sábado, 1 de noviembre de 2014

Un paseo por la prensa española: lectura para el fin de semana (2)

En mi opinión, artículos que merecen ser leídos y comentados.
Feliz finde para tod@s.
Mila.

La 'Operación Corcho'

La justicia echa los perros a mujeres sin sangre azul.

Xavier Horcajo
La sensibilidad de la Justicia por las señoras e hijos de los detenidos y registrados, es como poco inquisitorial. Y, si consiguen demostrar su inocencia, una vergüenza que sonroja si se compara con la Infanta Cristina.
Alguien le puso Operación Corcho a la operación policiaca que llevó los perros guía a los domicilios de los socios de Drago Capital: Oleguer Pujol y Luis Iglesias. No encontraron el dinero, que alguien les chivó que iban a encontrar en el jardín de la casa del mejor de los hijos de Pujol. Desde luego, no está España para poner la mano en el fuego por nadie, pero la sensibilidad de la Justicia por las señoras e hijos de los detenidos y registrados, es como poco inquisitorial. Y, si consiguen demostrar su inocencia, una vergüenza que sonroja si se compara con la Infanta Cristina.

Todo este embrollo arranca de la querella que Carlos Jiménez Villarejo exfiscal comunista reconvertido en “el de la corbata” de Podemos presentó agazapado tras “Guanyem Barcelona”, los antisistema de Ada Colau. La querella se presentó en la Fiscalía Anticorrupción, en la que a Jiménez Villarejo, llaman “don Carlos”,  porque allí lo colocó -con ojo de tuerto- José María Aznar.

La querella de los antisistema sólo prosperó en lo que toca a Oleguer Pujol Ferrusola y sus operaciones inmobiliarias multimillonarias, asunto que atrapó al vuelo el juez Santiago Pedraz. El “clan de los Pujol” ya solo dejaba ese espació: lo de Jordi, el primogénito y su amante despechada está en manos de Pablo Ruz; y lo de Andorra y el dinero del abuelo, en un juzgado de Barcelona. Jiménez Villarejo había sido, junto a José María Mena, fiscal del Caso catalana contra Jordi Pujol. Este “azote” de corruptos mantuvo un elegante respeto con el “garbanzo negro” de la justicia española, Luis Pascual Estevill, cuando algunos periodistas nos rompíamos la cara contra el juez corrupto. Ya jubilado Jiménez Villarejo afirmó que fue Felipe González, presidente del Gobierno, quien le “ordenó” aflojar el lazo de Pujol. ¡Viva el respeto por la independencia del Ministerio Fiscal! Un hombre tan digno, ¿cómo no dimitió? ¿Cómo no lo denuncio? ¿Se lo calló, como un siervo de la podredumbre? Eso le convierte en un indigno más ¿No, es así Pablo Iglesias?.
La querella fue admitida el 1 de octubre de 2014. La investigación policial cayó en manos de UDEF-Central. Veinte días después (tiempo récord) los fiscales José Grinda [fiscal del caso Emperador] y Juan José Rosa, le someten al Juzgado Central de Instrucción 1 de Santiago Pedraz un documento con membrete de la  Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada le describe al instructor los supuestos “Actos de Blanqueo de Capitales”.

Al día siguiente [22 de octubre] el juez Pedraz emite un auto ordenando los registros y admitiendo una prolija relación de “denunciados” por presuntos delitos contra la Hacienda pública y blanqueo de capitales contra 27 personas. Los dos socios de Drago, Luis Iglesias y Oleguer Pujol, alguno de sus inversores como  Roberto centeno, yerno de Juan Roig (Mercadona); o Antonio Morenés Giles, hijo de los marqueses de Villareal de Burriel y Notario, íntimo amigo y compañero de despacho del comisario europeo, Miguel Arias Cañete, en Jerez. También está denunciado Ivan Azinovic, abogado de Gómez-Acebo & Pombo abogados.

Morenés se vio envuelto en un escándalo, en 1989, cuando su agencia de bolsa utilizaba DNI falsos para comprar acciones. En la lista aparecen otros ilustres como el hermano de Lalo Azcona (Jaime José); pero lo más sorprendente es que se denuncia a las esposas de Pujol y de Iglesias,  a pesar de que no aparecen en ninguna de las siete operaciones investigadas, ni comparten títulos en las sociedades implicadas. Están donde están por la “sospecha marital” un nuevo tipo vigente en la Audiencia Nacional.


La primera es Sonia Soms, nacida en 1971 y madre de dos niños de corta edad. La otra es María Zaplana, la hija del político del PP Eduardo Zaplana, exministro del Gobierno de Aznar. Iglesias se casó con la hija de Zaplana, también expresidente valenciano, en mayo de 2013, es decir con posterioridad a las operaciones que investiga el juzgado de Pedraz. Pero obviamente la hija de un político que estuvo en el Gobierno siempre da “caché” a la causa.

El “botón rojo” que destruye delitos

María Zaplana dio un respingo, sobresaltada, cuando sonó el timbre en su domicilio en el último piso de un edificio noble, muy cerquita de los Jerónimos, en Madrid. Su marido, Luis de la Iglesia había sido operado de menisco el día de antes, apenas se movía. Decidieron no abrir. Fuera en el portal un dispositivo policial “vistoso” hablaba con el chófer que  esperaba a  Luis. Quince minutos después llegó Aida, la asistente del hogar que les franqueó la entrada a la casa. Allí comunicaron la detención y la orden de registro a los asustados inquilinos, mientras los efectivos policías les prodigaban por los pasillos de la casa, incluyendo el “guía canino” a la busca de fajos de billetes. En lugar de eso, cayeron agendas, dos ordenadores portátiles y un Ipad. En mala hora debía pensar Luis Iglesias Rodríguez-Viña [sobrino de Pedro Almodóvar] reclutó a aquel joven independentista catalán, Oleguer, en Londres donde había coincidido con él en Morgan Stanley. Mientras, en su despacho de Telefónica, Eduardo Zaplana, no daba crédito.

A esa misma hora Sonia, la esposa de Oleguer Pujol, daba el desayuno a la menor (5 años) y la leche al menor de dos, ambos asustados como nunca; rodeados por media docena de agentes armario, con chaleco fosforito, que  rodeaban la mesa de la cocina de su casa de tres niveles en el barrio de Sarrià. La familia tuvo que pedri al fiscal presente, Fernando Bermejo, que si podían dejar de impresionar a los chicos. Siete especialistas en registros económicos, un fiscal anticorrupción y otros agentes de apoyo. No se podía dar un paso,  a las 9 y 20 de la mañana  llegó “Jock” el perro adiestrado para buscar dinero que lo olisqueó todo varias veces. Los agentes lo llevaban al jardín, no para relajarlo sino para que buscara con especial interés. Los niños Pujol-Sams lloraban con mamá,  en la cocina. ¿No podría organizarse esto evitando ciertas imágenes a los menores que pueden jalonar sus pesadillas durante años?.

El registro duró muchas horas, las fotos familiares se quedaron en la casa, pero los dos Ipads, los tres ordenadores, las agendas el, incluso las tarjetas de visita o un papelito arrancado de un bloc de notas del Hotel Gray l’Albion, de Cannes,  todo precintado. Todo olisqueado, hasta el correo el correo. Horas de búsqueda, especialmente en los dos despachos,  que permiten descubrir carpetas con papeles, “pen drives” y papeles del Centro de Estudios Jordi Pujol. Material para contrastar con el que la consultora Deloitte ya había llevado al juzgado y polvo tras los muebles.

Entonces alguien poco caritativo hace correr que Oleguer dispone de un “botón rojo” con el que hace desaparecer los archivos a distancia como James Bond. EL botón rojo se adueña de los medios digitales y de los de papel. En realidad tenía sus archivos en una “nube”  -la mía es Dropbox- gratis si lo tuyo pesa poco o pagando una cuota por ello y el “botón” es la capacidad de grabar o regrabar sus archivos allí depositados (un tera, por 24 euros al mes). A última hora de la tarde Los agentes se llevaron a Oleguer que se negó a declarar en comisaría, quedando emplazado a hacerlo ante el juez Pedraz, que –a día de hoy- aun no lo ha citado.

¿Siete encalados o siete blanqueos?

El primer “Actos de Blanqueo de Capitales” es la compra de 1.152 sucursales al Banco Santander por 2.012,8 millones de euros que paga Drago Capital reclutando fondos inmobiliarios internacionales. El Banco cobra y pasa a ser inquilino, no titular. Se trataba de una operación de leasing, o arrendamiento financiero, a 25 años (prorrogable 21 años más), con una renta que ingresaba Drago Capital de 101 millones de euros/año e incremento anual del 5%. Los fiscales objetan prestamos entre Drago su propietario, la holandesa Cuius Holding B.V. (Holanda no es un “paraíso fiscal”, sino un socio europeo que ofrece ventajas fiscales a empresas, aunque eso suponga deslealtad a las leyes fiscales de otros países) y Samos Servicios y Gestiones.
¿Quién da estos “prestamos” que tal vez sean participaciones indirectas en la operación? Pues la aseguradora Pearl Assurance; y el fondo NPI, LTD. Dos de las entidades más importantes del mundo en inversión inmobiliaria, por descontado sometidas a auditorias y control mucho más exigente que el de cualquier compañía española. El vendedor Banco Santander tampoco anda corto de auditores, supervisores de las operaciones que afectan tan centralmente a la entidad en la que mandan la familia Botín y que es el principal banco privado del continente europeo. Ante esos sospechas de los fiscales sobre las garantías del comprador. ¿Eso es materia de posible corrupción? ¿Quiere competir el fiscal con el criterio del vendedor (Banco Santander)?
Pero más sorprendente que lo del fiscal, es lo del magistrado-juez instructor, Santiago Pedraz, quien a modo de reflexión de auditor consultor se hace preguntas sobre la operación siempre preludiadas por un “Por qué…”, “Por qué…”. Son preguntas interesantes que Pedraz incluye en el apartado “Razonamientos Jurídicos”, justo donde uno espera encontrara eso, razonamientos ley en mano, no preguntas sobre sospechas de estudiante del Instituto de Empresa (con perdón por éstos).

El párrafo de Pedraz es una pieza antológica de la literatura judicial de la España de nuestros días, en su literalidad dice: “Por último, las tres sucesivas ampliaciones de capital situarían en una sociedad española dinero procedente de España” y aquí, salvo error de Su Señoría; juro solemnemente -en virtud a mis conocimientos de la Economía que es una ciencia- que me parece poco sospechoso de ser delictivo. Pedraz parece contagiado del temor de que es digno de ser investigado que “entre dinero procedente del exterior y se sitúa en una sociedad española” (sic).

El segundo “Acto de Blanqueo de Capitales”, según los fiscales Grinda y Rosa, es la compra de inmuebles a Prisa. En 2008, la compañía Longshore de Luis Iglesias y Oleguer Pujol, compra con dinero de muchos otros, propiedades inmobiliarias de Prisa en Madrid y Barcelona por 300 millones de euros. De nuevo un leasing o arrendamiento financiero. Prisa estaba agobiada por enormes deudas y decide  los de Drago fueron descartados para la compra. Sólo cuando otros declinaron, fueron invitados a  negociar la compra. Oleguer Pujol era administrador de Drago Mediterranean Holdings  entonces y lo primero que hicieron los compradores fue obtener una hipoteca de 287,5 millones. Su socio inversor era Royan Bank of Scotland (RBS) uno de los bancos de mayor solera en el Reino Unido. Tres años después RBS, por su situación interna vendió su participación.

De nuevo se “descubren” sospechosos créditos participativos entre compradores que revelan que fondos internacionales meten dinero indirectamente en la compra y se sospecha de Mare Nostrum Capital Managers, donde Oleguer Pujol tiene participación y está radicada en un paraíso fiscal. ¿Pueden las sociedades “offshore” que no pagan impuestos en España contribuir con su dinero a mejorar la economía de empresas españolas a punto de morir de deudas, y preservar sus empleos? ¿Entra esa pregunta en la conciencia de su señoría del Ministerio Público husmeador?.

El juez Pedraz hace suyas las preocupaciones por la “capacidad para efectuar préstamos” de alguna de las sociedades compradoras y también la preocupación porque determinadas ampliaciones de capital supongan “la entrada de dinero procedente de Holanda que se sitúa en una sociedad española”. Me pregunto pueden entrar las cervezas Heineken; los quesos de bola; o los futbolistas y entrenadores: pero debemos sentir “alepori” por el dinero de ese respetable socio europeo. Señoría, que no usan “florines” sino euros iguales a los de su bolsillo.

El siguiente “pecado” de blanqueo según Anticorrupción fue comprar 56.692 metros cuadrados de suelo que proviene de un cuartel en Melilla para montar allí un centro comercial. El pequeño de los Pujol representó a Drago se le presupone “blanqueo de capitales porque invita a invertir a la Luxemburguesa Pavane “a mayor abundamiento –dicen los fiscales- tal como consta en escritura pública, estos pagos aplazados no están cubiertos por ningún tipo de garantía”. Y es que en tiempos de tribulación, los fiscales son como el consultor de los negocios de alguien y se preocupan por uno, bueno en el caso del Fiscal Pedro Horrach, ha pasado a ser defensor de la Infanta Cristina. Por cierto que manera tan distinta de trata a las mujeres del presunto delincuente, debe ser que los fiscales Grinda y Rosa no opositaron con Horrach.  

Siguiente “cuenta” en el rosario de Oleguer Pujol: compra a Bankia -en plena crisis 2010- 97 oficinas por 96,4 millones de euros. La compra la hace Ursus Alfa, sociedad de Iglesias y Pujol, participada por la holandesa Promontoria Holding XXXIII, BV, con dinero prestado por uno de los principales bancos franceses Natixis, además de La Caixa y el Santander, que formalizan hipotecas de los inmuebles  por más de 80 millones de euros. Aquí ni siquiera aparecen socios de paraísos fiscales u holandeses, se sospecha que Pujol Ferrusola participa en la operación a través de Step Negocios, que le compra a Bankia un segundo paquete de inmuebles pro 21,8 millones de euros en 2011. Bankia en marco de 2011 estaba en el punto de mira del Gobierno que sopesaba la intervención, la venta fue consultada por rato al Banco de España. Los compradores Iglesias y Pujol volvieron a acudir a las hipotecas, en este caso de La Caixa por 17,5 millones.

Por la diferencia entre lo pagado y la hipoteca, se sospecha de la sociedad Jasmund Spain participada por una sociedad “BV” holandesa y la participación a título personal y muy minoritario en alguna de las empresas compradoras. Los fiscales aprecian posible blanqueo en el montaje societario de los compradores.

El “pecado” canario, plato fuerte de la querella de Carlos Jiménez Villarejo, lo protagonizó la sociedad Servifonia Plus, en 2006. Compró a Costa Canaria un hotel por 30 millones de euros. La compradora actuaba con un préstamo del Royal Bank of Scotland, por 20,4 millones de euros. Sin embargo, según los fiscales, la sociedad está “en concurso de acreedores y no figura en el Registro Mercantil”. De nuevo sospechas de  blanqueo de dinero de sociedades radicadas en la Isla de Guernsey.

La última pega de los fiscales es la compra del edificio del Consejo General de la Abogacía donde no saben si hubo “una o dos operaciones de compra” y otra operación en Palma de Mallorca, donde la sociedad compradora New Positively 21, es transmitida tras la operación a otras manos “con notable diferencia de precio sin razón económica aparente”, resume el juez Pedraz en su auto. ¡Con la venia!, De compras inmobiliarias y plusvalías, yo no sé gran cosa, pero me da, que se trata de: “Especulación”.

El auto considera que entramado societario de Iglesias y Pujol presenta “indicios suficientes que permiten apreciar la presunta comisión de un delito de blanqueo de capitales (y otro contra la Hacienda Pública)”. Sigue Pedraz “el beneficio obtenido en cada una de las operaciones inmobiliarias habría sido destinado a diferentes finalidades aún por determinar; pero que habría supuesto a los denunciados su afloramiento a la economía legal”.

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