan Miguel Villar Mir. Ordenaron adicionalmente que provisionaran incluso créditos a entidades públicas, que técnicamente no son provisionables. A continuación, sentenciaron: ese monto son pérdidas reales y para dotar de dimensión popular al caso calificaron al engendro contable de “agujero”, que es expresión impactante para la opinión publica. A continuación, convocaron de urgencia al Parlamento, nada menos que un 30 de diciembre, para evidenciar que todos los grupos políticos –insisto, todos– sin analizar ni una línea de balances o cuentas, declarasen magníficamente intervenido Banesto, y proclamasen, a instancia del diputado Montoro, la exigencia de responsabilidad de todo tipo a su presidente y consejeros.
Rodrigo Rato no supo de la intervención hasta que, en la mañana del día 28 de diciembre, su primo, mi querido amigo Vicente Figaredo, se lo dijo por teléfono. Rato consultó con Aznar y este lo confirmó: “Si Mario Conde vende al BBV y se va, no pasa nada” ¿Qué hizo Rodrigo Rato? Seguir la línea oficial que Aznar impuso en el PP –no todos participaban de ella– y González en el PSOE: hablar de agujero, de pérdidas, de quiebra y de responsabilidades penales. Nunca aclaró que Banesto no tenía pérdidas reales, definitivas, sino potenciales. No dijo entonces, en su condición de responsable económico del PP, lo que hoy relata y precisa, con razón, de sí mismo. Ante dos situaciones idénticas, en un caso se apuntó a la política de partido movida por intereses oscuros. En otro, el suyo, el de Bankia, a la pura técnica de contabilidad.
Siempre he dicho que no soy juez, que no me gusta juzgar, que no guardo rencor y que creo en algo Superior. Hoy Rodrigo Rato explica su actuación con algo evidente, pero que negó a otros en idéntico caso. Y que sirvió de excusa para privarles de libertad y de hacienda. Y dicho esto, añado: es inmoral e injusto trasladar toda la responsabilidad de Bankia a Rodrigo Rato. Tiene razón cuando aclara que esas provisiones de Bankia vienen de “inversiones inmobiliarias que se hicieron en el pasado”. Es obvio. Tiene responsabilidad, claro, pero ni mucho menos exclusiva. Ni siquiera principal. Y no sólo por lo de las pérdidas potenciales, sino porque un hombre solo ni aunque se empeñe es capaz de provocar un daño de semejante dimensión en una entidad bien organizada, en la que existen directores, gestores, auditores internos... Pero hace 20 años se empeñaron en convertirme en el único responsable de un agujero inventado. Allí estuvo Rodrigo Rato. Hoy está aquí, peleando por decir lo que entonces negó, o cuando menos no se atrevió a desvelar en su verdadera dimensión.
Y como sigo siendo romántico, me pregunto: a la vista de todo esto, ¿tendría Rodrigo la honradez moral, personal y política de contar a la opinión pública por qué hicieron lo que hicieron con Banesto, conmigo y derivadamente con miles de personas? La historia y la verdad se lo agradecerían y yo, en mi nombre, en el de familia y amigos, consejeros y directores de Banesto de entonces a quienes alcanzó injustamente el agravio y el insulto. Y creo que a corto plazo él se sentiría más a gusto consigo mismo consumiendo verdad reconocida que mentira falseada. Es un servicio a este país. No quiero retornos al pasado sino construir futuro, y este se edifica mucho mejor desde la verdad que sobre la falacia. Ni el rencor ni la venganza ocupan un sitio, por ínfimo que sea, en mi interior. Pero ojalá cumpla Rato con ese deber moral. En cualquier caso, haga lo que haga, yo seguiré ayudándole porque la verdad, como la fidelidad, no se basa en reciprocidades ni en intereses de clase o de otra naturaleza. En castellano disponemos de una palabra llamada dignidad. Suficiente.
El paralelismo entre lo que le hicieron a Banesto y lo que han hecho con Afinsa, resulta estremecedor.
¿Acaso no es esta maniobra del "agujero contable inventado" exactamente la misma que -salvando las distancias entre una contabilidad de tipo mercantil, que no debe provisionar, y una de tipo financiero- han puesto en marcha los saqueadores para cargarse a Afinsa?.
Así es como "El Saqueo de Afinsa" da traslado del embeleco que estos canallas han montado para laminar la compañía, cargarse a un tiempo el sector de Bienes Tangibles, y, de paso, darnos una lección a los consumidores para que nunca olvidemos aquella hilarante frase, pronunciada en sede parlamentaria, en la que, categóricamente, el ex-presidente de la CNMV afirmaba que "el dinero de los españoles donde tiene que estar es en los bancos", (Manolo Conthe, gran ignorante en inversiones en tangibles, y maniático de las "repos", dixit).
Capítulo VI
UNA INTERVENCIÓN DE DISEÑO
Vale la pena recordar que, el día de la intervención, el Grupo Afinsa contaba con más de 20 empresas distribuidas por nueve países alrededor del mundo, un 68% de participaciones en Escala Group, empresa norteamericana que cotizaba en el NASDAQ, 140 delegaciones, una plantilla de 800 trabajadores fijos y 3.853 asesores comerciales, y una cartera de clientes satisfechos y leales a la compañía en número de 190.609. Ese era el auténtico valor del Grupo Afinsa.
Todo ello quedaría destruido en pocas horas; en minutos, tal vez. Las inversiones de los clientes, los valores filatélicos, su organización de profesionales y su red de ventas, el patrimonio inmobiliario de la empresa, los puestos de trabajo directos e indirectos, las acciones en empresas participadas, los beneficios obtenidos al cierre de 2005 y el extraordinario fondo de comercio de la empresa, representado por su prestigio internacional y por su capacidad de hacer negocios en el mundo, fue literalmente barrido, arrasado, el 9 de mayo de 2006. Y en el saqueo, se llevaron por delante los más de 150 millones de unidades filatélicas, propiedad de los clientes, valoradas según catálogos en más de 2.100 millones de euros, que estaban depositadas, por nuestro libre deseo y voluntad, en las cámaras acorazadas situadas en el edificio del Palacio de Gamazo, sede central de Afinsa, en la calle Génova, de Madrid. A pocos metros de la Audiencia Nacional.
El diseño de la intervención de Afinsa abarca ramificaciones políticas, judiciales, empresariales, económicas y mediáticas, dentro y fuera de España, ninguna de las cuales habría funcionado por sí misma, sin el apoyo de las demás. Resulta difícil desenredar la maraña de falsedades urdidas en torno a esta empresa, tratarlas una por una, de forma independiente. Todas se entretejen formando un monumental entramado de acusaciones y mentiras, una compleja tela de araña en la que Afinsa, y sus más de 190.000 clientes hemos quedado atrapados, paralizados, arruinados.
Los hechos van demostrando que no existía motivo alguno para intervenir la compañía. Había que inventar una buena razón. Y una vez fabricado el embeleco, ordenar la intervención y posterior suspensión cautelar de sus actividades. De lo primero se ocuparía una desconocida y gris inspectora de la Agencia Tributaria, llamada María Teresa Yábar Sterling, con amplio currículo profesional en el sector de la hostelería. De lo segundo, el propio Gobierno Socialista, de José Luis Rodríguez Zapatero.
De las consecuencias judiciales derivadas de todo ello, nos vamos a ocupar a continuación. Pero, antes de entrar en materia, con el único fin de simplificar -que no de trivializar- el relato de lo sucedido y en aras a una mejor comprensión del montaje urdido, invito al lector a que me acompañe en un breve y sencillo ejercicio de imaginación.
Pensemos en un empresario ficticio al que llamaremos Jaime. Este emprendedor es propietario de un selecto centro comercial dedicado exclusivamente a la moda juvenil, que lleva funcionando, a pleno rendimiento y sin ningún problema, durante los últimos veinticinco años. Con el fin de prestar un mejor servicio a los clientes, cuenta con una zona privada de aparcamiento. El próspero negocio de Jaime, conocido en toda la ciudad, cumple con todos y cada uno de los requisitos legales (permisos, licencias de apertura, trabajadores dados de alta en el régimen de la Seguridad Social, etc.,), con los que debe cumplir una actividad de esta naturaleza y está al corriente de todos los pagos relativos a impuestos y tributos.
Un buen día, a media mañana y sin previo aviso, el centro comercial es invadido, a punta de pistola, por la policía. Los clientes que desayunan tranquilamente en la pequeña cafetería del centro, ven cómo los agentes arrojan al suelo violentamente el café y los desayunos que están consumiendo, y por los que ya han pagado, al tiempo que son conminados, junto con los empleados, a abandonar el recinto. Otros clientes, que ya han efectuado algunas compras, son expulsados a empellones y sin miramiento alguno a la calle, mientras observan perplejos cómo, tanto los artículos ya comprados, como el importe abonado por su compra, se esfuman ante sus propios ojos.
En tan sólo unos minutos, el centro comercial es precintado y con él todos los coches que en esos momentos se encontraban dentro del aparcamiento. A Jaime le cierran el negocio. Alguien le ha delatado por cometer una serie de supuestos delitos, y las acusaciones son muy graves. La licencia, le dicen, no es la relativa a un centro comercial que vende ropa para jóvenes y por lo tanto no puede continuar funcionando como tal. Alguien ha decidido que en su negocio lo que en realidad se hace es ofrecer "micro-créditos" financieros a los jóvenes careciendo, naturalmente, de la correspondiente autorización para llevar a cabo semejante actividad. Se lo llevan detenido bajo la acusación de captar y engañar a los clientes con la promesa de concederles cantidades a crédito para financier sus compras. Por si fuera poco, además del local, le embargan todos sus bienes personales y patrimoniales. Por captar clientes, de manera masiva, a través de la concesión de “micro-créditos” financieros, en lugar de vender, simple y llanamente, moda juvenil de diseño.
Y para terminar de rematar la faena, advierten a todos los clientes que se han quedado sin su desayuno y a los que han perdido sus compras y su dinero, que la culpa de todo la tiene Jaime que, por cierto, y también según las acusaciones, ofrecía café y servicio de restauración igualmente sin licencia. Por supuesto, y ante la “gravedad de los hechos”, se quedan con todos los coches de sus legítimos propietarios –ahora dicen que son de Jaime- alegando que, de quién más podrían ser, ya que, a nadie se le ocurriría dejar sus coches aparcados dentro de semejante laberinto, con apariencia de legítimo centro comercial.
El asunto –ciertamente surrealista- tendría su aquél siempre y cuando el lector no sea Jaime. O ninguno de aquellos a quienes han dejado sin sus trabajos, sus compras, sus desayunos, su dinero y sus coches. Esos mismos vehículos que aquella mañana ocupaban un espacio seguro, y reservado, dentro del aparcamiento.
Este ridículo ejemplo fabricado, guarda, sin embargo, un enorme paralelismo con lo sucedido con Afinsa. Se trataba de buscar una excusa, de inventar un motivo inexistente para denunciar, desmontar y saquear la empresa y expoliar los más de 150 millones de unidades filatélicas, depositados en las naves acorazadas de la compañía y propiedad de los clientes. El dudoso honor de la función delatora le corresponde a la inspectora de la Agencia Tributaria, María Teresa Yábar Sterling. Con ella, con sus actuaciones y declaraciones, da comienzo todo. Con Yábar y sus actos vamos a adentrarnos en la triste realidad de lo sucedido. Con toda su crudeza, en el auténtico caso.
Durante todos y cada uno de sus más de 25 años de existencia Afinsa había liquidado el IVA y el correspondiente Impuesto de Sociedades dentro del régimen de actividades mercantiles. Sus cuentas eran públicas y auditadas, y habían sido inspeccionadas sin salvedad alguna que cuestionase cualquiera de los aspectos que ahora se ponen en duda. Bajo este régimen, y no otro, operaba Afinsa. Como empresa mercantil que compraba, vendía y subastaba sellos y colecciones filatélicas, por encargo expreso de sus clientes, actuando como mera intermediaria en la operación.
Pero un buen día, María Teresa Yábar Sterling, inspectora jefe de la Agencia Tributaria y prima política del ministro de exteriores del gobierno socialista, Miguel Ángel Moratinos (José Manuel Cruz Valdovinos, Comisario de Arte del Banco de Santander y marido de Yábar, es primo segundo del ministro socialista de Exteriores), eleva un informe que sostiene lo contrario, y la vida de miles de personas, incluida la mía, cambia.
En ese informe, cuyas actas nunca se presentaron a la firma a pesar de haber transcurrido más de cuatro años desde la intervención, Yábar afirma que la actividad desarrollada por Afinsa es financiera. De ser válido este dictamen, los clientes no habríamos pagado un dinero a cambio de la compra de un bien: filatelia, sino que lo habríamos entregado en concepto de depósito, exactamente igual que se hace al realizar una operación bancaria. La filatelia constituiría un mero “subyacente” en la operación, es decir, un disfraz –o un pretexto, como se quiera ver- para ocultar la naturaleza financiera de nuestra inversión.
A efectos contables, este asunto no es menor ya que, de ser cierto, esto obligaría a reformular las cuentas de la sociedad, traer a presente como deuda cierta los compromisos de reventa a terceros o de recompra pactados a futuro, incorporarlos al pasivo del balance y colocar la filatelia que era propiedad de los clientes en el activo, una vez hubiese sido tasada y devaluada hasta un ínfimo 12% de su precio real de catálogo, gracias a la estimación –que no peritación- realizada por cinco supuestos peritos filatélicos de los que aportaré algunos detalles adicionales más adelante.
Esta consideración arbitraria que invalida la operativa legal llevada a cabo por Afinsa durante sus más de 25 años de existencia como empresa mercantil, será asumida por los cuatro Administradores: uno Judicial y tres Concursales, que irán apareciendo en escena. Ellos serán quienes se encarguen de seguir, al pie de la letra, y en perfecta armonía de actuaciones, las tesis de Yábar. Me estoy refiriendo al Administrador Judicial y también inspector de Hacienda, Javier Grávalos Olivella, y a los tres Administradores Concursales: Ana Fernández Daza, (inspectora jefe de la Agencia Tributaria); Benito Agüera (economista-auditor) y Javier Díaz Gálvez (abogado del bufete Roca Junjent).
De todos ellos, de sus más que controvertidas actuaciones contra los intereses de la concursada y del papel protagonista que han jugado en el perjuicio económico ocasionado a 190.609 clientes, iremos viendo algunos pormenores más adelante. (...)
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NOTA FINAL: para aquéllos incansables en la búsqueda de la verdad, esos mismos que no padecen el "síndrome del lector perezoso" y que, por encima de todo, están ávidos de conocer la implacable realidad de algunos hechos que otros se empeñan en manipular, por demoledora que esta sea, aquí va otra entrada del Blog de Mario Conde, "Fundación Civil", con fecha 30 de marzo de 2009, que no tiene desperdicio.
Para facilitar la identificación de algunos de los siniestros paralelismos que guarda el relato con la intervención de las filatélicas, el subrayado es de Canal Afinsa.
"Lo de Banesto es otra cosa".
