Caso Afinsa: ¿Nueva? responsabilidad penal de los administradores concursales - 10.10.12

A pesar de que ningún medio de comunicación se ha hecho eco del asunto, parece que la denuncia presentada por Manos Limpias contra la Administración Concursal de Afinsa está teniendo una trascendencia importante. Eso al menos es lo que se puede colegir tras la lectura del artículo más abajo insertado.

Firmado por la directora de "Sepín Mercantil", Cristina Rodríguez Sierra,  no duda la autora en calificar la denuncia de Manos Limpias como de "sonada", si bien imaginamos que las trompetas del Apocalípsis habrán retumbado en las paredes de los despachos jurídicos, porque lo que es en las redacciones de los periódicos...

Ya dijimos en su momento que la acusación por prevaricación, en calidad de funcionarios, pondría a más de uno los pelos como escarpias y, por lo que se ve, se están cumpliendo los pronósticos. Lo más curioso es que, tal y como deja entrever Rodríguez Sierra, esa posibilidad siempre ha estado ahí, aunque hasta ahora nadie haya parecido verla. Nada como ser "observadores potentes" de la realidad, para ver "fenómenos" que pasan completamente desapercibidos para otros. Manos Limpias se ha convertido en un auténtico Observatorio de la Legalidad, y por eso ven nítidamente lo que otros no son capaces de distinguir ni por asomo.

Ante estas y otras noticias al respecto que a buen seguro están circulando, el "lobby concursal" ¿existe semejante engendro? ya se estaría arremolinando para ejercer presión. Sin embargo, de ser este el caso, lo tendrían francamente difícil porque lo que no pueden hacer aquellos  sinvergüenzas que ejercen como tal -lo de ser AACC es un mero "accidente fortuito",  porque el que nace sinvergüenza se muere idem-, es cobrar cantidades astronómicas por trabajar en su propio beneficio, haciendo todo lo contrario de lo que la Ley Concursal promueve  y marcharse de rositas, e inmensamente más ricos que antes de rematar la faena, a la espera de que se les adjudique una nueva "víctima" de la que sacar tajada a base honorarios que salen de la propia empresa expoliada, y de todo tipo de "mordidas colaterales".

Ruiz-Gallardón se apuntaría un tanto fenomenal si, como ministro de Justicia, pusiera coto a los desmanes  que se están dando en el sector, introduciendo reformas de calado en la nueva Ley. 

9oct/120

¿Nueva? responsabilidad penal de los administradores concursales

Cristina Rodriguez Sierra

Directora de Sepín Mercantil

Mucho ha dado que hablar el informe del Ministerio de Justicia sobre la modificación del Código Penal en relación con la posibilidad de condenar a los administradores concursales por malversación y cohecho ante conductas ilícitas de los mismos. Lo sorprendente es que después del revuelo creado, cuando una se dispone a leer el anteproyecto de julio de este año de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de Noviembre, del Código Penal, no encuentra referencia alguna a este respecto.

En cualquier caso, la polémica está servida y, si bien no encontramos en nuestra jurisprudencia procesos en los que se condene a los administradores por gestión ilícita en procedimientos concursales en el ámbito penal, cabe preguntarnos si hasta ahora no podíamos iniciar este tipo de acciones contra ellos.

La respuesta parece ser que si. El art. 35 de la Ley 22/2003 Concursal (en adelante LC) exige a los administradores concursales que desempeñen su cargo con la diligencia de un ordenado administrador y de un representante legal, y el art. 36 LC distingue entre infracción del deber de diligencia y del deber de no perjudicar. La infracción del deber de diligencia, si no conlleva perjuicio, no genera responsabilidad, sin embargo, la infracción del deber de no perjudicar sí sería reprochable. De estos preceptos cabe entender que si podrá incurrir en los mismos delitos, por administración desleal o fraudulenta, que los administradores de sociedades mercantiles, del art. 259 CP.

También el administrador concursal puede incurrir en el delito de apropiación indebida recogido en el art. 252 CP en el que se establece que serán castigados los que en perjuicio de otro se apropiaren o distrajeren dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble o activo patrimonial que hayan recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que produzca obligación de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido.

Algunos sectores han criticado esta reforma basándose precisamente en que ya existe la posibilidad de imputar delitos a los administradores concursales, como los señalados en el párrafo anterior entre otros, pero la diferencia, a mi parecer, radica en otra cuestión, no se trata tanto de que podamos o no imputarles delitos sino que podamos imputarles delitos propios de funcionarios públicos. Sobra decir que las penas en este caso son mas gravosas que en aquellos, incluyéndose además de  penas de prisión mas contundentes, penas de inhabilitación absoluta para el ejercicio del cargo que van desde los 6 a los 20 años según el tipo y la gravedad.

Y en este punto nos surge otra cuestión, ¿podemos equiparar los administradores concursales a un funcionario público?. La respuesta de nuevo parece ser afirmativa, y esto es por lo dispuesto en el art. 24.2 del Código Penal, que considera funcionario público todo el que por disposición inmediata de la Ley o por elección o por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas. Por tanto, un administrador nombrado judicialmente y que podemos entender que ejerce funciones públicas es, a estos efectos, funcionario y como tal puede ser condenado por los delitos propios de estos, prevaricación, malversación, cohecho..., lo que nos lleva a la misma reflexión de la rúbrica de este post:  ¿nueva?.

Hoy por hoy no encontramos en la práctica ni un gran número de demandas de responsabilidad civil ni de denuncias contra los administradores concursales, sin contar con la sonada querella de Manos Limpias por presunta prevaricación de los administradores del concurso de Afinsa. En cualquier caso habrá que esperar al texto definitivo si se incluyen o no dichos tipos en la reforma y si en el futuro se da una aplicación real de los mismos.

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