jueves, 24 de mayo de 2012

Flash de Medios: Los trapos sucios de Bankia y otros más; por Javier Gómez de Liaño, abogado y magistrado en excedencia 24.5.12

Artículo de Javier Gómez de Liaño,  publicado en el diario El Mundo, en el cual el autor afirma que los españoles, en general, tienen absoluto derecho a saber qué ha pasado con la antigua Caja Madrid y con sus accionistas, en particular, en la defensa de lo que es suyo.


LOS TRAPOS SUCIOS DE BANKIA Y OTROS MÁS

"A José Luis Gutiérrez, sin fuego ya en el volcán de su corazón.

Resulta que un banco de nombre comercial Bankia, surgido en 2010 mediante una operación financiera conocida como fusión fría, pero que, al fin y al cabo, consistió en la unión de siete cajas de ahorro -las dos grandes eran Caja Madrid y Bancaja- aglutinadas con el título de Banco Financiero y de Ahorros, ha sido nacionalizado. La entidad gestionaba unos 340.000 millones de euros de activos y al parecer recibió del Frob -acrónimo de Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria- una ayuda por importe aproximado de 4.500 millones de euros, más, según dicen, lo que te rondaré, morena.

España es un país sorprendente y a mí, que lo conozco bien -entre otros motivos, por mi condición de funcionario en tiempos pretéritos-, me mantiene en una especie de asombro perpetuo. Una de las cosas que más me pasman de él es su capacidad de superación en el difícil arte de la trampa, que, al menos en teoría, debiera haberse desterrado para siempre con la democracia. Sin embargo, no ha sido así y la propia picaresca de políticos, empresarios y financieros de escasos escrúpulos ha supuesto una gran oportunidad para beneficiarse a costa de quienes, en su honesta sencillez y pobreza de conocimientos, se estremecían con la complejidad de términos como el PIB, la balanza de pagos, el déficit público, la tendencia alcista del índice del coste de la vida, la inflación galopante, la deuda pública o la prima de riesgo.

No quiero señalar a nadie porque nadie soy para juzgar a nadie y menos para acusar a nadie. Durante los casi trece años transcurridos desde que empecé a escribir en EL MUNDO, el paciente lector habrá podido comprobar que mis opiniones sobre los diferentes asuntos que he tratado se expresaron, salvo en media docena de ocasiones que requerían un tono diferente, con la prudencia y buenos modos que cabe exigir a un hombre algo mayor y dedicado a cuestiones de leyes y justicia, que son mis circunstancias.

Dicho lo cual, quisiera dejar constancia escrita de una pregunta que reconozco no es nada ingenua. ¿Está el Gobierno decidido a limpiar el mundo de los dineros y a terminar con los favores, chanchullos, trapacerías y gatuperios que, por lo que se lee y oye, son moneda corriente?

En foros y encuentros especializados se dice que de varias cajas de ahorros han volado miles de millones de euros que nadie o casi nadie sabe dónde están o, si alguien lo sabe, se lo calla, y en tertulias, corros, peñas y mentideros se susurra que don Fulano, don Mengano, don Zutano y don Perengano, todos ellos altos responsables de entidades financieras de ahorro se llevaron a donde fuere lo que no les correspondía y, según todas las apariencias, sigue sin corresponderles. Los que tenemos cierta edad sabemos de banqueros que se marcharon a su casa o para el otro mundo, con lo puesto. Mas, por desgracia, también conocemos otras gentes de las que quizá fuera imposible pensar lo mismo.

El Gobierno, si quiere contar con el crédito que, a tenor de las encuestas, cada día que pasa se devalúa, debería hacer un esfuerzo de valentía política y sacar a la luz, sin miedo a sus consecuencias, la mugre que puede estar almacenada durante años en balances y cuentas anuales, anegando a las instituciones financieras en un ambiente irrespirable. Las verdaderas secuelas dimanan no del escándalo sino del tapujo. Con razón, la semana pasada el editorialista del Financial Times preguntaba: ¿por qué al Banco de España, al Gobierno y a los banqueros les resulta tan difícil reconocer y contar la verdad sobre lo sucedido en Bankia?

No parece que el propósito del presidente ni el de su ministro de Economía sea contestar y menos, adecuadamente. Por el camino contrario, el de la timidez o la cobardía, el Partido Popular ha vetado en la Mesa del Congreso la iniciativa de varios grupos parlamentarios de crear una comisión de investigación. Por no permitir, ni siquiera ha consentido que los anteriores gestores de la entidad comparezcan en sede parlamentaria para dar cuenta de sus actos. Bastarán las explicaciones que ofrezca, a puerta cerrada, el subgobernador del Banco de España. La postura gubernamental me parece un error enorme e injustificable. En este asunto, lo mismo que en otros de cajas de ahorro en bancarrota, hay que tener presente el irresponsable papel desempeñado por los protagonistas del drama, empezando por sus presidentes y siguiendo, incluso con superior reproche de ilicitud, o de indolencia, con el gobernador del Banco de España, que hace poco más de un mes autorizaba a Bankia a seguir con sus planes, hasta el punto de dar el visto bueno al pago del millonario bonus de 2011 a sus directivos.

Los españoles, en general, tienen absoluto derecho a saber qué ha pasado con la antigua Caja Madrid y sus accionistas, en particular, a la defensa de lo que es suyo. No basta con que un Gobierno al que se supone honesto, como sinónimo de decente y honrado, gobierne con rectitud. Es preciso que también con probidad cuente la historia de lo ocurrido y, en su caso, si hubiere lugar a ello, a través del ministro de Justicia, imparta instrucciones al fiscal general del Estado para que promueva las acciones que procedan en defensa de la legalidad y del interés público.

Quienes gestionaron mal y por tal ha de entenderse la administración desleal, el falseamiento de cuentas, la adopción de acuerdos abusivos, la obstaculización de actividades inspectoras o supervisoras, la disposición fraudulenta de bienes o la asunción de obligaciones de las que se hayan derivado perjuicios notables y evaluables a sus socios y depositarios, deben responder de ello.

Las instituciones y las personas se deterioran tanto por el mal que hacen como por el mal que ocultan. Me parece un desatino mayúsculo suponer que hay que tapar la porquería por temor a su onda expansiva. El encubrimiento, aparte de ser una figura autónoma de delito, es todavía algo más y quizá peor. Es un engaño a la ciudadanía, pese a que alguno quiera adornarlo con eso que los meapilas -con perdón- llaman mentiras piadosas. Nadie debe temer las manchas de grasa ajena, y menos que nadie el Gobierno, que saldría fortalecido con un tratamiento de aire libre y pleno sol. Los que se han pringado no son tantos como parecen, ni tampoco tan fuertes como se supone. Se me ocurre que hoy su única fuerza es la del inmerecido silencio que los arropa.

Quede claro, una vez más, que no estoy pidiendo la cabeza de nadie porque no quiero, ni quiero que nadie quiera, la cabeza de nadie. Lo que sí patrocino y no sin poco énfasis, es que la ley se aplique. Esa ley ya existe y nadie tendrá que inventársela. Se llama Código Penal y a él se refería el señor Torres-Dulce, o sea el fiscal de la cosa pública, cuando el pasado fin de semana, en una entrevista a la agencia Europa Press informaba que había dado órdenes al fiscal Anticorrupción “para que se depuren todo tipo de responsabilidades que pudieran derivarse de la gestión de las cajas de ahorro” y expresaba su voluntad de que se averigüe, entre otras cosas, “si la percepción de determinadas cantidades indemnizatorias pudiera esta incursa en algún tipo delictivo”. O sea, lo mismo que días antes, en estas mismas páginas, proponía el sagaz e instruido Pedro G. Cuartango cuando invocaba los artículos 290 a 297 del Código Penal, dedicados a los denominados delitos societarios. A su juicio, las conductas que allí se recogen son las que han caracterizado presuntamente a los directivos de las cajas de ahorro y le llamaba la atención que hasta ahora ninguno hubiera sido procesado, pese a que el quebranto de las cuatro entidades que integraban Bankia había supuesto para el Estado más de 30.000 millones de euros.

Estoy convencido de que una gran mayoría de ciudadanos aplaudiría la iniciativa del Ministerio Fiscal y hasta colaboraría con él, en tanto en cuanto supondría que la Justicia trata a todos los paisanos por igual. Éste es un axioma aplicable a todos los países, en todos los ámbitos y a todos los momentos históricos. La igualdad ante la ley, lo mismo que ante la Justicia, no admite excepciones, ni interpretaciones, ni distingos. Es algo hermético e inalterable que discurre, o debe discurrir, por cauces ajenos al de las necesidades, conveniencias u oportunidades políticas que, cuando la interfieren, como puede ser el caso, acaban convirtiéndose en actitudes cómplices e impolíticas.

Admito que la intervención de jueces y fiscales en estos asuntos puede originar una especie de saldo de trapos sucios. No importa. La gran mayoría de españoles no tiene trapos sucios propios que esconder. También reconozco que no estoy demasiado seguro de que fuera sano destapar de golpe la cloaca de los mangantes, pues, a lo peor, a más de un juez, o de dos, partidarios -equivocados, por supuesto- de la prisión preventiva, antes de que lleguen las vacaciones y los turistas, les da por habilitar hoteles para residencia de imputados. No obstante, me reafirmo en la idea de que mi papel no es el de apuntar a nadie con el dedo acusador. Me conformo con ponerlo en la llaga"


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Puesto queda, señor letrado. Para que apunte en todas direcciones, que el verdadero mal de nuestro país, orígen y causa de todas las pústulas y llagas que padece este enfermo en fase terminal, por empacho de indefensión jurídica, en que se ha convertido España, se llama Justicia; o mejor, ausencia de ella.

Parafraseando a Cicerón, cada vez somos más los ciudadanos que, señalando a jueces, magistrados, fiscales y abogados, con nombre y apellidos, nos preguntamos: ¿Hasta cuando abusaréis de nuestra paciencia?

Como esto no se arregle pronto, un desparrame purulento de semejante calibre, se nos lleva a todos por delante.

(Enlace a artículo)

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