La juez Alaya arremete duramente contra la clase política.

 Todos mis respetos para usted, señora.

La jueza Mercedes Alaya ha arremetido duramente contra el poder político, que a
 su juicio trata de politizar al poder judicial y protagoniza preocupantes injerencias
 en la Fiscalía, hasta el punto de que "la independencia del poder judicial se está 
tambaleando de manera extremadamente grave".

"A medida que más casos de corrupción hay, más cortapisas nos ponen 
a los jueces para luchar contra ellos" ha dicho la magistrada en una conferencia
 en el Ateneo de  Madrid, en la que se ha mostrado especialmente crítica 
con el Gobierno y el poder político y en la que ha tachado a la Fiscalía
 como "el representante del Gobierno".

 Alaya cree que "la mayor injerencia política" en los procedimientos judiciales radica 
en la elección del fiscal general del Estado y de otros altos cargos judiciales por el 
Gobierno, que "no son elegidos por criterios objetivos sino porque son más dóciles 
a los partidos políticos".

No ha mencionado la magistrada la dimisión del fiscal jefe Anticorrupción, Manuel 
Moix, aunque sí que se ha cuestionado "cómo es posible que pudiera tener esa 
sociedad en un paraíso fiscal" cuando los jueces no pueden "tener 
absolutamente ninguna participación en ninguna sociedad".

Sí que ha dicho que la actuación de Moix en el caso Lezo, donde se negó a 
practicar un registro, es prueba de "la falta de independencia e imparcialidad
 del Ministerio Fiscal" aunque ha valorado positivamente que finalmente se 
saldase con la "valentía" de los fiscales del caso que discreparon con Moix y 
convocaron a la junta de fiscales.

Pese a que no ha querido criticar a los representantes del Ministerio Público, 
se ha mostrado contraria a que se hagan cargo de la instrucción como quiere
 el Gobierno, algo que solo podría plantearse con "un fiscal absolutamente 
independiente".

La jueza de la Audiencia Provincial de Sevilla ha señalado que "se 
está tratando de politizar absolutamente al poder judicial" y que "los poderes
 públicos venden a bombo y platillo leyes para agilizar la Justicia, que en realidad
 lo único que ponen son más cortapisas y amarres a los jueces para luchar contra
 los delitos contra la Administración y para coartar la independencia judicial".

Y aunque ha defendido la independencia de los magistrados, Alaya ha 
apuntado que en estas condiciones "el camino está servido para que el 
poder político robe al judicial su principal fuente de legitimación (...) que es 
controlar al poder ejecutivo".

Por eso, la acusación popular "hace más falta que nunca" porque es la "la 
única salida para la permanencia y pervivencia de los procedimiento judiciales".

La magistrada, conocida por haber instruido el caso de los ERE de 
Andalucía, también ha arremetido contra algunas medidas estrella del 
Ejecutivo como su voluntad de eliminar el papel en los juzgados, algo 
que ha tachado de "inútil", o su intención de suprimir las macrocausas, 
lo que a su juicio es imposible.

Es necesario, ha reivindicado Alaya, que se dote al poder judicial
 de independencia presupuestaria para evitar que los altos cargos "tengan 
que estar al calor de los partidos políticos" o "limosneando fondos", 
así como el fin de las puertas giratorias.

También ha propuesto la existencia de un Consejo General del Poder Judicial 
"despolitizado", un Ministerio Fiscal "sin injerencias" y un pacto de estado por 
la Justicia.

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