El tasazo de Gallardón nos afecta, y mucho. Todo está pensado para que el ciudadano no pueda exigir justicia ante los tribunales.
¡Cuando digo que estos del PP van a hacer bueno al bobo inane, tal y como él hizo bueno a Felipe González! Es que vamos a peor.
LA ABOGACÍA DICE QUE IMPIDE EL ACCESO A LA JUSTICIA
Quien pierda un recurso deberá pagar las tasas, aunque no lo haya presentado
La Ley de Tasas Judiciales aprobada por el Gobierno no cesa de generar
polémica. Primero fueron los jueces y fiscales quienes anunciaron públicamente
su oposición. Ahora se les unen los abogados. El presidente del Consejo General
de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, ha sido muy claro: esta
ley “está hecha para impedir el acceso a la Justicia”. Esta afirmación se hace
más consistente en la medida que se conocen más detalles de la norma. Un ejemplo
es que las tasas deberán abonarlas la parte que pierda el recurso, aunque no
haya sido ella la que lo haya presentado.
Esto quiere decir que una persona que no recurre una decisión judicial porque
no puede hacer frente a las tasas no está a salvo del pago. Si la otra parte del
pleito sí decide recurrir y le dan la razón, el primero tiene que abonarlas.
Esta medida pone al pie de los caballos a los menos favorecidos frente a los
"grandes". En el CGAE señalan que esta nueva situación deja en desigualdad de
condiciones, por ejemplo, a un trabajador que pretenda demandar a su empresa.
Debe saber que aunque la primera actuación está exenta de tasas, el empresario
puede recurrir la decisión y en caso de que en segunda instancia se dé la razón
a la compañía, el empleado sí estará obligado a hacerse cargo de las
tasas.
Esto no sólo afecta a trabajadores sino a pequeñas compañías que, según
fuentes de la Abogacía, tendrán que pensarse mucho si inician cualquier proceso
por abusos contra empresas más poderosas. “Los ciudadanos no van a poder pagar
las tasas”, insiste Carnicer, quien recuerda que “los derechos
fundamentales son indisponibles y ningún gobierno puede disponer de ellos”.
El ministro de Justicia ha preparado y tramitado esta ley “a mata caballo
para su aprobación de urgencia”. No sólo eso, los colectivos que ya han mostrado
su disconformidad coinciden en que Alberto Ruiz Gallardón ha ido
modificando el borrador hasta que se ha aprobado una ley que nada tenía que ver
con lo que inicialmente estaba pensado. “No es bueno que el ministro improvise
sobre la marcha. Tendría que haber preguntado a los que prestamos el servicio
público en Justicia”, añade.
En un principio, la cantidad de las tasas iba a ser testimonial de tal
manera que iba a permitir que cualquier persona pudiera acceder a la
Justicia. Sin embargo, fuentes ministeriales reconocen que en el último
momento se decidió incrementar la cantidad hasta un punto de hacer imposible
para algunos afectados asumir el pago. Estas mismas fuentes reconocen que la ley
se hizo con tanta celeridad que todavía no estaban preparados ni los formularios
de pago y ahora, el propio Ministerio es el que va a pagar las consecuencias.
Aún así, desde Justicia se intenta hacer llegar el mensaje de que esta medida es
necesaria ante la situación de crisis que vive el país.
Las tasas oscilan entre los 100 euros de algunos procedimientos civiles y los
1.200 de un recurso ante la Sala Civil del Tribunal Supremo. Una reclamación de
cantidad superior a 2.000 euros costaría, por ejemplo, 150. A las tasas
fijas se suman otras variables de entre un 0,25 y un 0,5 por ciento de la
cuantía procesal, es decir, del interés económico del pleito. Así, las tasas de
algunos asuntos puede elevarse en un mayor porcentaje. Por ejemplo, si el
ocupante de un vehículo se queda tetrapléjico en un accidente y reclama a las
compañías aseguradoras 1,3 millones de euros, interponer la demanda le costaría
6.050 euros.
La próxima semana, asociaciones de jueces, fiscales, usuarios y abogados van
a crear una plataforma. Su idea es ir unidos para reclamar a Ruiz Gallardón la
derogación de le ley. Están dispuestos a llegar a Europa porque esta norma
impide que todos los ciudadanos puedan acceder a la Justicia. Por lo menos
esperan que el Ministerio recapacite y rebaje la cantidad económica para hacer
posible su pago y queden exentos gran parte de los colectivos, como sí se ha
conseguido con las víctimas de violencia de género.
(Enlace a noticia)
No se puede ser más inhumano porque "NO SE ENTRENA".
ResponderEliminarSabeis lo que os digo.... que lo mas inteligente en nuestro caso es coger los sellos y salir corriendo. Por lo menos tenemos algo tangible con un valor.... porque el dinero se lo van a quitar a todo aquél que lo tenga.
ResponderEliminarSin tener nada que ver con el asunto de las Tasas Judiciales, que de eso aun se tiene que verter mucha tinta por lo descabellado de la medida, allá por el 2009, un grupo de encabritados clientes de Afinsa, acudimos al despacho privado del personaje de la foto. El señor Carnicer presidía entonces, igual que ahora, el Consejo General de la abogacía Española. También entonces, cosa que ahora ignoro, era uno de los Vicepresidentes del mismo organismo, pero a nivel europeo. De manera que a pesar de tener despacho oficial en Madrid y me supongo que en una de las capitales europeas por mí desconocida, fuimos a visitarlo previa cita concertada, a su despacho profesional privado en la ciudad de Zaragoza.
ResponderEliminarEmplazado en un representativo edificio mayormente destinado a domiciliar despachos de muy alto nivel profesional, fuimos recibidos en la sala de sesiones de una fastuosa oficina por su titular, auxiliado por su hija, letrada también y muy interesada por la causa que llevábamos como posible encargo profesional, a tenor de la multitud de notas que iba tomando, y de las aclaraciones que solicitaba.
El motivo único de nuestra presencia en la capital del Ebro, a parte de compartir una jornada entrañable con los compañeros allí afincados, era plantearle al Sr. Carnicer, como presidente de la más alta representación de la abogacía a nivel nacional, las dificultades e impedimentos interpuestos por el “Cabestro cencerrado” que trasteaba con la maldita federación, en el sentido de impedir tenaz y amenazantemente las adhesiones al convenio de acreedores que por entonces, se estaba gestionando desde el despacho de A.L.A.
No faltaron insinuaciones en orden a tratar de reconvenir la terquedad del andóbal, incluso a través del propio Colegio Oficial de Abogados de Madrid, sin poder prometer éxito alguno, dada la personalidad y características del personaje del que se trataba. Por otra parte, se ofreció a pasarnos una valoración de lo que podrían suponer sus honorarios profesionales, si su Despacho aceptaba la defensa letrada de los clientes que quisieran desvincularse del susodicho, y bajo qué condiciones.
Yo nunca supe de aquella valoración, y bastante poco que me importaba, puesto que esa pretendida desvinculación no iba conmigo, ya que yo nada tenía que ver con aquel mastodonte orejudo, pero la persona que concertó aquella cita y que fue el interlocutor válido para los temas tratados en la consulta, sólo me comentó, que la propuesta era indigerible por su cuantía. En eso quedó todo, y nunca volví a saber nada de tan ilustre personaje, hasta el Post de hoy, que lo coloca en primer plano de la noticia.
Pues sí, señor Carnicer; con decisiones como ésta del Sr. ministro, nosotros los ciudadanos de la calle, vamos a perder el derecho adquirido desde hace doscientos años, de acudir en demanda de justicia, por falta de medios para sufragarla; pero a ustedes los abogados en ejercicio, por ese mismo canal de desagüe, se les van a desangrar sus bien saneadas arcas, si es que no le ofrecen al Justicia del Reino, una resistencia que le haga reconsiderar su desatino.
Pero mucho me sospecho, que si esa medida recaudatoria adicional, tiene que ver con algún beneficio indirecto para la Banca, jodidos iremos ustedes y nosotros, porque la voluntad del amo, es tan férrea como insensible a los clamores. Ya sabe: «Poderoso caballero, don dinero». Y no es casualidad que el “Tasazo” de Gallardón como ya se le llama, no alcance a las causas penales. Porque téngase en cuenta que si los directores de sucursales bancarias, por ejemplo, comenzaran a tratar a sus clientes a bofetadas y estos a su vez les respondieran de la misma forma, las demandas por la vía penal, lloverían; entonces, sería el momento de imponerles unas tasas que impidieran al ciudadano abofeteado acudir en demanda de justicia, aunque previamente tuviera que gestionar un crédito para abonarlas. Entonces, SÍ
Claro que para eso estaría el I.C.O. a nuestro servicio
Rafa
Muy buenas tardes a todos/@s, aunque ya se me va haciendo un poco difícil comentar las cosas con palabras prudentes, creo que si nuestro caso se hubiera solucionado hace años, hoy no tendríamos que vernos metidos en este lío.
ResponderEliminarEstoy hasta "los mismisimos" de todos los políticos, son unos HIJOS DE PUTA.