Muchas personas celebran hoy la dimisión
como ministro de Justicia de Alberto Ruiz-Gallardón, como si su
abandono de la política pusiera fin a su programa de reformas y
retrocesos en materia de Justicia. Gallardón se ha ido, pero sus leyes,
de momento, permanecen.
Desde el inicio de la legislatura, el Ministerio de Justicia impulsó un
amplio programa de reformas que han supuesto, en numerosas ocasiones,
un retroceso de los derechos fundamentales y las libertades públicas
consagradas en la Constitución.
Los que a diario pisamos los juzgados hemos sido testigos privilegiados
del intenso deterioro de la Justicia durante el mandato de
Ruiz-Gallardón. Paralización en la creación de nuevas unidades
judiciales, falta de cobertura de vacantes, severa restricción en el uso
de jueces sustitutos, etc. Medidas que han provocado una Justicia aún
más lenta en plena crisis económica, cuando su rapidez resultaba, si
cabe, más necesaria. Gallardón no ha sido capaz de solucionar los
problemas de la Justicia, sino que los ha agravado.
Por si esto no resultara suficiente, el todavía ministro de Justicia es
el artífice de la puesta en marcha de una de las leyes más injustas de
la historia de nuestra democracia. Me refiero, obviamente, a la Ley de
Tasas Judiciales. Con Gallardón, que un ciudadano o una empresa pueda
acudir a la Justicia se ha convertido en un privilegio al alcance de muy
pocos, algo que las estadísticas del Poder Judicial acreditan trimestre
tras trimestre, con una continua caída de los recursos que llegan a los
Tribunales Superiores de Justicia y, especialmente, al Tribunal
Supremo. Desde la Abogacía seguimos esperando a que se aclare el destino
de lo recaudado en tasas judiciales pues, a pesar de las promesas que
en su día hizo Gallardón, las tasas judiciales no se están destinando a
mejorar la justicia gratuita.
Tampoco podemos olvidar que Gallardón ha sido el causante de la
privatización del Registro Civil o del recorte presupuestario para
sostener el turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita a los
ciudadanos más desfavorecidos.
No sabemos quién asumirá la cartera de Justicia, pero sí sabemos que la
persona que la ocupe tiene encima de la mesa numerosas leyes en fase de
tramitación, las cuales supondrían un paso más en los recortes en
materia de Justicia iniciados por Gallardón: la Ley de Asistencia
Jurídica Gratuita, la reforma del Código Penal (cambios popularmente
conocidos como Ley Mordaza), la Ley de Colegios
Profesionales y la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (que
podría dificultar aún más el acceso a la Justicia si desaparecen los
partidos judiciales, así como el control político sobre la judicatura),
entre otras.
Esperemos que la nueva política ministerial se base en el diálogo con
todos los partidos políticos y operadores jurídicos, el consenso en la
toma de decisiones y la recuperación de los derechos y libertades que
han sido restringidos, como el derecho a la tutela judicial efectiva por
causa de la Ley de Tasas Judiciales.
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