Feliz finde para tod@s.
Mila.
La 'Operación Corcho'
Xavier Horcajo
Miércoles, 29. Octubre 2014 - 20:14
La
sensibilidad de la Justicia por las señoras e hijos de los detenidos y
registrados, es como poco inquisitorial. Y, si consiguen demostrar su
inocencia, una vergüenza que sonroja si se compara con la Infanta
Cristina.
Alguien le puso Operación Corcho a la operación policiaca que llevó los perros guía a los domicilios de los socios de Drago Capital: Oleguer Pujol y Luis Iglesias.
No encontraron el dinero, que alguien les chivó que iban a encontrar en
el jardín de la casa del mejor de los hijos de Pujol. Desde luego, no
está España para poner la mano en el fuego por nadie, pero la
sensibilidad de la Justicia por las señoras e hijos de los detenidos y
registrados, es como poco inquisitorial. Y, si consiguen demostrar su
inocencia, una vergüenza que sonroja si se compara con la Infanta
Cristina.
Todo este embrollo arranca de la querella que Carlos Jiménez Villarejo exfiscal comunista reconvertido en “el de la corbata” de Podemos presentó agazapado tras “Guanyem Barcelona”, los antisistema de Ada Colau.
La querella se presentó en la Fiscalía Anticorrupción, en la que a
Jiménez Villarejo, llaman “don Carlos”, porque allí lo colocó -con ojo
de tuerto- José María Aznar.
La querella de los antisistema sólo prosperó en lo que toca a Oleguer Pujol Ferrusola y sus operaciones inmobiliarias multimillonarias, asunto que atrapó al vuelo el juez Santiago Pedraz. El “clan de los Pujol” ya solo dejaba ese espació: lo de Jordi, el primogénito y su amante despechada está en manos de Pablo Ruz; y lo de Andorra y el dinero del abuelo, en un juzgado de Barcelona. Jiménez Villarejo había sido, junto a José María Mena, fiscal del Caso catalana contra Jordi Pujol. Este “azote” de corruptos mantuvo un elegante respeto con el “garbanzo negro” de la justicia española, Luis Pascual Estevill, cuando algunos periodistas nos rompíamos la cara contra el juez corrupto. Ya jubilado Jiménez Villarejo afirmó que fue Felipe González,
presidente del Gobierno, quien le “ordenó” aflojar el lazo de Pujol.
¡Viva el respeto por la independencia del Ministerio Fiscal! Un hombre
tan digno, ¿cómo no dimitió? ¿Cómo no lo denuncio? ¿Se lo calló, como un
siervo de la podredumbre? Eso le convierte en un indigno más ¿No, es
así Pablo Iglesias?.
La querella fue admitida el 1 de octubre de 2014. La investigación policial cayó en manos de UDEF-Central. Veinte días después (tiempo récord) los fiscales José Grinda [fiscal del caso Emperador]
y Juan José Rosa, le someten al Juzgado Central de Instrucción 1 de
Santiago Pedraz un documento con membrete de la Fiscalía Especial
contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada le describe al
instructor los supuestos “Actos de Blanqueo de Capitales”.
Al
día siguiente [22 de octubre] el juez Pedraz emite un auto ordenando
los registros y admitiendo una prolija relación de “denunciados” por
presuntos delitos contra la Hacienda pública y blanqueo de capitales
contra 27 personas. Los dos socios de Drago, Luis Iglesias y Oleguer
Pujol, alguno de sus inversores como Roberto centeno, yerno de Juan
Roig (Mercadona); o Antonio Morenés Giles, hijo de los marqueses de
Villareal de Burriel y Notario, íntimo amigo y compañero de despacho del
comisario europeo, Miguel Arias Cañete, en Jerez. También está denunciado Ivan Azinovic, abogado de Gómez-Acebo & Pombo abogados.
Morenés
se vio envuelto en un escándalo, en 1989, cuando su agencia de bolsa
utilizaba DNI falsos para comprar acciones. En la lista aparecen otros
ilustres como el hermano de Lalo Azcona (Jaime José);
pero lo más sorprendente es que se denuncia a las esposas de Pujol y de
Iglesias, a pesar de que no aparecen en ninguna de las siete
operaciones investigadas, ni comparten títulos en las sociedades
implicadas. Están donde están por la “sospecha marital” un nuevo tipo
vigente en la Audiencia Nacional.
La primera es Sonia Soms, nacida en 1971 y madre de dos niños de corta edad. La otra es María Zaplana, la hija del político del PP Eduardo Zaplana,
exministro del Gobierno de Aznar. Iglesias se casó con la hija de
Zaplana, también expresidente valenciano, en mayo de 2013, es decir con
posterioridad a las operaciones que investiga el juzgado de Pedraz. Pero
obviamente la hija de un político que estuvo en el Gobierno siempre da
“caché” a la causa.
El “botón rojo” que destruye delitos
María
Zaplana dio un respingo, sobresaltada, cuando sonó el timbre en su
domicilio en el último piso de un edificio noble, muy cerquita de los
Jerónimos, en Madrid. Su marido, Luis de la Iglesia
había sido operado de menisco el día de antes, apenas se movía.
Decidieron no abrir. Fuera en el portal un dispositivo policial
“vistoso” hablaba con el chófer que esperaba a Luis. Quince minutos
después llegó Aida, la asistente del hogar que les franqueó la entrada a
la casa. Allí comunicaron la detención y la orden de registro a los
asustados inquilinos, mientras los efectivos policías les prodigaban por
los pasillos de la casa, incluyendo el “guía canino” a la busca de
fajos de billetes. En lugar de eso, cayeron agendas, dos ordenadores
portátiles y un Ipad. En mala hora debía pensar Luis Iglesias
Rodríguez-Viña [sobrino de Pedro Almodóvar] reclutó a aquel joven independentista catalán, Oleguer, en Londres donde había coincidido con él en Morgan Stanley. Mientras, en su despacho de Telefónica, Eduardo Zaplana, no daba crédito.
A
esa misma hora Sonia, la esposa de Oleguer Pujol, daba el desayuno a la
menor (5 años) y la leche al menor de dos, ambos asustados como nunca;
rodeados por media docena de agentes armario, con chaleco fosforito, que
rodeaban la mesa de la cocina de su casa de tres niveles en el barrio
de Sarrià. La familia tuvo que pedri al fiscal presente, Fernando
Bermejo, que si podían dejar de impresionar a los chicos. Siete
especialistas en registros económicos, un fiscal anticorrupción y otros
agentes de apoyo. No se podía dar un paso, a las 9 y 20 de la mañana
llegó “Jock” el perro adiestrado para buscar dinero que lo olisqueó todo
varias veces. Los agentes lo llevaban al jardín, no para relajarlo sino
para que buscara con especial interés. Los niños Pujol-Sams lloraban
con mamá, en la cocina. ¿No podría organizarse esto evitando ciertas
imágenes a los menores que pueden jalonar sus pesadillas durante años?.
El registro duró muchas horas, las fotos familiares se quedaron en la casa, pero los dos Ipads,
los tres ordenadores, las agendas el, incluso las tarjetas de visita o
un papelito arrancado de un bloc de notas del Hotel Gray l’Albion, de
Cannes, todo precintado. Todo olisqueado, hasta el correo el correo.
Horas de búsqueda, especialmente en los dos despachos, que permiten
descubrir carpetas con papeles, “pen drives” y papeles del
Centro de Estudios Jordi Pujol. Material para contrastar con el que la
consultora Deloitte ya había llevado al juzgado y polvo tras los
muebles.
Entonces alguien poco caritativo hace
correr que Oleguer dispone de un “botón rojo” con el que hace
desaparecer los archivos a distancia como James Bond. EL botón rojo se
adueña de los medios digitales y de los de papel. En realidad tenía sus
archivos en una “nube” -la mía es Dropbox- gratis si lo tuyo
pesa poco o pagando una cuota por ello y el “botón” es la capacidad de
grabar o regrabar sus archivos allí depositados (un tera, por 24 euros
al mes). A última hora de la tarde Los agentes se llevaron a Oleguer que
se negó a declarar en comisaría, quedando emplazado a hacerlo ante el
juez Pedraz, que –a día de hoy- aun no lo ha citado.
¿Siete encalados o siete blanqueos?
El
primer “Actos de Blanqueo de Capitales” es la compra de 1.152
sucursales al Banco Santander por 2.012,8 millones de euros que paga
Drago Capital reclutando fondos inmobiliarios internacionales. El Banco
cobra y pasa a ser inquilino, no titular. Se trataba de una operación de
leasing, o arrendamiento financiero, a 25 años (prorrogable 21
años más), con una renta que ingresaba Drago Capital de 101 millones de
euros/año e incremento anual del 5%. Los fiscales objetan prestamos
entre Drago su propietario, la holandesa Cuius Holding B.V. (Holanda no
es un “paraíso fiscal”, sino un socio europeo que ofrece ventajas
fiscales a empresas, aunque eso suponga deslealtad a las leyes fiscales
de otros países) y Samos Servicios y Gestiones.
¿Quién da estos “prestamos” que tal vez sean participaciones indirectas en la operación? Pues la aseguradora Pearl Assurance;
y el fondo NPI, LTD. Dos de las entidades más importantes del mundo en
inversión inmobiliaria, por descontado sometidas a auditorias y control
mucho más exigente que el de cualquier compañía española. El vendedor Banco Santander
tampoco anda corto de auditores, supervisores de las operaciones que
afectan tan centralmente a la entidad en la que mandan la familia Botín y
que es el principal banco privado del continente europeo. Ante esos
sospechas de los fiscales sobre las garantías del comprador. ¿Eso es
materia de posible corrupción? ¿Quiere competir el fiscal con el
criterio del vendedor (Banco Santander)?
Pero
más sorprendente que lo del fiscal, es lo del magistrado-juez
instructor, Santiago Pedraz, quien a modo de reflexión de auditor
consultor se hace preguntas sobre la operación siempre preludiadas por
un “Por qué…”, “Por qué…”. Son preguntas interesantes que Pedraz incluye
en el apartado “Razonamientos Jurídicos”, justo donde uno espera
encontrara eso, razonamientos ley en mano, no preguntas sobre sospechas
de estudiante del Instituto de Empresa (con perdón por éstos).
El
párrafo de Pedraz es una pieza antológica de la literatura judicial de
la España de nuestros días, en su literalidad dice: “Por último, las
tres sucesivas ampliaciones de capital situarían en una sociedad
española dinero procedente de España” y aquí, salvo error de Su Señoría;
juro solemnemente -en virtud a mis conocimientos de la Economía que es
una ciencia- que me parece poco sospechoso de ser delictivo. Pedraz
parece contagiado del temor de que es digno de ser investigado que
“entre dinero procedente del exterior y se sitúa en una sociedad
española” (sic).
El segundo “Acto de Blanqueo de Capitales”, según los fiscales Grinda y Rosa, es la compra de inmuebles a Prisa. En 2008, la compañía Longshore
de Luis Iglesias y Oleguer Pujol, compra con dinero de muchos otros,
propiedades inmobiliarias de Prisa en Madrid y Barcelona por 300
millones de euros. De nuevo un leasing o arrendamiento financiero. Prisa
estaba agobiada por enormes deudas y decide los de Drago fueron
descartados para la compra. Sólo cuando otros declinaron, fueron
invitados a negociar la compra. Oleguer Pujol era administrador de
Drago Mediterranean Holdings entonces y lo primero que hicieron los
compradores fue obtener una hipoteca de 287,5 millones. Su socio
inversor era Royan Bank of Scotland (RBS) uno de los
bancos de mayor solera en el Reino Unido. Tres años después RBS, por su
situación interna vendió su participación.
De
nuevo se “descubren” sospechosos créditos participativos entre
compradores que revelan que fondos internacionales meten dinero
indirectamente en la compra y se sospecha de Mare Nostrum Capital Managers,
donde Oleguer Pujol tiene participación y está radicada en un paraíso
fiscal. ¿Pueden las sociedades “offshore” que no pagan impuestos en
España contribuir con su dinero a mejorar la economía de empresas
españolas a punto de morir de deudas, y preservar sus empleos? ¿Entra
esa pregunta en la conciencia de su señoría del Ministerio Público
husmeador?.
El juez Pedraz hace suyas las
preocupaciones por la “capacidad para efectuar préstamos” de alguna de
las sociedades compradoras y también la preocupación porque determinadas
ampliaciones de capital supongan “la entrada de dinero procedente de
Holanda que se sitúa en una sociedad española”. Me pregunto pueden
entrar las cervezas Heineken; los quesos de bola; o los futbolistas y
entrenadores: pero debemos sentir “alepori” por el dinero de ese
respetable socio europeo. Señoría, que no usan “florines” sino euros
iguales a los de su bolsillo.
El siguiente
“pecado” de blanqueo según Anticorrupción fue comprar 56.692 metros
cuadrados de suelo que proviene de un cuartel en Melilla para montar
allí un centro comercial. El pequeño de los Pujol representó a Drago se
le presupone “blanqueo de capitales porque invita a invertir a la
Luxemburguesa Pavane “a mayor abundamiento –dicen los fiscales- tal como
consta en escritura pública, estos pagos aplazados no están cubiertos
por ningún tipo de garantía”. Y es que en tiempos de tribulación, los
fiscales son como el consultor de los negocios de alguien y se preocupan
por uno, bueno en el caso del Fiscal Pedro Horrach, ha pasado a ser
defensor de la Infanta Cristina. Por cierto que manera tan distinta de
trata a las mujeres del presunto delincuente, debe ser que los fiscales
Grinda y Rosa no opositaron con Horrach.
Siguiente
“cuenta” en el rosario de Oleguer Pujol: compra a Bankia -en plena
crisis 2010- 97 oficinas por 96,4 millones de euros. La compra la hace
Ursus Alfa, sociedad de Iglesias y Pujol, participada por la holandesa
Promontoria Holding XXXIII, BV, con dinero prestado por uno de los
principales bancos franceses Natixis, además de La Caixa y el Santander,
que formalizan hipotecas de los inmuebles por más de 80 millones de
euros. Aquí ni siquiera aparecen socios de paraísos fiscales u
holandeses, se sospecha que Pujol Ferrusola participa en la operación a
través de Step Negocios, que le compra a Bankia un
segundo paquete de inmuebles pro 21,8 millones de euros en 2011. Bankia
en marco de 2011 estaba en el punto de mira del Gobierno que sopesaba la
intervención, la venta fue consultada por rato al Banco de España. Los
compradores Iglesias y Pujol volvieron a acudir a las hipotecas, en este
caso de La Caixa por 17,5 millones.
Por
la diferencia entre lo pagado y la hipoteca, se sospecha de la sociedad
Jasmund Spain participada por una sociedad “BV” holandesa y la
participación a título personal y muy minoritario en alguna de las
empresas compradoras. Los fiscales aprecian posible blanqueo en el
montaje societario de los compradores.
El
“pecado” canario, plato fuerte de la querella de Carlos Jiménez
Villarejo, lo protagonizó la sociedad Servifonia Plus, en 2006. Compró a
Costa Canaria un hotel por 30 millones de euros. La compradora actuaba
con un préstamo del Royal Bank of Scotland, por 20,4 millones de euros.
Sin embargo, según los fiscales, la sociedad está “en concurso de
acreedores y no figura en el Registro Mercantil”. De nuevo sospechas de
blanqueo de dinero de sociedades radicadas en la Isla de Guernsey.
La
última pega de los fiscales es la compra del edificio del Consejo
General de la Abogacía donde no saben si hubo “una o dos operaciones de
compra” y otra operación en Palma de Mallorca, donde la sociedad
compradora New Positively 21, es transmitida tras la operación a otras
manos “con notable diferencia de precio sin razón económica aparente”,
resume el juez Pedraz en su auto. ¡Con la venia!, De compras
inmobiliarias y plusvalías, yo no sé gran cosa, pero me da, que se trata
de: “Especulación”.
El auto considera que
entramado societario de Iglesias y Pujol presenta “indicios suficientes
que permiten apreciar la presunta comisión de un delito de blanqueo de
capitales (y otro contra la Hacienda Pública)”. Sigue Pedraz “el
beneficio obtenido en cada una de las operaciones inmobiliarias habría
sido destinado a diferentes finalidades aún por determinar; pero que
habría supuesto a los denunciados su afloramiento a la economía legal”.
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