miércoles, 28 de mayo de 2014

EL MINISTERIO DEL INTERIOR, BAJO SOSPECHA Anticorrupción desembarca en el 'caso Interligare' y lo reactiva pidiendo nuevas imputaciones.

Parece que a Rubalcaba se le ponen los ángeles de espalda.  Bien. 

Ya que estamos en línea de investigar a personajes como Rubalcaba y Miguel Sebastian (no perdamos de vista tampoco a Vegara y Ocaña, Secretarios de Estado de Economía y Hacienda,  a los que parece que se ha tragado la tierra y no se comen una rosca, pero que se las traen de calle), no estaría de más que la Fiscalía especial atendiese la denuncia presentada por clientes de Afinsa y Forum en la que solicitan la apertura de una investigación con relación a la intervención de las filatélicas. 

¿Apostamos a que no mueven un dedo? 

EL MINISTERIO DEL INTERIOR, BAJO SOSPECHA

Anticorrupción desembarca en el 'caso Interligare' y lo reactiva pidiendo nuevas imputaciones

Dos representantes de la Fiscalía especial sustituyen a una compañera de Madrid en la investigación de las irregularidades en Interior en la época de Rubalcaba y cuatro días después piden al juez nuevas diligencias. La causa, que estuvo meses paralizada, acumula ya una docena de implicados. 
Nacional | 27-05-2014

La Fiscalía Anticorrupción ya está en el 'caso Interligare', el sumario que investiga las supuesta existencia de una red corrupta para amañar contratos públicos con conexiones en el Ministerio del Interior en la época de Alfredo Pérez Rubalcaba y su sucesor, Antonio Camacho. El pasado 16 de mayo hacía su entrada en el Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid un escrito del máximo responsable de esta Fiscalía especial, Antonio Salinas, en el que éste comunicaba al magistrado Juan Antonio Toro que a partir de ese momento serían dos miembros de su equipo los que ejercerían la función del Ministerio Público en sustitución de la compañera de Madrid que participaba desde que se abrió la causa en 2011. El motivo alegado es que en el sumario se están investigando delitos de "tráfico de influencias y cohecho", que "son competencia de esta Fiscalía Especial".
Anticorrupción ha pedido que declare como imputada la fundadora de Interligare, quien llegó a ser candidata del PP a las elecciones municipales de 2011 en la localidad madrileña de Aranjuez
La entrada de Anticorrupción no ha tardado en notarse. Sólo cuatro días después de que se comunicase formalmente al Juzgado la identidad de los dos fiscales que se hacían cargo del caso, éstos presentaban ante el juez Toro un escrito en el que pedían que se citase a declarar "en calidad de imputadas" a dos personas. Con ellas ya son una docena el número de implicados en una causa que en los últimos meses ha recibido un impulso considerable tras inhibirse la magistrada de Aranjuez (Madrid) que la abrió y que durante meses la mantuvo bajo secreto y prácticamente paralizada. En concreto, los fiscales han pedido ahora que se llame a Jacqueline Tibisay Moro Albacete, la persona que figura como creadora en 2004 de la empresa Interligare, que está en el epicentro de la investigación. Ésta mujer, que fue candidata a las elecciones municipales de 2007 por el PP en Aranjuez (Madrid), presidió la compañía hasta 2009, según consta en el Registro Mercantil. Entonces cedió su cargo a su marido, José Luis Martín Juárez, también imputado en la causa.

La segunda persona que Anticorrupción pide que comparezca es Alexandre Hermida Mondelo, directivo de la misma compañía desde la creación de ésta hasta junio de 2010. Hermida había sido señalado en la investigación casi desde el comienzo, cuando los primeros informes policiales le señalaban como el directivo de Interligare que recibía supuestamente de altos cargos de la Secretaría de Estado de Seguridad los pliegos con las prescripciones técnicas de los concursos públicos con el objetivo presuntamente de que los adaptara a las características de Interligare y, así, esta empresa lograra la adjudicación de millonarios contratos. El juez Toro ha aceptado la petición de Anticorrupción y ya ha citado a ambas personas para el próximo 30 de mayo dentro de un bloque de diligencias que ha puesto en marcha en los últimos meses y que han permitido reactivar un caso que parecía atascado hasta comienzos de 2014.

Tres mandos policiales
De hecho, el caso Interligare tiene ya dos años y medio de vida. Se inició el 3 de noviembre de 2011, cuando agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía presentaron una diligencia informe en los juzgados de Aranjuez, localidad del sur de Madrid donde tiene su sede Interligare, en el que acusaba a tres ex altos cargos de Interior de haber falseado documentos oficiales de Hacienda y la Seguridad Social para ocultar las deudas que la compañía tenía con ambos organismos y así poder contratar con el Ministerio y otros organismos públicos. Con aquella entrega de documentación, los miembros de la UDEF solicitaron ya entonces a la magistrada que dictase una orden de detención contra los tres acusados.

Sin embargo, la juez hizo oídos sordos a la petición e, incluso, intentó apartarse del caso. De hecho, el 17 de noviembre de 2011, sólo dos semanas después de recibir la denuncia, se inhibió a favor de los juzgados de instrucción de la Plaza de Castilla. Éstos le devolvieron la causa el 2 de diciembre, y la magistrada recurrió la decisión a la Audiencia Provincial de Madrid, que falló que era la magistrada de Aranjuez quien debía hacerse cargo de la investigación. Tan pronto como la denuncia volvió a su juzgado, ésta decretó el secreto de sumario, situación en la que se mantuvo durante meses. El caso se convirtió durante todo este tiempo en una pelota caliente que no quería ningún juzgado, hasta que finalmente, a comienzos de este año, el decanato de los Juzgados de Plaza Castilla ordenó que fuera finalmente el juez Toro, que también lo había rechazado, quien se hiciera cargo de él.

Cinco líneas de investigación
Desde entonces, el magistrado ha ordenado numerosas diligencias de investigación que han logrado reactivar la causa. Así, ha puesto en marcha pesquisas específicas para investigar al menos cinco contratos públicos adjudicados a Interligare. Tres se refieren, precisamente, al departamento que ahora dirige Jorge Fernández Díaz. El primero de éstos era para la instalación de un "sistema integrado de análisis y producción de Inteligencia para la Comisaría General de Información de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil", un proyecto al que Interior destinó 928.000 euros. El segundo era "una herramienta de monitorización, captura y tratamiento en tiempo real de ficheros multimedia, medios audiovisuales y señales de medios de comunicación para el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA)" en el que se invirtieron 696.000 euros. El tercero iba destinado a la Secretaria de Estado de Instituciones Penitenciarias y consistía en "un sistema integral de inteligencia y vigilancia de internos". Fue adjudicado en julio de 2009 por un importe de 809.000 euros. En total, 2,4 millones de euros gastados en unos sistemas antiterroristas que, según las declaraciones de los policías que debían haberlos utilizado para su trabajo, resultaron fallidos.
El juez Toro investiga el supuesto amaño de tres adjudicaciones de Interior, una de la Audiencia Nacional y otra de un organismo dependiente de Industria a la empresa Interligare
Además, ha puesto bajo sospecha una base de datos sobre fallecidos durante el franquismo que Interligare elaboró para la Audiencia Nacional en 2008 a instancias del entonces juez Baltasar Garzón por un importe de 100.000 euros. El testimonio de una de las empleadas de la empresa que da nombre al caso aseguró ante la Policía que dicha base de datos se limitó a recoger una simple “horquilla de víctimas del franquismo” cuya utilidad fue nula y que, además, los pagos se derivaron a una segunda empresa para que no figurara Interligare, con deudas entonces en la Seguridad Social. El magistrado ordenó entonces a los agentes intervenir la documentación que esta trabajadora decía poseer en un ordenador portátil sobre esta adjudicación y tomó declaración a dos directivos de sendas compañías bajo sospecha. Uno de ellos era Martín Juárez, el esposo de la mujer a la que ahora Anticorrupción ha propuesto interrogar como imputada.
La quinta línea de investigación se centra en las supuestas irregulares de la subvención de 2,4 millones de euros que Interligare recibió en 2008 por parte del Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) cuando éste dependía del Ministerio de Industria y su titular era el socialista Miguel Sebastián. Ese dinero debía servir para llevar a cabo el llamado 'proyecto Tizona', con el que se pretendía crear "una base de datos estratégicos para empresas". La empresa bajo sospecha, que se presentaba como una compañía pionera en investigación, diseño y desarrollo de sistemas y tecnologías aplicadas a la disciplina de inteligencia, comparaba dicha estructura con la que pudieran tener las grandes agencias de inteligencia gubernamentales, como la CIA y el CNI, pero en este caso para uso empresarial. El proyecto resultó finalmente fallido y el juez indaga ahora todos los detalles del mismo, entre ellos si el Ministerio de Economía reclamó a la mercantil bajo sospecha alguna de las cantidades que recibió de la millonaria subvención.




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CORRUPCIÓN EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR

'Caso Interligare': el juez investiga subvención de 2,4 M. al fallido proyecto de un 'CNI empresarial'

El magistrado que instruye el sumario sobre una presunta trama de corrupción en Interior reclama al Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial información sobre la ayuda concedida al 'proyecto Tizona', que pretendía crear una base de datos estratégica para empresas.
Nacional | 28-04-2014

El exministro de Industria, Miguel Sebastián, de quien dependía el CDTI cuando éste concedió la subvención bajo sospecha.
El exministro de Industria, Miguel Sebastián, de quien dependía el CDTI cuando éste concedió la subvención bajo sospecha.
 
El 'caso Interligare', que investiga las supuesta existencia de una red corrupta para amañar contratos públicos con conexiones en el Ministerio del Interior en la época de Alfredo Pérez Rubalcaba y su sucesor,Antonio Camacho, no deja de crecer. Después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid, Juan Antonio Toro, se hiciera cargo del caso a comienzos de este años tras inhibirse la magistrada que inició el sumario, la investigación ha registrado un importante impulso que incluye la apertura de nuevas líneas de investigación. La última, a finales de la semana pasada, cuando el instructor dictó una provindencia a la que ha tenido acceso este diario por la que ordena recabar abundante documentación sobre la concesión a la empresa que da nombre al caso de una subvención en 2008 de 2,4 millones de euros por parte del Centro para el Desarrollo Teconológico e Industrial (CDTI) cuando éste dependía del Ministerio de Industria y su titular era el socialista Miguel Sebastián. Ese dinero debía servir para llevar a cabo el llamado 'proyecto Tizona', con el que se pretendía crear "una base de datos estratégicos para empresas".
El 'proyecto Tizona' pretendía crear una base de datos a imagen y semejanza de las utilizadas por los servicios secretos pero para uso empresarial
De este modo, el caso sobrepasa el Ministerio del Interior, al que parecía ceñirse, entre otras cosas, por las vinculaciones que Interligare SL tenía con tres ex altos cargos del departamento: Gabriel Fuentes, ex comisario general de Información; Miguel Ángel Fernández Rancaño, ex jefe superior de Policía de Madrid, y el comisario Luis Luengo, ex director de Infraestructuras de Interior. El juez, que con esta decisión recoge la petición que la Fiscalía Anticorrupción le había hecho unos días antes, quiere saber si cuando el CDTI concedió a la pequeña compañía la millonaria ayuda, esta empresa especializada en 'sistemas de inteligencia' estaba al corriente de pago de sus "obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social", requisito imprescindible para recibir este tipo de subvenciones públicas.

Además quiere conocer al detalle qué "personal participó o estaba previsto que participara", sus identidades completas así como el tiempo que intervino cada uno en el proyecto, cuántas horas le dedicaron y cuáles eran sus funciones concretas. El juez también quiere tener en su poder la documentación que Interligare presentó para optar a la ayuda y si el organismo entonces dependiente de Industria, y que actualmente está adscrito al Ministerio de Economía, le ha reclamado alguna de las cantidades que le entregó por el fallido proyecto Tizona. El juez también ha citado a declarar como imputado el próximo 14 de mayo al presidente de Interligare, José Luis Martín Juárez, al que acusa de un delito contra la Hacienda pública.

El programa ahora bajo sospecha había sido presentado en 2008 como un proyecto innovador del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO, también dependiente del Ministerio de Industria) por el que se iba a diseñar y crear una base de datos estratégicos para comercializar a las grandes empresas a nivel mundial ya que permitiría cruzar y analizar cualquier tipo de información, desde listados ¡de sociedades, a archivos de audio, imágenes tomadas por radares o fotografías. Interligare, que se presentaba entonces como una compañía pionera en investigación, diseño y desarrollo de sistemas y tecnologías aplicadas a la disciplina de inteligencia, comparaba dicha estructura con la que pudieran tener las grandes agencias de inteligencia gubernamentales, como la CIA y el CNI, pero en este caso para uso empresarial. Para su puesta en marcha, Interligares iba a trasladar su sede en Aranjuez (Madrid) al centro tencológico que Inteco tenía en León.

Tres proyectos de Interior y uno de Garzón
El proyecto Tizona, sin embargo, nunca se llegó a realizar y el juez quiere saber qué pasó con el dinero que el Estado invirtió en él. Con éste, ya son al menos cinco los contratos públicos concedidos a la empresa sospechosa que investiga el juez Toro. Tres de ellos corresponden a adjudicaciones del propio Ministerio del Interior y el cuarto, a una base de datos sobre fallecidos durante el franquismo que se elaboró para la Audiencia Nacional en 2008 a instancias del entonces juez Baltasar Garzón por un importe de 100.000 euros. Estas cuatro líneas de investigación siguen abiertas. De hecho, en la misma providencia en la que el magistrado solicita la abundante información sobre el proyecto Tizona al CDTI, también reclama a Interior que le remita la documentación técnica que en su día presentaron los responsables de Interligare para justificar que su compañía era la única que "podía suministrar todos los productos requeridos para la ejecución" de los tres contratos destinados a la lucha antiterrorista que encargó.
El juez también ha reclamado ahora a Interior nuevos datos sobre tres contratos adjudicados a Interligare por un importe superior a los 2,4 millones de euros
El primero de éstos era para la instalación de un "sistema integrado de análisis y producción de Inteligencia para la Comisaría General de Información de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil", un proyecto al que Interior destinó 928.000 euros. El segundo era "una herramienta de monitorización, captura y tratamiento en tiempo real de ficheros multimedia, medios audiovisuales y señales de medios de comunicación para el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA)" en el que se invirtieron 696.000 euros. El tercero iba destinado para Secretaria de Estado de Instituciones Penitenciarias y consistía en "un sistema integral de Inteligencia y vigilancia de internos". Fue adjudicado en julio de 2009 por un importe de 809.000 euros. En total, otros 2,4 millones de euros gastados en unos sistemas que, según las declaraciones de los policías que debían haberlos utilizado para su trabajo, resultaron fallidos.

Desde 2011
El caso Interligare se inició hace ya 28 meses. En concreto, el 3 de noviembre de 2011, cuando agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía presentaron una diligencia informe en los juzgados de Aranjuez, localidad del sur de Madrid donde tiene su sede la empresa Interligare, en el que acusaba a los tres altos cargos de Interior de haber falseado documentos oficiales de Hacienda y la Seguridad Social para ocultar las deudas que la compañía tenía con ambos organismos y así poder contratar con Interior y otros ministerios. Fuentes y Rancaño trabajaban en la citada compañía, y Luengo tenía dos hijos en la empresa, además de ser el encargado de firmar las concesiones en el Ministerio.
La magistrada que abrió el caso lo mantuvo durante meses en secreto mientras intentaba a toda consta inhibirse en otro juzgado. Al final lo consiguió
Con aquella entrega de documentación, los miembros de la UDEF solicitaron ya entonces a la magistrada que dictase una orden de detención contra los tres acusados. Sin embargo, la jueza hizo oídos sordos a la petición e, incluso, intentó apartarse del caso. De hecho, el 17 de noviembre de 2011, dos semanas después de recibir la denuncian, se inhibió a favor de los juzgados de instrucción de la Plaza de Castilla. Éstos le devolvieron la causa el 2 de diciembre, y la magistrada recurrió la decisión a la Audiencia Provincial de Madrid, que falló que era la magistrada de Aranjuez quien debía hacerse cargo de la investigación. Tan pronto como la denuncia volvió a su juzgado, ésta decretó el secreto de sumario, situación en la que se mantuvo durante meses.

El caso saltó a la luz pública después de que el diario El Mundo destapase en agosto de 2012 la existencia del informe de la UDEF. Desde entonces, los tres altos cargos de la Policía han negado los hechos de los que les acusan y han achacado la realización del informe a un “ajuste de cuentas” entre agentes, con ellos como víctimas. El caso interligare pronto costó el puesto a varios mandos policiales. Primero, frustró el nombramiento de uno de los acusados, Gabriel Fuentes, como asesor del que era entonces secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, para el que ya trabajaba entonces de forma no oficial
Amenazas y coacciones

Además, la Dirección General de la Policía, que siempre ha asegurado que el caso se limita a una pelea entre clanes policiales y que el informe que permitió abrir la causa se hizo al margen de la cadena de mando, ordenó a la unidad de Asuntos Internos, que investiga la corrupción en el Cuerpo, iniciar pesquisas sobre los agentes que firmaban el polémico informe. Finalmente, este grupo denunció al inspector jefe Jaime Barrado, principal responsable del mismo, por amenazas y coacciones ante el Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid. Acusaciones a las que sumó posteriormente la de revelación de secretos oficiales al considerar que había sido él quien había filtrado el documento policial a la prensa.
El mando policial que inició la investigación está acusado de amenazas, coacciones y revelación de secretos por su actuación en la causa
El caso también salpicó al entorno más cercano al actual director general de la Policía, Ignacio Cosidó. Su jefe de gabinete, el inspector Pedro Agudo, a quien supuestamente se dirigió el inspector jefe Barrado al poco de llegar el PP al poder para exigir ser repuesto en su destino porque estaba a punto de concluir la investigación, dimitió de su cargo y fue destinado a un puesto en el extranjero. El propio Cosidó, que siempre ha mantenido el más absoluto silencio sobre el asunto, se vio salpicado después de que Vozpópuli revelase que cuando aún era diputado de la oposición hizo en el Congreso una pregunta por escrito y dos solicitudes de informe para conocer la relación de la Administración con la empresa Interligare.

2 comentarios:

  1. manter a fé e esperança, o tempo traz a verdade á tona, estes assassínios que interviram nas empresas filatélicas serão julgados , agradeço aos corajosos do canal Afinsa o meu sincero obrigada, jose morais-Portugal.

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  2. FIRMA para terminar con el sufrimiento de 500.000 familias





    FIRMA para que se INVESTIGUE y se sepa LA VERDAD sobre la intervención de Forum y Afinsa. TIENE QUE DESTAPARSE LA VERDAD



    En marzo de 2014 la Agrupación Nacional de Víctimas por la Intervención de Fórum y Afinsa (A.N.V.I.F.A.) han puesto en marcha una iniciativa de recogida de firmas, para que se INVESTIGUE y ACLARE LA VERDAD sobre esta intervención ilegal, puesto que ha quedado demostrado que las "ESCUSAS" que esgrimían para perpetrar el atropello ya no les valían: no eran financieras, no había desfase patrimonial y por tanto no había quiebra y por tanto no había excusa para intervenir.


    Paradójicamente, el por las mismas fechas (de marzo a junio de 2006) que la Audiencia Nacional admitía a trámite la querella contra las filatélicas tuvieron lugar otros dos hechos de una importancia crucial para el caso:


    1.- En USA los Fondos Buitre (hegde Fund) ingresaban millones de dólares vendiendo acciones de Escala (filial de Afinsa)a un precio alto y recomprándolas tras la intervención a un precio de saldo.(¿de donde sacaron la información? ¿pagaron algo a alguien? Evidentemente no hubieran ganado nada si Afinsa no se hubiera intervenido en España de esa forma tan mediática y exagerada, que la llevó al "colapso", como le “indicó” a la Fiscalía en su carta de julio de 2005, el Hegde Fund Louis Corrigan. En USA los Hegde Fund ya tenían información precisa de cómo y cuándo tendría lugar la intervención.

    2.- CASUALMENTE el PSOE tiene una posición económica tal, que le permite "borrar" unos créditos que arrastraba desde hacía 18 años sin poder amortizar (en torno a 36 Millones de €) con el B. Santander y la Kutxa. (¿de donde salió el dinero? ¿alguien les pagó algo por hacer algo?)





    ¿Por qué oculta estos datos de 2006 al Tribunal de Cuentas? ¿Qué casualidades? ¿Esconde algo?

    En estos momentos cuando "parece" que la financiación ilegal es tan perseguida es la ocasión para volverle a dar un impulso junto con todos vosotros para que la VERDAD vea la luz y se termine la agonía de 450.000 afectados que fueron expoliados de todos sus ahorros y luego humillados por los políticos afines en los medios de comunicación, para ganar la única sentencia que han conseguido "la sentencia mediática".

    El 9 de Mayo de 2014 esta Agrupación (ANVIFA) ha puesto una Denuncia en la Fiscalía General del Estado para que estos hechos sean investigados.
    ¿Querrá investigar estos supuestos delitos del PSOE, el señor Gallardón del PP? O ¿es que estos hechos que tuvieron como consecuencia, suicidios, muertes y ruinas personales y económicas, no le parecerán lo suficientemente graves?

    ¡¡¡¡¡ Antes del 9º aniversario se tiene que haber terminado esta pesadilla !!!!
    450.000 no pueden ser privadas de justicia.
    48.000.000 de españoles se merecen conocer la verdad.



    Publicado por ACISA CONSUMO en 1:22

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    2 comentarios:
    denunciar muitos políticos e outros que interviram na empresa para proveito deles, sou penalizado da Afinsa e tenho sofrido tanto eu como a minha família , por estes assassínios que desgraçaram os lares de 500.000 famílias . jose morais.
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    ACISA CONSUMO21 de mayo de 2014, 8:40

    Gracias a ti Jose Morais, por tus palabras y gracias a todos los que nos seguís.
    Este es, sin duda, uno de los casos más trágicos por los que esta asociación ha tenido que luchar y con vuestro apoyo lograremos que se sepa la verdad.
    Votar en el enlace y difundirlo entre los conocidos. Es un gesto sencillo y no cuesta nada.
    La Plataforma A.N.V.I.F.A. está haciendo un gran esfuerzo, a todos los niveles, por que se esclarezca el caso y todos los apoyos son pocos.






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