domingo, 25 de mayo de 2014

Ajuste de cuentas en la Audiencia Nacional.

Aunque haya patinado con relación a nuestro caso en más de una ocasión -atribuyámoslo a la falta de conocimiento del trasfondo que esconde la  intervención- hay que reconocer que la columna de Carlos Sanchez (El Confidencial), está "sembrada", que diría un gaditano que yo me sé.

¡¡Buen repaso el que hace el columnista al sistema que ampara a los togados "super-star" de la A.N.!! 

Lástima. Mucho me malicio que su agudeza de análisis se quedará tan solo en eso. No servirá de nada.

Buen día para todos.
M.

Ajuste de cuentas en la Audiencia Nacional

Baltasar Garzón. (Efe) 
Baltasar Garzón. (Efe)
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La Fundación Internacional Baltasar Garzón -que así se llama- ha montado durante tres días el I Congreso de Jurisdicción Universal. La noticia no tendría mayor importancia -el exjuez sigue cultivando su regreso a la arena política mediante un culto a la personalidad desconocido desde Kim Il-Sung- si no fuera porque un asunto tan transcendental ha derivado en una rebelión de los jueces de la Audiencia Nacional.
No es de extrañar teniendo en cuenta la chapucera reforma legislativa del Gobierno, quien plegándose a los intereses de China -sin apenas debate parlamentario y por la vía de máxima urgencia pese a tratarse de una ley orgánica-  les ha birlado sus competencias en materia de delitos de especial gravedad, como el genocidio o los crímenes de lesa humanidad cometidos fuera del territorio español. Además de la persecución de delincuentes en aguas extraterritoriales.

Zapatero lo intentó hace cinco años de una forma más timorata y al final todo quedó en agua de borrajas. Pero en todo caso, la reforma evoca aquello que dijo Churchill de Chamberlain tras firmar los acuerdos de Munich ‘Queríais paz sin honra, y ahora no tenéis ni paz, ni honra’. China continuará despreciando los derechos humanos y comprando deuda pública española. Mientras que el ministro Gallardón -padre de la criatura- seguirá durmiendo con la conciencia tranquila.

El hecho de que cinco de los seis magistrados hayan arremetido contra el Ejecutivo -hasta el fiscal Torres-Dulce cuestionó el procedimiento elegido- tampoco tendría mayor transcendencia si no fuera porque estamos ante lo más granado del sistema judicial, al menos en términos mediáticos. Y no parece razonable que los jueces encargados de instruir los asuntos más delicados -terrorismo, narcotráfico o delincuencia internacional organizada- estén a la greña con el Gobierno de la nación. Aunque sea sólo por razones estéticas. Sobre todo cuando son ellos mismos quienes investigan al PP por el ‘caso Bárcenas’ y la Gürtel. Y no es que no le falte razón al Ejecutivo para limitar las competencias de la Audiencia Nacional en este asunto. Pero en derecho, la forma es tan importante como el fondo.

Habrá quien piense que el meollo del asunto está en el carpetazo a la jurisdicción universal ignorando clamorosamente el principio de irretroactividad de la ley penal, pero aguas arriba hay que situar el conflicto en la propia existencia de la Audiencia Nacional, a quien el tiempo se le ha echado encima y necesita de forma urgente una refundación

Ladrillo a ladrillo
Y es por eso que no estará de más recordar que la Audiencia Nacional se creó por un Real Decreto de enero de 1977, en plena vorágine terrorista. Precisamente, cuando se estaba desmantelando ladrillo a ladrillo el Estado franquista y sus órganos judiciales excepcionales. Nacidos, obviamente, para reprimir la democracia, como el Tribunal de Orden Público (TOP). Y aunque es verdad que los asuntos del TOP fueron desviados a los juzgados ordinarios, lo cierto es que la Audiencia Nacional es heredera de la jurisdicción militar, que hasta los primeros días de 1977 era quien entendía de los delitos de terrorismo, un empeño del teniente general Gutiérrez Mellado.

Es sabido que por aquella época no existían instrumentos eficaces capaces de garantizar la imparcialidad y la independencia judicial para luchar contra el terrorismo en el País Vasco, y por eso el legislador se vio obligado a echar mano de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, que habilitaba la posibilidad de crear jueces de instrucción ‘especiales’. Lo paradójico es que menos de dos años después, la propia Constitución prohibió de forma taxativa los tribunales de excepción y se inclinaba de forma diáfana por el juez ordinario predeterminado por la ley.

Desoyendo este principio, la Audiencia Nacional siguió funcionando. Sin duda porque el martillo terrorista continuaba golpeando y tampoco existían juzgados especializados para la luchar contra la delincuencia económica internacional o las organizaciones mafiosas. Sin embargo, con el fin del terrorismo -que no de ETA-, todo ha cambiado. Pero no parece que el Gobierno se dé por aludido.

La Audiencia Nacional sigue hoy actuando como un macrojuzgado (funciona como cualquier Audiencia provincial) sin atender al principio que le dio vida, que no es otro que la especialización. Hasta el punto de que sus jueces no son nombrados por sus conocimientos en la materia -principalmente los de naturaleza económica- sino por antigüedad, lo cual va contra toda lógica. Si lo que se busca es la especialización, lo razonable, como dice la magistrada Margarita Robles, es que se busque a los mejores y no se tenga en cuenta únicamente el número de años en la carrera judicial. Algo que explica que individuos como el inefable juez Moreiras investigara en su día cuestiones de las que no tenía ni idea.

El pecado original
Este pecado original de la Audiencia Nacional -con un indudable mérito de sus funcionarios durante los años de plomo del terrorismo- es todavía más patente si se tiene en cuenta que sus jueces no disponen de peritos propios o de una verdadera policía judicial independiente del poder político, por lo que el papel de la Udef y otras unidades especializadas en delitos económicos o fiscales está fuertemente contaminado por el inquilino temporal del Ministerio de Interior o de Hacienda.

Un puñado de ‘jueces estrella’ -con enorme capacidad de presión- tiene en vilo al país y se ha atrincherado en la plaza de la Villa de París como si se tratara de un cortijo particular, como bien se pudo observar durante la despedida de Garzón tras ser expulsado de la carrera judicial, toda una fiesta del corporativismo gremial. Incluso se llega al absurdo de que las comisiones rogatorias internacionales deban tramitarse a través de los ministerios de Justicia y Asuntos Exteriores, lo que convierte a ambos departamentos en intermediarios del procedimiento, algo incompatible con la necesaria independencia judicial. Y las cuentas secretas de Bárcenas en Suiza son un buen ejemplo de esta incongruencia. El Gobierno sabía antes que el juez de la existencia de cuentas en el extranjero. Ni siquiera sus funcionarios son elegidos por criterios de especialización, lo que convierte los argumentos de quienes respaldan el mantenimiento de la Audiencia Nacional en un artificio.

Hoy el tráfico organizado de moneda, drogas y estupefacientes, la existencia de grupos que, “bajo apariencias de seriedad empresarial, defraudan a una pluralidad de personas”, los supuestos “especialmente nocivos de fraudes alimenticios o de sustancias farmacéuticas o medicinales”, como sostiene el decreto ley, son delitos perfectamente perseguibles por tribunales ordinarios capaces de agrupar toda la instrucción en un solo procedimiento, aunque los delitos se produzcan en varios territorios. Admitir lo contrario es lo mismo que asumir que unos ciudadanos son juzgados por magistrados de primera y otros por jueces de segunda. ¿O es que los jueces Alaya o Castro no hacen el mismo trabajo que Ruz cuando investiga la financiación del PP? De hecho, nada impide que un juzgado se especialice en justicia universal y en la persecución de delitos espacialmente espeluznantes como el genocidio. Pero una cosa es la especialización y otra muy distinta la excepcionalidad que necesariamente crea monstruos judiciales en un mundo cada vez más mediático. De hecho, la lucha contra criminalidad organizada y la coordinación se hacen en otros países con igual de eficacia que en España y no existe la Audiencia Nacional.

Otra cosa bien distinta es que se quiera concentrar todos los asuntos en una sola instancia para que el Gobierno de turno tenga mayor capacidad de influencia sobre el colectivo. No es lo mismo controlar a 5.000 jueces que a media docena. Es más fácil influir es un espacio cerrado que correr el riesgo de que determinados asuntos caigan en jueces periféricos y por lo tanto, incontrolables para el poder político. No extraña, por eso, la magnífica relación que históricamente han tenido los jueces con el Ministerio del Interior, independientemente de su titular. Pero demasiado poder acaba por explotar. Y eso es lo que está sucediendo.

5 comentarios:

  1. Nada ocurre por azar y si la situación ha llegado a estas alturas, ha sido precisamente por y para poder ejercer mejor control sobre el sistema judicial, ya que el poder ejecutivo, arma puntera de la que se vale la gran banca, no podría someter a control a los innumerables juzgados de 1ª instancia, por eso mejor aglutinarlos en pocos especímenes para así ejercer mejor control sobre ellos y la prueba la vemos de vez en cuando en casos de "díscolos" jueces que cuando no siguen las directrices marcadas, son el resto de sus congéneres quienes se encargan de apartarlos del cubo de basura que conforma todo este conglomerado que solemos llamar "Sistema Judicial".
    Tenemos casos como el de Gómez de Liaño, Garzón y últimamente Elpidio, por citar a los más recordados.
    ¿Por qué hay que elegir a los responsables de las Audiencias Provinciales y no al resto de jueces de 1ª instancia? Porque así cuando los segundos emiten un juicio sobre un tema, pero hay un recurso, luego son estos "responsables" los que tienen la facultad de emitir el veredicto que será el de obligado cumplimiento.

    Cómo ejemplo de esto, tenemos las múltiples condenas que está sufriendo la banca por el tema de las preferentes, casi todas ellas (por no decir todas, al menos en el caso de Bankia) están siendo recurridas y tendrán que dirimirse en las Audiencias Provinciales. Y aquí viene la pregunta: ¿Quienes tienen la facultad de elegir a estos responsables de dichas Audiencias?

    Ya sabemos cómo cada partido que llega al poder, lo primero que tratan de hacer es nombrar a "sus jueces" y a resulta de esto así nos va. ¿Y qué es la Audiencia Nacional? Para mí, el cúmulo de todo este bodrio en que se ha convertido lo que debiera ser "Un sistema Judicial Independiente".

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    1. NO PUEDO ESTAR MAS DE ACUERDO CONTIGO, JOSANPE .
      SALUDOS DE SOLIS.

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  2. Aquí expongo un ejemplo en forma de opinión (que inserté en otro foro) sobre un caso particular y que describe a la perfección los “males” que expone el columnista de este artículo:
    Ha aprovechado el señor Miguel Blesa su cita (como testigo) en el juicio que se sigue contra el juez que lo encarceló para declararse indignado por el trato recibido. Tal queja merece algunas consideraciones.
    1.- Es indignante que Miguel Blesa, el amigo al que Aznar colocó en la presidencia de Caja Madrid y cuya gestión ha provocado el mayor agujero de la banca española tapado con dinero público, se queje en sede judicial del “sufrimiento personal y familiar” y del daño causado a su “prestigio profesional”.
    2.- Es indignante que el presidente del tribunal, Arturo Beltrán, aplique escrupulosamente la norma y no la sensibilidad al expulsar de la sala y multar con 100 euros a una señora preferentista que ha estallado al escuchar los lamentos de Blesa: “¿Y lo que hemos sufrido los demás?”, se ha preguntado la expulsada, al tiempo que otros asistentes gritaban “¡80.000 euros me robó a mí ese criminal!”
    3.- Es indignante que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya decidido no admitir como prueba los más de 8.000 correos electrónicos cruzados entre directivos de Caja Madrid, incluido Miguel Blesa, algunos de los cuales demostraban que la cúpula del banco conocía desde 2006 que las preferentes eran un producto arriesgado y tramposo, pese a lo cual se continuó con su promoción y venta durante años.
    4.- Es indignante que la maquinaria judicial funcione a un ritmo frenético cuando se trata de juzgar a un juez que presuntamente prevaricó al encarcelar al banquero y lleve la velocidad de un paquidermo cuando se trata de juzgar a los banqueros que por acción o por omisión se fumigaron los ahorros de decenas de miles de clientes.
    5.- Es indignante que uno de los tres miembros del tribunal encargado de juzgar al presunto juez prevaricador sea una magistrada que fue consejera de la Asamblea de Caja Madrid bajo el mandato de Miguel Blesa como presidente.
    6.- Es indignante que esa magistrada y ex teniente de alcalde de Madrid con el PP (al margen de su capacidad o prestigio en la carrera judicial) no albergue la menor duda de que su paso por Caja Madrid no sea causa para abstenerse en este asunto.
    7.- Es indignante que sus compañeros de tribunal tampoco alberguen la más mínima duda de que esa vinculación pueda contaminar la causa que juzgan.
    8.- Es indignante que los mismos medios de comunicación que consideraron absolutamente ilegítimo (por ejemplo) que Baltasar Garzón investigara la corrupción de la Gürtel y el PP tras haber ejercido un cargo con el PSOE permanezcan ahora mudos en el caso de la juez, exconsejera de la asamblea de Caja Madrid y ex concejal ‘popular’ María Tardón.
    9.- Es indignante la desproporción entre la contundencia del tribunal y de la fiscalía ante los trucos procesales que utiliza Elpidio Silva en su defensa y la parsimonia y “paciencia franciscana” con la que habitualmente se aceptan los permanentes trucos procesales de banqueros y evasores fiscales asesorados por los mejores y más caros bufetes jurídicos del país.
    10.- Es indignante que el Consejo General del Poder Judicial tenga la piel tan fina cuando se trata de amparar a determinados jueces y tan gruesa a la hora de permitir presiones y tratos discriminatorios clamorosos.
    P.D. No es que sea indignante sino simplemente triste que un ejemplo tan evidente de desigualdad ante la ley tenga por protagonista a alguien como Elpidio José Silva, cuya incontinencia y vanidad le han llevado a desperdiciar mil oportunidades de estar callado, y cuya ambición política inmediata introduce sombras en la credibilidad de una actuación valiente.

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  3. Buenos días Mila, puedes comentar algo de esta noticias?, desmentirla, por favor,


    Afinsa vende sellos que valoró en 1,3 millones por 13.810 euros

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  4. A todos los que han provocado , con tan mala fe, la ruina economica de Afinsa y Forun; al paredon JODER

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