La situación de corrupción en la que se encuentra en este pais se debe, en gran medida, a la NO separación de poderes. Como bien destaca Victoria Prego en su columna de El Mundo: "¿Han estado hablando sobre corrupción durante tres días los jueces
decanos de los tribunales de toda España y no han mencionado la independencia del Poder Judicial"?
Las decisiones tomadas por la inmensa mayoría de jueces y fiscales dependen del Gobierno de turno. Que nos lo pregunten a los expoliados por Zapatero, con las bendiciones de Rajoy.
Las decisiones tomadas por la inmensa mayoría de jueces y fiscales dependen del Gobierno de turno. Que nos lo pregunten a los expoliados por Zapatero, con las bendiciones de Rajoy.
Etiquetas, tendencias "progre" vs. "conservador", y ascensos en función de "actuaciones"... fuera.
¡Pero ¡ya!
Los jueces piden que se amplíe la prescripción de delitos de corrupción
Los magistrados opinan que “la democracia española está en una situación muy delicada”
Desde la izquierda, los jueces decanos de
Madrid, Antonio Viejo; la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, y
Valencia, Pedro Viguer, durante la presentación del documento. / José Jordán
Los jueces han propuesto este miércoles elevar las penas y ampliar la
prescripción de los delitos de corrupción, además de introducir nuevas
figuras penales como la del enriquecimiento injusto. Los 45 jueces
decanos españoles han planteado, en total, 58 medidas dirigidas a hacer
frente a los casos de corrupción que "se han multiplicado", y a atajar
lo que consideran una "sospecha generalizada sobre la gestión de lo
público".
Los magistrados, que representan a buena parte del colectivo judicial
al ser elegidos por sus compañeros, realizan, en el documento aprobado
en Valencia, un diagnóstico grave sobre la situación de España.
"La democracia española se encuentra hoy en una situación muy delicada a
pesar de que el sistema democrático es, no obstante sus imperfecciones,
el mejor que hemos sido capaces de desarrollar en favor de la justicia,
de la igualdad, de la libertad y de la convivencia". Los jueces creen
que existe un "indiscutible contexto de desconfianza, de alarma sobre el
funcionamiento de las instituciones" y proponen medidas con alcance
"estructural, organizativo y de gestión" para mejorar la lucha contra la
corrupción.
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Como conclusión a sus XXIV jornadas nacionales, ofrecen al resto de
"poderes del Estado" su "colaboración" para mejorar la respuesta al
fenómeno y a lo que califican como una "desesperante lentitud de las
causas" aportando para ello su "experiencia" en el "primer peldaño
judicial".
Las propuestas, casi todas muy específicas, incluyen el incremento
del número de jueces "hasta alcanzar la media europea de 21 jueces por
100.000 habitantes", cuando ahora hay 11. Triplicar la partida destinada
a la justicia para que pase a representar un 3% de los Presupuestos Generales del Estado.
Aumentar la "autonomía" económica del Poder Judicial. Ordenar el
reparto de competencias entre el Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ), el Gobierno y las comunidades. Una "modernización informática",
que elimine por ejemplo las incompatibilidades que existen entre los
sistemas de cada autonomía. Y la "concentración" de los juzgados "en
grandes sedes".
La reforma del Código Penal que plantean contempla: ampliar la
prescripción de los delitos de corrupción; introducir el delito de
enriquecimiento injusto y el de "financiación ilegal de partidos políticos",
y elevar las penas para delitos relacionados con la corrupción, "en
particular el de tráfico de influencias, prevaricación y negociaciones
prohibidas a funcionarios públicos".
Apuestan por rebajar la cantidad a partir de la cual se considera que
existe un delito fiscal (hoy son 120.000 euros). Aumentar las penas
"para quienes indirectamente amparen, oculten o faciliten la
corrupción", como en la "omisión del deber de denunciar". Incorporar un
delito de obstrucción para los supuestos en los que una institución no
remita la documentación requerida o lo haga de forma incompleta. Limitar
la posibilidad de sustituir las penas por corrupción. Y despenalizar,
en cambio, "pequeñas infracciones" que suponen "un desproporcionado
esfuerzo" para el sistema.
Los decanos plantean modificar el sistema de selección en el Tribunal de Cuentas o del Tribunal Constitucional.
Los decanos plantean también modificaciones "en el sistema de selección y nombramiento de los miembros del Tribunal de Cuentas,
del Consejo General del Poder Judicial e incluso del Tribunal
Constitucional", que opinan que hoy son "excesivamente dependientes de
los partidos políticos". Así como la "eliminación de la posibilidad del
nombramiento de magistrados a propuesta de los parlamentos autonómicos".
Los jueces piden que los refuerzos "en causas especialmente
complejas, en particular casos de corrupción", se adopten "en cuestión
de días y no de meses", y que en tales investigaciones los magistrados
"puedan trabajar en equipo". También reclaman que el CGPJ tenga
"facultad de control sobre el cumplimiento por las comunidades de sus
obligaciones de dotar de medios a los juzgados".
La Ley de Enjuiciamiento Criminal, sometida a múltiples cambios desde su aprobación en el siglo XIX, debe ser, según los jueces, sometida a una “reforma” profunda
que reduzca la fase de instrucción "ubicando el peso del proceso penal
en el juicio oral y poniendo fin a sumarios interminables". Y reclaman
una "regulación clara" de diligencias de investigación como las
intervenciones telefónicas o los registros que proporcionen "seguridad
jurídica a los jueces". La rapidez, continúan, debe alcanzar a los
"trámites externos", como informes periciales o respuesta a oficios por
parte de otras instituciones que, afirman, consume "buena parte del
tiempo" de los procedimientos.
Los jueces plantean suprimir “el privilegio” que permite a ciertas autoridades declarar por escrito.
El documento pide limitar los "recursos contra resoluciones de mero
trámite", que "confieren armas para la dilación procesal absolutamente
injustificada". Y avanzar hacia un modelo en el que los "medios de
impugnación" se reserve para el final de la investigación como vía para
"revisar la misma". Plantean introducir "sanciones" para disuadir las
acusaciones "temerarias". Suprimir "el privilegio" que permite a ciertas autoridades declarar por escrito
"lo que hace perder toda espontaneidad a tales declaraciones". Facultar
a los fiscales para que valoren "si es conveniente o no iniciar el
proceso penal en caso de pequeñas infracciones". Crear juzgados
especializados en delincuencia económica a escala provincial o
autonómica. Y acelerar las transcripciones de conversaciones telefónicas
y las comisiones rogatorias internacionales.
Los decanos proponen quitar al tribunal del jurado la competencia para juzgar a los aforados (como ocurrió con el expresidente valenciano Francisco Camps) y "en general, los delitos relativos a la corrupción".
Piden una revisión profunda del aforamiento, "que genera importantes
dilaciones procesales". Y en ocasiones, afirman, facilita "la ocultación
o destrucción de pruebas" y obliga "al juez de instrucción a
circunvalar a la persona aforada y le impide adoptar medidas limitativas
de derechos", como las intervenciones telefónicas. Consideran
"oportuno" dejar la instrucción de las causas con aforados en manos del juez ordinario.
Y, en todo caso, reservar el enjuiciamiento para un tribunal de
aforados. Solicitan la supresión del suplicatorio en las cámaras
legislativas, limitar el alcance del aforamiento a "los delitos
cometidos en el ejercicio de sus cargos", y vetar el "cambio de juez
instructor o tribunal" para aquellos supuestos en que una persona deja
"de estar aforada y viceversa".
Los indultos solo deberían concederse, opinan los decanos, cuando
"exista informe favorable del tribunal" sentenciador. Y la ejecución de
la pena (entrada en prisión, por ejemplo) no debería suspenderse "en
caso de solicitud de indulto".
Los jueces piden reforzar la independencia de los fiscales "en caso
de que se les atribuya la instrucción" de los procedimientos, como ha
barajado el Gobierno. Incrementar "los medios personales y materiales de
la Fiscalía Anticorrupción", crear "equipos de auténtica policía
judicial con agentes a las órdenes directas de los jueces". Aumentar la plantilla de la policía judicial
y "en general de todos los grupos especiales de probada eficacia
dedicados a la investigación de la delincuencia económica y financiera".
Los decanos plantean que la responsabilidad civil se dirima en un
proceso paralelo, porque "frecuentemente retrasa en exceso la
finalización de la instrucción". Piden que se puedan embargar bienes a
"testaferros o colaboradores" y que se mejore el "cruzado de datos" con
organismos como la Agencia Tributaria, el Banco de España, la Seguridad
Social y los registros notariales.
El documento elaborado por los decanos de los juzgados de España,
incluida la Audiencia Nacional, considera necesario finalmente crear "un
cuerpo de peritos contables exclusivamente al servicio de los jueces",
mejorar la ley de protección de testigos y poner "expertos en
informática a disposición" de los magistrados.
La justicia española es la madre de todas las corrupciones.
ResponderEliminarSi un tribunal dice que no hay RPE porque son mercantiles, si otro dice que son financieras y se les devuelve el IVA, si otro dice que son mercantiles y se les debe entregar los sellos ¿A quién hacemos caso? ¡Vaya cachondeo de justicia!
ResponderEliminarPara los que son mercantiles no dicen que como empresas mercantiles nunca se debieron intervenir, y para los que son financiera no dicen que además de la devolución del IVA a las empresas los afectados tienen derecho a recibir hasta los cien mil euros del FGD. Es decir, según convenga, dicen una cosa y la contraria.
ANONIMOS ANTERIORES, TENEIS MAS RAZON QUE UN SANTO, ESTO ES UN CACHONDEO, NO HAY QUIEN LO ENTIENDA.
ResponderEliminarESPEREMOS QUE APAREZCA POR AHI UN JUEZ CON CORDURA Y PONGA UN POCO DE SENSATEZ, A TODO ESTE EMBROLLO.
SALUDOS, Y FELICES FIESTAS PARA TODOS LOS BLOGREROS
Así es, y lo voy a explicar brevemente para que todo el mundo lo entienda a la perfección.
ResponderEliminarCobraríamos el 100% en caso de:
-Que se demostrase que la actividad de las empresas era mercantil y que la INTERVENCIÓN fue ILEGAL. Clarito ¿verdad?
Cobraríamos el 33% en caso de:
-Que se demostrase que verdaderamente esto ha sido una ESTAFA y que la INTERVENCIÓN fue LEGAL. Clarito ¿verdad?
Bueno, pues después de esta breve explicación de cobro del 100% o cobro del 33% os pongo el enlace del debate del Congreso del 19-11-2014 para ver si somos capaces de descifrar lo que allí se debatió y lo que las asociaciones allí representadas (A.N.V.I.F.A. no) pidieron en nombre de todos. Venga chicos, a ver si somos capaces de HILAR. Seguro que pensando un poquito todos sabremos que está ocurriendo y a quien beneficia la PNL presentada por ADICAE y la "FEDE". Estoy segura que lo vais a conseguir.
Estas explicaciones no van dirigidas para aquellos que saben como yo lo que está ocurriendo, sino para aquellas personas que a día de hoy todavía no les ha quedado lo suficientemente claro que es lo mejor para sus intereses.
Y algo más, el cobro del 10,50% cobrado por los clientes de Fórum significa que la justicia sigue calificando la actividad de las empresas como FINANCIERA y por lo tanto la intervención fue LEGAL. No quiero hacer de "aguafiestas" pero la triste realidad es esta y no se puede engañar a los afectados para darnos un "baño de masas" a costa de ocultar la verdad.
Para eso han quedado algunos, compañero. Para darse un baño de masas y hacerle el juego sucio a PP y Psoe.
EliminarEsto le daran una solucion cuando a ellos le convenga mientras tanto estan jugando con todos nosotros
ResponderEliminarSiempre nos kedara Strsanbugo!
ResponderEliminarNo tenemos k ser pesimista se acercan las elecciones y ha ver kien da más
ResponderEliminarEn ACISA ya se escribía el 25/11/2014 lo siguiente:
ResponderEliminarhttp://acisaconsumo.blogspot.com.es/2014/11/corrupcion-politica-corrupcion-judicial.html
Con la instantánea estos jueces, en concreto Pedraz, parece que se quiera poner la vitola de NO CORRUPTO.
¿QUIEN HA DICHO A ESTOS TIOS QUE ELLOS NO SON CORRUPTOS?
¿No será que quieren titulares para autoproclamarse NO CORRUPTOS?
Podemos terminar poniendo al Zorro a vigilar el gallinero.
¿SI PONEMOS A JUECES CORRUPTOS VIGILANDO A LOS POLITICOS, TERMINARIAN METIENDO EN LA CARCEL A LOS BUENOS?
Hecho en falta que propongan penas durísimas para los JUECES CORRUPTOS, PARA LOS QUE DILATEN LOS PROCESOS DE INSTRUCCIÓN SIN NECESIDAD, etc.
Cadena perpetua, por ejemplo. ¿Le parece bien Sr. Pedraz?
¡¡¡LA CORRUPCION JUDICIAL ES LA MADRE DE TODAS LAS CORRUPCIONES¡¡¡¡
Es el principio de todo.
Así muy brevemente quiero aclarar a la an´nimo del 8 de diciembre a las 19,38.
ResponderEliminarHacienda no tiene atribuciones para calificar a una empresa de Financiera o Mercantil, eso lo primero.
En segundo lugar Hacienda tiene actas firmadas de que AFINSA y FORUM son empresas mercantiles y en esta caso hay sentencias del MAXIMO oyrganismo Judicial SUPREMO que dice que ningun organismo oficial del Estado puede negar lo antes afirmado dicho de otra manera si HAcienda ha dicho que estas empresas son Mercantiles ahora no lo puede cambiar aparte d3e lo primero que NO TIENE ATRIBUCIONES PARA ELLO.
Y a ver quien mete mano a los FISCALES CORRUPTOS que estan empujando la causa porque fiscalia se hace la sorda.
Y ahora veremos la UDEF que me parece que tampoco va ha meter mano por intereses políticos.
Todo tenemos que recordar que, por desgracia, Fórum presentó concurso de acreedores voluntario, es decir, que reconoció su insolvencia, no sobrevenida por causa de la intervención judicial, si no por que, a la par, también reconoció que sus operaciones tenían el carácter de financieras, y de ahí su déficit patrimonial.
ResponderEliminarSi no hubieran admitido ese déficit derivado de la calificación de sus operaciones, la Agencia Tributaria no les habría devuelto esos 200 millones, como tampoco la administración concursal habría tenido capacidad jurídica para no hacer entrega de los sellos a los clientes, tal y como sucederá con Afinsa.
Fíjate, compi que yo he escuchado versiones contradictorias al respecto y no tengo yo muy claro que, efectivamente, Fórum presentase concurso de acreedores voluntario. No digo que no. Es solo que, como digo, me llegan las dos versiones: que SI y que No.
EliminarFíjate que en Portugal no se lo pensaron dos veces ni se anduvieron con pamplinas. Devolvieron a todos la fialtelia, sentenciaron la mercantilidad de la empresa y listo. Es que en España está siendo todo tan atrabiliario, que yo ya me pierdo, compañero.
Un abrazo
Mila.
Anónimo escribió:
ResponderEliminar... "Si no hubieran admitido ese déficit derivado de la calificación de sus operaciones, ... la administración concursal no habría tenido capacidad jurídica para no hacer entrega de los sellos a los clientes" ...
Parece de sentido común, reconocer que aquí lo que realmente cuenta es lo que admitan los clientes de la empesa, respecto a su filatelia. Ellos siguen siendo los propietarios de esta, en tanto que sus contratos son válidos y plenamente vigentes. Siendo así, no pueden los administradores concursales vender lo que pertenece a otros, sin el permiso explícito de estos. Así, si no se puede enajenar esa filatelia, lo único que cabe hacer es devolverla, más tarde o más temprano, a sus legítimos dueños.