miércoles, 24 de septiembre de 2014

Gallardón se va, sus tasas judiciales se quedan.

El programa de reformas del ministro de Justicia ha supuesto un retroceso en los derechos y las libertades consagradas en la Constitución.


Muchas personas celebran hoy la  dimisión como ministro de Justicia de Alberto Ruiz-Gallardón, como si su abandono de la política pusiera fin a su programa de reformas y retrocesos en materia de Justicia. Gallardón se ha ido, pero sus leyes, de momento, permanecen.

Desde el inicio de la legislatura, el Ministerio de Justicia impulsó un amplio programa de reformas que han supuesto, en numerosas ocasiones, un retroceso de los derechos fundamentales y las libertades públicas consagradas en la Constitución.

Los que a diario pisamos los juzgados hemos sido testigos privilegiados del intenso deterioro de la Justicia durante el mandato de Ruiz-Gallardón. Paralización en la creación de nuevas unidades judiciales, falta de cobertura de vacantes, severa restricción en el uso de jueces sustitutos, etc. Medidas que han provocado una Justicia aún más lenta en plena crisis económica, cuando su rapidez resultaba, si cabe, más necesaria. Gallardón no ha sido capaz de solucionar los problemas de la Justicia, sino que los ha agravado.

Por si esto no resultara suficiente, el todavía ministro de Justicia es el artífice de la puesta en marcha de una de las leyes más injustas de la historia de nuestra democracia. Me refiero, obviamente, a la Ley de Tasas Judiciales. Con Gallardón, que un ciudadano o una empresa pueda acudir a la Justicia se ha convertido en un privilegio al alcance de muy pocos, algo que las estadísticas del Poder Judicial acreditan trimestre tras trimestre, con una continua caída de los recursos que llegan a los Tribunales Superiores de Justicia y, especialmente, al Tribunal Supremo. Desde la Abogacía seguimos esperando a que se aclare el destino de lo recaudado en tasas judiciales pues, a pesar de las promesas que en su día hizo Gallardón, las tasas judiciales no se están destinando a mejorar la justicia gratuita.

Tampoco podemos olvidar que Gallardón ha sido el causante de la privatización del Registro Civil o del recorte presupuestario para sostener el turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita a los ciudadanos más desfavorecidos.

No sabemos quién asumirá la cartera de Justicia, pero sí sabemos que la persona que la ocupe tiene encima de la mesa numerosas leyes en fase de tramitación, las cuales supondrían un paso más en los recortes en materia de Justicia iniciados por Gallardón: la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, la reforma del Código Penal (cambios popularmente conocidos como Ley Mordaza), la Ley de Colegios Profesionales y la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (que podría dificultar aún más el acceso a la Justicia si desaparecen los partidos judiciales, así como el control político sobre la judicatura), entre otras.
Esperemos que la nueva política ministerial se base en el diálogo con todos los partidos políticos y operadores jurídicos, el consenso en la toma de decisiones y la recuperación de los derechos y libertades que han sido restringidos, como el derecho a la tutela judicial efectiva por causa de la Ley de Tasas Judiciales.

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