El CGPJ hace la vista gorda a las corruptelas de jueces y administradores concursales.

Corre por los mentideros de la Villa y Corte de Madrid una anécdota que tuvo lugar en la antesala del Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid, al frente del cual está Santiago Senent, uno de los "ponentes" citados en el artículo de José L. Lobo. (El Confidencial)

Al parecer, hace ya más de ocho años, un periodista que allí se encontraba a la sazón, por asuntos personales, escuchó atónito las siguientes palabras de boca de uno de los tres administradores concursales nombrados por Senent para ponerse al frente del Concurso de Fórum Filatélico, justamente cuando salían del despacho del juez, tras haberles sido comunicado su nombramiento: "¡Nos ha tocado la lotería!". 

A tenor de las cifras de vértigo que han percibido los AACC de Afinsa nombrados por el juez Vaquer Martín que, por cierto, aparece igualmente en la lista de ponentes "agraciados" con el "gratis total" a Canarias, todos estaremos de acuerdo que a Benito Agüera y a Javier García Gálvez, también les cayó con su nombramiento el Premio Gordo de la Lotería, sin haber comprado un solo décimo.

Y suma. 

Y sigue....

 El CGPJ hace la vista gorda a las corruptelas de jueces y administradores concursales

 

(Enlace a noticia)

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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hace la vista gorda ante la más que dudosa compatibilidad en la que incurren decenas de jueces de lo mercantil que adjudican a dedo la administración de empresas quebradas a despachos de abogados que patrocinan conferencias, cursos y congresos a los que asisten esos mismos magistrados con todos los gastos pagados. El ejemplo más inmediato es el del 7º Congreso de Derecho Mercantil y Concursal de Canarias, que se celebra el próximo mes de julio en un resort de cinco estrellas y al que acudirán, gratis total y en días laborables, 16 jueces mercantiles de toda España que, además, cobrarán por sus ponencias.

Fuentes jurídicas consultadas por El Confidencial aseguran que el órgano de gobierno de los jueces que preside Carlos Lesmes tolera las corruptelas que originan esos pagos en especie porque no aplica estrictamente, o lo hace de forma muy laxa, la normativa sobre incompatibilidades, licencias y permisos que establece la propia Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). El artículo 373.4 de esa norma señala que los magistrados dispondrán de un máximo de tres días libres anuales para asuntos propios, y que sus superiores "solo podrán denegarlos por necesidad del servicio". Pero en la práctica son muchos los que, o bien no solicitan autorización, o bien disfrutan de más días que los tres reglamentarios.

Según un portavoz oficial del CGPJ, los jueces, más allá de esos tres días de asuntos propios, sólo pueden ausentarse de sus juzgados por dos razones, sin contar, obviamente, las vacaciones anuales y los permisos por matrimonio, fallecimiento de un familiar o nacimiento de un hijo. La primera, para asistir a cursos organizados por el propio CGPJ y relacionados con la función judicial, "previo informe favorable del presidente del tribunal correspondiente, que tendrá en cuenta las necesidades del servicio". La segunda, "para el estudio de causas de especial complejidad"; en este caso, hasta tres días al mes y no más de nueve al año.

 

Hotel Lopesan Baobab donde se celebró el Congreso de Derecho Mercantil y Concursal. 

Sin embargo, ni una ni otra amparan la asistencia de jueces de lo mercantil a cursos y congresos organizados por los administradores concursales de empresas acogidas a concurso de acreedores, la antigua suspensión de pagos, un lucrativo negocio que mueve cientos de millones de euros al año. Los 16 magistrados que han confirmado su presencia en el congreso de Canarias son titulares de algunos de los juzgados mercantiles más colapsados de España, que arrastran miles de casos pendientes de resolver. El portavoz del CGPJ consultado añadió que "habría que ver caso por caso" para saber si esos jueces han solicitado o no días de asuntos propios.

Los patrocinadores se hacen con las administraciones concursales

Pero el congreso de Canarias no es un caso aislado. Y varias docenas de jueces mercantiles forman parte de ese circuito restringido de conferencias, cursos y simposios remunerados, como el Congreso Nacional de Derecho Concursal y Mercantil, el Foro Concursal de Madrid, el Foro Concursal de Andalucía o los congresos de Salamanca y Canarias. Basta echar un vistazo al listado de ponentes para comprobar que algunos jueces repiten en muchos de ellos, como Andrés Sánchez Magro, del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid; Santiago Senent, del número 7 de Madrid; Juan Manuel de Castro, del número 10 de Madrid; Luis Seller Roca de Togores, del número 3 de Alicante, o José María Tapia, del número 1 de Burgos.

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Pleno del CGPJ.

Los patrocinadores de esos foros suelen ser, en muchísimas ocasiones, los mismos despachos de abogados, economistas y consultores que cortejan a los magistrados con pagos en especie –pasajes de avión, hoteles de lujo, cenas y cócteles...– para luego llevarse las administraciones concursales más codiciadas, que son adjudicadas discrecionalmente por aquellos. En los últimos años, el CGPJ sólo ha impuesto una sanción ejemplar a un juez de lo mercantil salpicado de lleno por esas corruptelas. Fue en 2011, cuando desterró al magistrado valenciano Fernando Presencia a un juzgado de primera instancia de Talavera de la Reina, tras constatar que adjudicó concursos de acreedores a los alumnos de un máster concursal que él mismo organizó, y que habían pagado 12.000 euros de matrícula. 

Cuando una empresa en quiebra entra en situación concursal, el juez de lo mercantil tiene que designar a los administradores recurriendo a las listas que elaboran los respectivos colegios profesionales de abogados, auditores y economistas. La designación, en teoría, ha de ser por turno, pero en la práctica cada magistrado selecciona a dedo a los administradores que considera idóneos. Y casi siempre planea la sospecha de que algunos jueces de lo mercantil conceden los procedimientos más rentables a los despachos que han sido más activos y generosos a la hora de cultivar su trato.

La retribución de los administradores concursales está en función de los activos de la empresa en quiebra. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el pasado año hubo en España 9.660 concursos de acreedores, un 6,5% más que en 2012. De esa cifra, 395 procedimientos concursales correspondieron a sociedades con un activo superior a 10 millones de euros, la mayoría en el sector de la construcción.