"Juicio Afinsa" Crónica detallada de la vista oral celebrada el pasado 7 de junio, de la que ya tuvimos un avance.

Continuamos con la segunda parte del mencionado día 7 de junio pasado (enlace a entrada) y en este caso interviene el Letrado D. Javier Sáenz de Pipaón en representación de D. Emilio Ballester y, aunque ya hicimos un avance de su alegato, ampliamos sus conclusiones para mayor conocimiento de todos.

Hace una introducción para aclarar que la petición de absolución que solicita para su defendido, no la realiza en base a que sea su obligación como abogado defensor, ni tampoco en base a la verdad que puede ser interpretada, lo hace en base a los principios rectores que sostiene nuestro ordenamiento jurídico. Por aquello de la economía procesal hace suyos los informes e intervenciones de los compañeros que han intervenido con anterioridad y de los que aún quedan por intervenir y se remite a su escrito y anexo presentado en su momento como conclusiones definitivas.

"Las acusaciones han aplaudido, sigue diciendo D. Javier, el enorme esfuerzo que el Ministerio Fiscal ha realizado para mantener sus tesis acusatorias; nosotros no se lo vamos a aplaudir, pero sí se lo vamos a reconocer, porque que duda cabe del ímprobo esfuerzo que requiere intentar sacar algo de donde no hay nada. De ahí que el Ministerio Fiscal no ha podido demostrar los delitos, ni siquiera un sólo delito.

En apoyo de estas tesis me permito recordar como ayer, la Abogacía del Estado, después de decir que no estaba legitimada para informar sobre la estafa, a continuación informa sobre la estafa. Qué duda puede haber de que lo hace en apoyo del Fiscal que necesita de esos apoyos para poder seguir manteniendo sus tesis. Por eso se actúa como se actúa y ocurre lo que ocurre.

En lo que se refiere a D. Emilio Ballester en concreto, nos encontramos que las pruebas acusatorias están basadas en dos tipos, la documental y la pericial. En la documental tenemos miles y miles de documentos, de cajas, incluso algunos del año 93, e-mails, cartas, textos manuscritos, actas del consejo, todos de diferentes años, con diferentes objetivos, de diferentes autores y solamente hay un nexo de unión entre toda esa documental: las pretensiones acusatorias del Ministerio Fiscal, sin que ningún dato objetivo o subjetivo de acusación lo arroje ni uno sólo de esos documentos.

Va saltando de un correo del 2005 a otro documento del 2003, luego un acta de otro año y todo ello para construir sus tesis acusatorias. En concreto el Ministerio Fiscal expuso que en un documento del año 93 se reconocía la insolvencia de Afinsa y yo pregunto, qué ha pasado desde el año 93 hasta el 2006, ha sido insolvente todo ese tiempo. Pero es que en el año 94, el mismo documento habla de solvencia, lo que demuestra que en este rompecabezas de mil piezas, lo que aparece es el dibujo acusatorio que le interesa al Ministerio Fiscal, dicho sea en estrictos términos de defensa.

Haré referencia a una carta personal que le dirige D. Emilio Ballester a D. Juan Antonio Cano, sacada absolutamente de contexto, por cuanto su contenido, si se nos permite la expresión popular, es un “ataque de cuernos”, es un reproche que D. Emilio Ballester le hace a D. Juan Antonio Cano por entender que se deja aparte, se le desecha, se le aparta después de todo su esfuerzo dedicado a la Compañía".

El Letrado relata una pequeña frase de esa carta y manifiesta que ese comentario "se puede oír cualquier viernes por la mañana, en cualquier empresa de este país, en un momento en el que los Directivos de esas empresas, en una reunión quieren y tienen que hacer valer su papel dentro de la estructura empresarial. Pues bien, el Ministerio Fiscal coge una palabra de una carta, un párrafo de un informe, un texto de por aquí y otra cosa de por allá, en una labor que consiste en construir el tipo delictivo que se busca".

Aquí entra a mostrar el ejemplo del personaje Crispín, de los Intereses Creados ya mencionados en nuestro avance y que por economía, en este caso de la crónica, obviamos reproducir de nuevo.  

Sigue el Sr. Letrado, ahora con lo que respecta a la pericial y manifiesta que "es un criterio interpretativo, incorrecto y que además los tribunales ya han rechazado". Detalla las sentencias, la intervención del Catedrático de Granada Sr. Ariza y los elementos que existían en el año 98 y el propio criterio de ICAC, en el cual, inicialmente que no después, basa sus tesis el Ministerio Fiscal.

"En cualquier caso no estamos ante un enfrentamiento de criterios distintos, dice D. Javier. Qué elementos de juicio, qué normativas, qué realidad, qué pronunciamientos existían en el año 98, qué legislación en virtud de la cual contabilizar de una manera era la correcta y no otra. No hay ni rastro alguno de las tesis contables sostenidas por la acusación. Ninguno. Y buena prueba de ello es que, analógicamente, el Ministerio Fiscal para que la solvencia se convierta en insolvencia, convierte los sellos en activos financieros. Con dos narices, permitan la expresión.

En aquel escenario lo que nos encontramos son: los principios y normas generalmente aceptados para cualquier empresa, fuese de la naturaleza que fuese la actividad, pero en concreto la mercantil. No existía un plan sectorial específico, ni en el 98, ni en el 2016 tampoco. En aquel entonces el Código de Comercio, desde el 98 al 2002, ni por asomo recogía la novedad que incorporó en el 2007, con entrada en vigor en el 2008, que sirve para seguir sosteniendo contumazmente las tesis acusatorias del Ministerio Público, cuando resulta que la actividad ya no la puede defender como financiera.

Entonces cómo mantenemos la insolvencia, ¡ah! mira, acudimos al Código de Comercio con esta novedad incluida en el 2008, cuando de lo que se nos acusa es por los años desde el 98 al 2002. ¡Maravillosa coma, monstruo de la jurisprudencia!", vuelve a repetir el Letrado. 

Tenemos también la Inspección de la Agencia Tributaria de los años 91 al 94. Inspección que dando por buena la contabilidad llevada de forma mercantil por la Sociedad, expresamente afirma que se ajusta al Código de Comercio. Tenemos las respuestas de la D.G.T., que son a título informativo, no son vinculantes.

Tenemos el Acta suscrita con el Servicio de Blanqueo de Capitales del Banco de España del año 98 que refrenda las tesis de Afinsa; el documento de la Abogacía del Estado de fecha 1 de abril de 2002, tenemos la carta de la C.N.M.V. que en respuesta específica a una Asociación de Consumidores que se interesa por la naturaleza del sello, la C.N.M.V. expresamente dice que NO son activos financieros.

Tenemos la carta de la Dirección General de Seguros y tenemos el informe de Cuatrecasas del 2005 al respecto de la naturaleza del negocio y, por supuesto, la consulta del ICAC. Consulta que es meramente informativa, que no es fuente de derecho ni norma jurídica. Pero bueno, traer ahora esa consulta del ICAC cuando el propio Ministerio Fiscal ya reconoce que no había actividad financiera, sólo sirve para señalar que esa fue la primera tesis acusatoria. Ahora ya no tiene validez. Con lo que nos genera la duda de si alguna vez debió tenerla.

Por tanto, no existía ninguna norma de derecho contable específico desde el año 98 a 2002. No existía ninguna sentencia. No existía ningún elemento de la Administración Pública que se opusiera a la forma de contabilizar de Afinsa, más bien todo lo contrario. Todo lo contrario. No sólo la contabilidad era correcta y estaba bien hecha, es que no se podía contabilizar de otra manera sin incurrir en una absoluta temeridad. Si D. Emilio Ballester hubiera adoptado un criterio contable distinto al que adoptó, hubiera estado vulnerando todo el listado de pronunciamientos previos.

Es únicamente el cambio de criterios de la Agencia Tributaria, a través de la Sra. Yabar y la Intervención Judicial, las que traen a escena por primera vez en la historia un nuevo criterio contable, que luego ha devenido en incorrecto por las sentencias que hemos señalado. Un criterio contable que no tiene ningún apoyo por parte de nadie, solamente la Sentencia Mercantil del Concurso la acepta porque los AA.CC. se la proponen, pero esa Sentencia no es firme, está recurrida y contradice frontalmente las Sentencias de la Audiencia Nacional en lo Contencioso-Administrativo y del Tribunal Supremo que, expresamente, rechazan la contabilización de los compromisos en el pasivo, que es la tesis que sostiene la Agencia Tributaria, los AA.CC. y la Sentencia del Mercantil.

Pero es que además también hay otros dos pronunciamientos relacionados con Afinsa, no con hechos muy similares no, directamente relacionados con Afinsa como son la Sentencia de la Audiencia Provincial y la del Supremo, que aceptan las tesis de los AA.CC. pero porque la empresa está en liquidación, sino no. Ya que expresamente así lo vienen a decir cuando se afirma: ….”no procede excluir a los clientes de la lista de acreedores con independencia de que la razón de que deban aparecer aquí obedezca a un título distinto al que provocó su inclusión por parte de la Administración Concursal, a saber, el Derecho de Crédito...pacto de compromiso, etc. etc.”….

Nos topamos por tanto con una construcción acusatoria ad hoc realizada con retales de distintas telas para construir el vestido que nos interesa, con independencia de la verdad, de la realidad y de esta manera convertir una solvencia en una insolvencia mediante la analogía de convertir los sellos en activos financieros, cosa que está prohibida en nuestro País por la legislación, aplican una norma del 2008 y meten todos los compromisos en el pasivo y así ya es insolvente la Compañía. El Ministerio Fiscal, además, en su informe trae una serie de Sentencias relativas a hechos similares. 

 Pregunta el Sr. Letrado: "hechos similares ¿qué significa, que había un Emilio Ballester en esos procedimientos? Porque no queda claro cuáles son esos hechos similares y por tanto esa analogía no se debe permitir. Si nos centramos en la estafa o en el engaño tenemos que ninguna de las dos existió ya que la Sra. Yabar llegó a afirmar "que los Contratos entre Afinsa y sus clientes eran una simulación", es decir que Afinsa y sus clientes eran cómplices de una simulación, por tanto el engaño a quién, a la Agencia Tributaria, no; no había delito fiscal; a los proveedores, están aquí como acusados; a algún Organismo Público, que sepamos hasta han aplaudido la actuación de Afinsa en todos estos años".

Por otro lado los Peritos, Sr. Limón y Sra. Rojo y también la Sra. Yabar, afirmaron que la contabilidad se veía perfectamente y que era correcta, naturalmente que lo hicieron en el contexto de defender sus tesis pero ahí están sus afirmaciones. Pero es que además, ningún cliente se hizo cliente porque analizó las cuentas anuales y con ello se le engañó, para nada, se hicieron clientes por miles de razones pero no por las cuentas anuales. Por tanto, aunque las cuentas anuales hubieran sido falsas, habría sido una falsedad con resultado inocuo. En resumen no hay estafa, no hay engaño en grado de bastante, ni menor, ni nada que se le parezca.

Hacemos ahora referencia a la insolvencia punible que creemos que sigue vistiendo y enfatiza, hace hincapié y refuerza todo nuestro planteamiento sobre la acusación ad hoc. Como muy bien ha dejado explicado nuestro compañero Alejandro Blázquez, se parte del resultado y se va hacia atrás. Dice el Ministerio Público: "...insolvencia punible por aplicación del artículo 260 del código penal vigente a la fecha de los hechos..." 

2006 imaginamos que es la fecha de los hechos pero lo completa a su antojo con legislación del 2015, es decir el Fiscal se monta su propio Código Penal, utiliza el verbo típico del 2015 completado con los verbos típicos del 2006. Y, señores del Tribunal, en el año 2006 hacía tres o cuatro ejercicios económicos que el Sr. Ballester no estaba en Afinsa. Puede alguien entender que a D. Emilio Ballester se le impute un delito de insolvencia punible cuando a la fecha de los hechos ni era Consejero, ni Directivo, ni Vocal, ni tenía ninguna responsabilidad en Afinsa. Eran otros que esta Sala conoce, pero por arte de "birlibirloque" es D. Emilio Ballester el acusado. ...¡oh! admirable coma..., termina repitiendo el Sr. Letrado.

No sabría esta defensa por dónde empezar a enumerar el sinfín de principios rectores que se están vulnerando, que se han vulnerado, pero para terminar este apartado sobre la insolvencia punible hacemos la siguiente reflexión: Si la contabilidad de Afinsa no ha tenido ningún reproche penal en los años 2003, 4, 5 y 6, cuando los Sres. de Cuatrecasas y el Sr. Olalde han seguido, escrupulosamente, los mismos principios y criterios que siguió D. Emilio Ballester, no existe contabilidad falsa y por tanto no existen acusados, pero en el período anterior, de 1998 al 2002, esa contabilidad era falsa y se acusa a D. Emilio Ballester del delito de insolvencia punible, sigue diciendo el autor de la crónica: Kafkiano.

Finaliza su intervención haciendo un repaso y adhiriéndose a las conclusiones de D. Alejandro Blázquez de quien destaca que es Catedrático de Derecho Tributario y Perito Judicial cuando así se le requiere; a las declaraciones de otros peritos como el de Granada, hace referencia al descrédito que merecen los Peritos Sr. Limón y Sra. Rojo, a la actuación de la Agencia Tributaria que en una primera Inspección dió por buena la contabilidad y posteriormente, vulnerando la doctrina de los actos propios, cambió el criterio y modificó la naturaleza mercantil de Afinsa por la de financiera, aunque en su declaración reconoció que, en caso de ser mercantil, la contabilidad estaba correcta. 

El Ministerio Fiscal manifiesta en su informe que D. Emilio Ballester sustituye el criterio del ICAC, en la consulta 7/91, por el suyo propio, a lo que decimos, primero que lo podía haber hecho si hubiera querido, porque el ICAC ya se ha dicho que no es fuente de derecho, es a título informativo, pero es que no lo hizo. Volvemos a insistir en los criterios, normativa y elementos de contabilización que existían en el año 98 y que siguió D. Emilio Ballester. Pero es que además, el ICAC jamás se ha pronunciado sobre la contabilidad de Afinsa, nunca. El único pronunciamiento que se hace es en el expediente sancionador del Auditor y lo hace de la siguiente forma: pudiendo sancionar por no haber imagen fiel, no sanciona, que es tanto como reconocer implícitamente y bendecir la contabilidad de Afinsa.

También hace mención el Ministerio Fiscal a las alegaciones que en su día presentó D. Emilio Ballester ante la Agencia Tributaria, en las que defendía el fondo económico de la operación. Pero lo hacía en el ejercicio de su profesión para conseguir una menor carga impositiva para la Empresa en la que trabajaba. ¿Y qué pasó con esas alegaciones?, pues que la Agencia Tributaria las rechazó de pleno. Pero no queda ahí la cosa, es que en las Sentencias que hemos citado de lo Contencioso Administrativo, confirman ese rechazo a las alegaciones de D. Emilio Ballester basadas en el fondo económico del asunto. Y por tanto confirman la NO deducibilidad de las provisiones. Eso es lo que al Ministerio Fiscal se le olvidó citar.

Es decir, que si en el año 98 hubiera sido una temeridad contabilizar de una manera distinta y más aún, conforme a los criterios de las tesis acusatorias, hoy lo seguiría siendo, con los pronunciamientos judiciales tan claros hoy día seguiría siendo una temeridad. En apoyo de nuestras tesis y aunque ya lo hemos citado antes, el despacho de Cuatrecasas, que no es un despacho pequeñito, mantuvo los mismos criterios contables. Si no había estafa después del año 2003, difícilmente podía haberla antes.

En lo que se refiere al elemento subjetivo no existe la falsedad contable imprudente, no entendemos cómo nadie puede ver dolo en todo lo que hemos analizado. D. Emilio Ballester actúa en la forma y manera que todos los elementos y criterios ya expuestos le obligan. A día de hoy no se ha acreditado que esos criterios fueran incorrectos. Además no se dice qué normas contables ha vulnerado. Criterios contables que únicamente son cuestionados y criticados por las tesis acusatorias basadas en el informe de la Agencia Tributaria, que lo hace vulnerando la doctrina de los actos propios y de unos peritos judiciales cuyos criterios han sido rechazados.

Pero además, en la Sentencia del Concurso, se rechaza expresamente el dolo en la actuación de D. Emilio Ballester. Por lo tanto, sin elemento objetivo difícil condena, pero es que sin elemento subjetivo, con mayor motivo. En definitiva, todas las tesis acusatorias y esto está recogido en nuestro Escrito de Conclusiones Definitivas, se basan en la consulta del ICAC, acompañada en formato de adorno con la de la D.G.T. y de la AECA. La cuestión del fondo económico sobre la forma jurídica y los compromisos de recompra contabilizados en el pasivo.

Todos estos temas los hemos tratado aquí; hemos desacreditado las tesis acusatorias; a nuestro modo de ver y siempre con vuestro mejor criterio (se refiere al Tribunal) solicitamos dictéis sentencia absolutoria y vamos a terminar con dos reflexiones: (cita un principio jurídico sobre realizar analogías de sentencias, hechos que ocurrieron o no, personas que estuvieron o no, justiciables que fueron o pueden serlo).

La segunda reflexión es que si D. Emilio Ballester hubiera seguido un criterio contable distinto al vigente del año 98, lo que hubiera pasado es que hoy estaríamos sentados aquí por los mismos delitos e incluso adicionalmente hasta por un I.V.A. millonario no ingresado. Por lo tanto estamos ante un rompecabezas cuya solución no obedece a criterios de lógica alguna. No queda bien parado el principio de seguridad jurídica, ni ………….constitucional de los Poderes Públicos lo que lastra gravemente la tesis acusatoria que se defiende, máximo a la luz de las responsabilidades garantistas que el artículo 773.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal le asigna a la Fiscalía.

Razón no le faltaba al ingenuo Alonso Martínez en su intento, todavía frustrado, (lee textualmente) de corregir los vicios crónicos de nuestro sistema judicial tradicional y de rodear al ciudadano de todas las garantías necesarias para que en ningún caso sean sacrificados los derechos individuales. Ruego dicten Sentencia Absolutoria. Dicho esto, y visiblemente emocionado abandona la sala el Letrado D. Javier Sáenz de Pipaón después de tan brillante alegato final.

Seguidamente toma la palabra el Letrado D. Esteban Mestre en representación de D. Joaquín Abajo y siguiendo el método utilizado para otras intervenciones, detallamos a modo telegráfico las partes más relevantes de su exposición.

Comienza oponiéndose a la solicitud de condena formulada por el Ministerio Fiscal y otras acusaciones, solicitando una sentencia absolutoria.

- Primero porque el relato de hechos en las que se basa esa petición de condena carecen de la necesaria claridad, concreción de hechos y fundamentos que permitan sostener ese contenido de condena.

- Segundo porque esos planteamientos de condena se sustentan en planteamientos inaplicables en nuestro ordenamiento jurídico, incompatibles con la jurisprudencia del Tribunal Supremo tal y como la experiencia forense enseña desde hace años.

 (el tercer lugar no nos es posible reproducirlo debido a los ruidos de sala, a la rapidez de verbo del letrado y que posiblemente se aleja del micrófono, haciendo inaudible su relato.)

- En cuarto lugar porque las peticiones de condena son inadmisibles por la estructura de los delitos penales que se le imputan.

- En quinto término por que las acusaciones no determinan o concretan los actos o autorías de hechos que serían imprescindibles para condenar a mi defendido.

- Finalmente porque en el relato de la secuencia de hechos, falta el elemento subjetivo de los delitos por los que se le acusa. 

Plantea cómo para unas acusaciones la empresa era financiera, para otras era mercantil y para el resto da igual lo que fuera. Destaca como el principio acusatorio se basaba en que la actividad era financiera y como ha ido cambiando ese criterio a medida que diversas sentencias y organismos han dictado firmes sentencias sobre la mercantilidad, la contabilidad y los contratos.

- Si cambiamos los presupuestos del inicio, deberían cambiar las consecuencias también y por tanto la consideración subjetiva y objetiva de las personas que están siendo objeto de acusación.

- Si nos vamos al tema sellos, se dice que son falsos, en otro caso manipulados, de alguna manera valorados de forma dudosa, pero en otro caso se dice que da igual que hubiera sellos, chapas o cromos. Señores, estamos ante una incoherencia sobre el bien objeto de la presunta estafa.

- Se habla de una estafa continuada y nosotros decimos, continuada desde cuándo. Todos los Contratos vencidos han sido atendidos, no ha existido ninguna reclamación por parte de ningún cliente y los que se han personado a través de las acusaciones particulares, lo han hecho a raíz de la intervención, nunca antes.

- En otro caso basan el concepto de estafa en que los sellos no se revalorizan. Pues bien, si los sellos se revalorizan o no, no es un hecho constitutivo de delito.

- Nos ha sorprendido como el Ministerio Fiscal utiliza una relación “trans-temporal” aplicando legislación de 2015 para hechos ocurridos en años anteriores a la fecha de la intervención. Estamos hablando de aplicación retroactiva de unos preceptos que se consideran más beneficiosos para determinados intereses.

- Recuerden sus señorías que en el primer apartado del Sr. Fiscal manifestó que: vamos a hablar de los hechos y ahí no salieron nombres, decía Afinsa hizo, Afinsa dijo, Afinsa realizó. Y en el siguiente apartado dijo vamos a individualizar. Y puso nombres y apellidos pero no vinculados a las conductas que él había señalado para Afinsa.

- Se presenta a los Comerciantes de Sellos con tono peyorativo. Alguna acusación ha llegado a llamarles “delincuentes” sin una sentencia que lo acredite. Parece pretenderse que la Sala tome conciencia de que, quien con sellos comercia, investigado debe ser.

- En Derecho penal tiene que haber una autoría, que a su vez genere un daño y que exista un perjudicado por ese daño, que esa conducta sea dolosa y se pueda aplicar alguno de los delitos que se recogen.

- Se relatan una serie de estafas y sentencias de empresas filatélicas a las que se pretende, por analogía, comparar con Afinsa y el resultado es que ninguno de esos episodios eran empresas con soporte en sellos, o no tenían estructura empresarial o incluso por no tener no tenían ni cuentas corrientes y pagaban hasta que se dieron a la fuga o se les acabaron los ingresos.

Continua el Sr. Letrado haciendo una disertación muy experimentada y llena de datos concretos, artículos y leyes específicas y toda una gama de argumentos jurídicos bien fundamentados para determinar la inconsistencia de las acusaciones individuales y de las tesis del Fiscal, tanto en lo que se refiere a la cusa general de los imputados como, especialmente, en la defensa de D. Joaquín Abajo. Manifiesta que "los mismos hechos no pueden ser y dejar de ser al mismo tiempo; eso no tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico". (Lo que nosotros hemos denominado en otros artículos “soplar y sorber” al mismo tiempo por parte de una justicia irracional). 

Otra afirmación que realiza es: las suposiciones no tienen cabida en nuestro derecho penal a los efectos de imputar delitos.

En algún momento de su intervención deja en evidencia al Sr. Fiscal -posiblemente no se atrevió a decir que “mintió”-, pero dejando claro que no se ciñó a la verdad, cuando testigos y en concreto los propios peritos judiciales afirmaron lo contrario de lo que luego sostuvo el Ministerio Público en su informe respecto de las responsabilidades del Sr. Abajo en Afinsa. Termina pidiendo la sentencia absolutoria con todos los pronunciamientos favorables para D. Joaquín Abajo.

Se levanta la sesión por parte de la Sra. Presidenta y convoca para el día 8 de junio a las 10,00 horas.

Y con esta crónica, aunque la última del día 8 ya fue publicada en su momento, damos por terminados estos relatos de lo que, de forma resumida, han supuesto estas jornadas del Juicio contra los imputados de Afinsa, deseando, al igual que todos los letrados defensores, que la Sentencia sea Absolutoria en toda su extensión y sin reservas y aprovechamos para agradecer, una vez más, a todos los lectores sus palabras de reconocimiento y ánimo por esta pequeña aportación para los que no han podido asistir en persona. De verdad que ha sido un placer, a pesar de los errores, de los retrasos y de alguna que otra omisión involuntaria, estar junto a vosotros en esta recta que deseamos sea la recta final. 

También queremos dejar constancia de la gran satisfacción que ha supuesto conocer, tratar, apreciar y estimar a todo un conjunto de personas, letrados, imputados, compañeros de Afinsa y familiares, que a lo largo de estos meses nos han ilustrado con sus conocimientos, impactado con sus sufrimientos, ayudado con su agradecimiento y, en definitiva, creando un lazo afectivo de los que duran para siempre.     

Muchas gracias a todos, un fuerte abrazo y los mejores deseos de éxito en todos los ámbitos de la vida.

NOTA DE C.A.

Sencillamente, brillante, Eduardo. Tanto los letrados de la defensa como tus crónicas, que han reflejado a la perfección, y de manera prácticamente literal, lo argumentado por las defensas.

¡Chapeau! Eduardo.  Nadie podría haber relatado lo sucedido mejor que tú, querido amigo.

Agradecid@s siempre.

Mila.