Mario Conde, Sociedad Civil y Democracia y la inversión de la pirámide del poder 7.10.12

Ante un auditorio de más de 3.000 personas, Mario Conde presentó ayer sábado su nuevo partido “Sociedad Civil y Democracia”. Yo estuve allí.

Una puesta en escena impecable y cuatro horas, que parecieron un suspiro, bastaron para trasladar las líneas maestras de un programa de gobierno que, a buen seguro, sería compartido por la inmensa mayoría de los españoles.

Abriendo la Jornada, el antiguo presidente y ahora secretario general, Daniel Movilla. Enorme labor la realizada por este hombre durante años. Doy fe de ello.

A continuación,  Lorenzo Abadía. Inmenso en dar traslado de una ponencia política que fue desgranada lentamente ante el auditorio, con la naturalidad y la sencillez de quien no quiere lanzar un mensaje en clave política, tanto como  hacer partícipe a la audiencia de la dolorosa realidad que estamos viviendo en este periodo difícil de la historia de España,  proponiendo a un tiempo soluciones para salir de nuestro marasmo.

Bellísimas también el resto de las ponencias. Más allá de las habilidades discursivas de cada cual, el profundo contenido de todos los mensajes caló en un público respetuoso y  entregado que, sin duda alguna, estaba viviendo intensamente el momento.

Tras un breve descanso, Mario Conde y la sensación, en lo personal, de que Sociedad Civil y Democracia es un gran proyecto político que trasciende la figura del líder, lo cual ya es mucho decir teniendo en cuenta la personalidad de quien ya es su Presidente y candidato electo a las elecciones gallegas.

Diciendo verdades como puños, Conde realizó una disección magistral de la situación actual de España, cuyo estado de “salud” como paciente, resumió en tan solo dos palabras que lo dicen todo: “fallo multiorgánico”.

Un discurso duro en el fondo pero elegante en las formas, potente pero sosegado,  carente de soflamas y demagogia populista que, sin embargo,  ha sido trasladado a la opinión pública con el siguiente titular: "Mario Conde arremete contra el Estado autonómico y la clase política".

Conde fue, en efecto, duro en sus argumentos, pero en purismo descriptivo y ciñéndonos a la  semántica como aquel componente de la gramática que estudia el significado de los signos lingüísticos, utilizar el verbo “arremeter” para trasladar la acción al mensaje lanzado por Conde es, sencillamente, faltar a la verdad. Pero de eso, de faltar a la verdad, saben mucho los periodistas, en especial las jóvenes plumillas de las agencias EFE y Europa Press. A la de EFE, sentada en el escalón que permitía el acceso a la fila en la que yo estaba acomodada, se debe el mencionado titular. Puedo dar fe de que no le resultó nada fácil encontrar el término y menos todavía cómo encajar 14 palabras que dejan entrever la catadura y el sesgo de la autora del reportaje: "Condenado a más de diez años de prisión por varios delitos económicos en 1997"... Varias veces borró el párrafo completo hasta conseguir encajar el aguijón del pasado, y varias veces  rectificó de manera frenética el verbo con el que trasladar la intención discursiva de Conde, hasta dar con la palabra exacta: “arremete”. Tremendista, sesgado y completamente falso. Pero, como titular, ahí queda. 

Cierto es que las palabras de Conde no estuvieron exentas de dureza, acorde con la realidad del momento que estamos viviendo, pero no embistió ni acometió con ímpetu y furia contra absolutamente nadie. Se dijeron verdades inmensas, que tuvieron la virtud de trascender a quien las pronunciaba porque se trasladó la responsabilidad de gestionar el cambio que nos saque de la terrible situación que estamos viviendo a la propia sociedad civil. De que seamos nosotros, los ciudadanos, quienes de una vez nos hagamos dueños del auténtico espíritu de la palabra “democracia”, de que seamos capaces de invertir la pirámide del poder, de trabajar juntos -¡difícil empeño!- de manera que sea la propia sociedad civil la que marque la agenda política.

El nuevo partido Sociedad Civil y Democracia, declaró ayer su apuesta por la apertura de un proceso para elaborar una nueva Constitución que otorgue el protagonismo al ciudadano. En ello, declaran, van a concentrar todas sus energías; todos sus esfuerzos. Según quedó reflejado en la ponencia política de Lorenzo Abadía, SCD defenderá una serie de medidas ante la soberanía ciudadana de las cuales, tal y como destacan en su página web,  las más importantes son:

1. En el modelo que propone Sociedad Civil y Democracia, SCD, la revisión constitucional requerirá la 

aprobación por mayoría de 2/3 del Congreso de los Diputados y quedará sometida a referendum del 

pueblo español para su aprobación, con una participación de, al menos, el 50% del Censo nacional.

 2. Se someterá a referendum del pueblo español la forma y la configuración territorial del Estado.

 3. Ese modelo territorial que se someterá a referendum establecerá una lista de competencias exclusivas e 

indelegables del Estado.

 4. Defensa de la Nación española, de sus instituciones y sus símbolos.

5. El pleno ejercicio de los españoles de la soberanía nacional. Entre otras medidas se establecerá un 

auténtico sistema de reconocimiento de la iniciativa legislativa popular, así como la utilización de las 

herramientas digitales actualmente disponibles, que permita a la Sociedad Civil participar en los asuntos 

de interés público.

6. El derecho de los ciudadanos a exigir el uso del idioma castellano en cualquier parte de la Nación 

española, con respeto y protección a las lenguas cooficiales.

 7. Una nueva ley electoral con posibilidad de revocación de cargos por parte de los electores durante la 

legislatura.

8. Eliminación progresiva hasta su supresión de la financiación de los partidos políticos, sindicatos, 

asociaciones empresariales y todo tipo de fundaciones vinculadas a los mismos. En todo caso, con la 

obligación de unos y otros de someterse de forma permanente a la auditoría del Tribunal de Cuentas.

9. Desaparición del Tribunal Constitucional de forma que el recurso de amparo se sustancie ante la Sala 

de Garantías del Tribunal Supremo en la que se tomen las medidas necesarias que eviten su politización. 

Los conflictos que puedan plantearse entre el Estado y las entidades territoriales se resolverá por la Sala 

de Conflictos del Tribunal Supremo.

10. Supresión del Senado. Las Cortes Generales pasarán a tener una sola Cámara: Congreso de los 

Diputados.

11. Desaparición o limitación de aquellos órganos inútiles o excesivos para los ciudadanos con el fin de 

evitar los gastos que implica su mantenimiento.

12. Los ciudadanos podrán acceder y conocer sin restricción toda la información relativa a la actividad 

económica y financiera, con capacidad para el control de ingresos y gastos del Gobierno, 

Administraciones Públicas, Entidades Locales y Regionales y demás organismos y fundaciones, 

cualesquiera que sea su naturaleza, y que perciban recursos públicos.

13. Creación de un cuerpo único de interventores para todo el territorio, con auditoría pública al menos 

cada tres años.

14. Se instituye la comparecencia ante el Congreso de los Diputados de los candidatos a los órganos e 

instituciones del Estado, para proceder a un examen de idoneidad, profesionalidad e independencia.

15. Se configurará el estatuto de los cargos públicos, para regular sus remuneraciones, medios materiales 

y límites de gastos.

16. Fin del estatuto privilegiado y protegido de la clase política y limitación temporal de los cargos 

públicos.

 17. Responsabilidad civil y/o penal para las personas que gestionen irresponsablemente o irregularmente 

recursos públicos.

 18. Acción ciudadana efectiva para evitar injerencias de la clase política en los medios de comunicación, 

con eliminación de las subvenciones a televisiones de ámbito territorial inferior al Estado.

 19. Modificación del sistema financiero para restablecer la función social del crédito y la financiación de la 

economía real.

 20. Se regulará el acceso a la carrera judicial. La organización interna y la promoción de jueces y 

magistrados. En particular, de jueces de instancias superiores para garantizar la absoluta independencia 

del poder político.

21. Los jueces y magistrados que accedan a la política, no podrán volver a la carrera en el plazo de 5 

años, regresando al escalafón en la situación en que se encontraban antes de acceder a la política.

22. El Fiscal General del Estado será elegido por el Congreso de los Diputados por una mayoría 

cualificada.

23. Los delitos de prevaricación cometidos por jueces y fiscales se juzgarán por Jurado Popular y 

conllevarán penas de privación de libertad.

 24. Se revisará el sistema de pensiones para garantizar unas retribuciones dignas al máximo posible para 

todos los ciudadanos españoles.

25. Se procederá a revisar el actual sistema público de enseñanza en todos los sistemas educativos. El 

Estado asumirá las competencias básicas en materia educativa en todos los niveles. En el ámbito de la 

educación superior es necesario fusionar campus, y otras medidas para una mayor eficiencia. Se apoyará 

la investigación científica y técnica.

En resumen: tal y como reza su leit motiv, "una nueva forma de entender la política desde el interés ciudadano. Por  y para la sociedad civil".

La música suena bien. Desde Canal Afinsa les deseamos éxito y suerte. No lo van a tener nada fácil.