domingo, 26 de febrero de 2017

Presunción de inocencia. (Firma, Javier Algarra).


RENGLONES TORCIDOS

Presunción de inocencia

Ya son demasiados los casos en los que hemos asistido a “penas de Telediario”, a acusaciones sin pruebas, a especulaciones en los medios de comunicación.
En España, seguimos con la asignatura pendiente de determinar en qué momento debe un político dimitir, o ser apartado de su cargo, en caso de ser acusado de un presunto delito de corrupción. En virtud del acuerdo suscrito entre Ciudadanos y el Partido Popular, que permitió la investidura de Mariano Rajoy, la formación de Albert Rivera exige el cese inmediato del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, al ser citado como investigado por el Tribunal Superior de Justicia por el llamado “Caso Auditorio”. Sin embargo, la modificación posterior de la ley que llevó el martes al Congreso, pidiendo el cese en caso de abrirse juicio oral y no en el momento de la imputación, le aboca ahora a una contradicción, que deberá zanjar apoyando o no una moción de censura.

Por su parte, Mariano Rajoy ha destacado que esa acusación no es sinónimo de culpabilidad, ya que el propio Sánchez se ha enfrentado ya a dieciséis causas contra él en los últimos años, y que todas ellas fueron finalmente archivadas.

En estos tiempos convulsos, en los que una acusación se ha convertido en la principal arma política para acabar con un cargo público antes de que la Justicia determine su auténtica responsabilidad, no le falta razón a Rajoy al reclamar respeto a la presunción de inocencia del presidente murciano.

Ya son demasiados los casos en los que hemos asistido a “penas de Telediario”, a acusaciones sin pruebas, a especulaciones en los medios de comunicación, y a condena social ante la opinión pública para, al cabo del tiempo, ver como esas causas son archivadas por falta de fundamento o los acusados son exonerados de toda culpabilidad.

El ministro Soria tuvo que dimitir de su cargo a causa de los “Papeles de Panamá”, sin que, hasta la fecha, exista el menor indicio de ilegalidad, más allá de su torpeza a la hora de dar explicaciones. También Francisco Camps tuvo que abandonar la presidencia de la Generalitat valenciana a cuenta de haber aceptado presuntamente el regalo de unos trajes, para ser posteriormente absuelto por la Justicia. Rita Barberá no podrá ver nunca rehabilitado su nombre. Murió entre furibundos ataques de sus adversarios y el abandono de los suyos sin tener posibilidad de sobrevivir para ver si los tribunales determinaban su inocencia. Lo mismo les ocurrió a Loyola de Palacio y a Carlos Moro, que fallecieron antes de saber que el llamado “Caso del Lino” no había sido más que una maniobra del PSOE para perjudicar al PP.
 
Que los servidores públicos salpicados por la corrupción sean obligados a abandonar sus cargos es algo bueno. No podemos tolerar que quienes nos gobiernan metan la mano en la caja de los dineros que son de los ciudadanos. Pero ¿en qué momento deben ser apartados: cuando se sospecha de ellos, cuando se les investiga, cuando lo publican los medios, cuando son citados ante un juez, cuando se abre juicio oral, o cuando son condenados en firme? La verdad es que, hasta que se produce ese último supuesto, toda persona tiene derecho a que se respete su presunción de inocencia. El problema es que, con la lentitud de los procesos judiciales y las filtraciones a los medios de sumarios que son secretos y cuyos datos se publican a pesar de que deberían permanecer reservados, la salvaguarda de la honorabilidad de las personas acusadas se hace muy difícil.


Los políticos no deberían utilizar como recurso partidario las acusaciones judiciales a sus adversarios; la judicatura debería impedir la filtración de sumarios, tipificada como delito en el artículo 466 del Código Penal, pero, hasta la fecha, nunca perseguida; y los medios deberían asumir que, al acogerse al artículo 20.1 de la Constitución, que les garantiza la libertad de expresión y el secreto profesional para no tener que revelar sus fuentes, pueden poner en peligro esa presunción de inocencia a la que todos tenemos derecho hasta que se demuestre que hay culpabilidad.




El deseo puede parecer ingenuo, pero de algún modo hemos de proteger, no solo las garantías jurídicas de las personas, sino su derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen que, también según el artículo 18.1 de la Carta Magna, forma parte de los derechos fundamentales, y en aplicación del propio artículo 20.4, marcan el límite a la libertad de expresión. Porque sabemos que, una vez cuestionada la honradez de una persona, es muy difícil rehabilitar su imagen aunque así lo determinen los tribunales.

Tal como escribió Víctor Hugo en Los Miserables: “Lo que de los hombres se dice, verdadero o falso, ocupa tanto lugar en su destino, y sobre todo en su vida, como lo que hacen”.

7 comentarios:

  1. Rajoy firmo un compromiso con nosotros, los desgraciados de los sellos, en nombre del pp y nunca lo cumplió. A la mierda el Pp. Y Rajoy el felon.

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  2. El problema, es que en este país se está confundiendo la presunción de inocencia con la capacidad económica para defenderte. Porque todos los acusados, imputados o como queramos llamarlos ahora, son presuntamente inocentes, pero la diferencia es que ante un mismo delito, realizado en las mismas circunstancias, el pobre casi siempre es presuntamente menos inocente que el rico. O dicho de otro modo, el pobre casi seguro terminará siendo culpable mientras que al rico es probable que no lleguen ni a juzgarlo. Ese es el verdadero problema de la presunción de inocencia. Y desde que se está obligado a pagar por las denuncias, es aún mas complicado.

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  3. Justicia y linchamiento popular versus injusticia y linchamiento político - judicial (cuando la Justicia se vuelve clasista y egoísta)

    "A quién indultáis, a Jesús o a Barrabás". Tenemos noticia del dilema que planteó Poncio Pilatos a la turbamulta que asistía a la ceremonia de la Pascua Judía según el Nuevo Testamento. La tradición exigía que el gobernador indultase a un preso previa consulta instantánea popular. Barrabás, según Marcos y Lucas, era un bandido condenado por motín con homicidios. El gentío, como es sabido, indultó a Barrabás, con delitos de sangre y mandó a la cruz a Jesús, prácticamente por un delito continuado de opinión.

    Este no es un único ejemplo que viene a colación en nuestro panorama judicial.

    Charles Lynch, terrateniente de Virginia durante la Guerra de Independencia norteamericana, ocupó su plaza de Coronel. No conforme con la Sentencia dictada por un Tribunal, que, absolvía a unos supuestos partidarios de Inglaterra, organizó un Tribunal popular en el que mandó fusilar a los procesados.

    La inclinación al linchamiento para que se acomoden las condenas a las convicciones de la ciudadanía está en el ADN de mucha gente. Por eso debería ser tan importante cuidar de la credibilidad y el prestigio de la Justicia.

    La Justicia popular tiene que tener filtros y controles para evitar la venganza. Estamos hartos de las películas donde nos muestran las cautelas con las que se eligen a los Jurados en Estados Unidos para discernir su ausencia de prejuicios, sus conocimientos jurídicos y en definitiva, su imparcialidad.

    Desgraciadamente, aquí en nuestro país, la Justicia elitista, también debería tener filtros y controles para evitar los abusos y privilegios de unos pocos poderosos, sobre otros muchos que pertenecen al pueblo llano.

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  4. buenos dias estan enviando cartas para la aceptación de condiciones de la resolución de Afinsa
    coger los lotes de sellos que teniamos asignados o recuperar el 5% del credito reconocido
    Alguien sabría decirme algo de este tema

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  5. Lo que tienen que hacer es acelerar los procesos judiciales. Mirad el caso Afinsa. Llevan 11 años dándole patadas al balón. Y todos en la calle sin fianza, lo que me da a entender de que presuntanente son inocentes. Justicia ya!

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  6. Primero: No han sido 16 veces las que ha sido denunciado este mentiroso, fueron solo 7 y no todas archivadas. 2 quedan aún pendientes y de las siete 4 fueron por faltas en el reglamento del congreso y no por prevaricación o corrupción. Luego los que están enmarañando este caso son ellos mismos queriendo hacer una víctima de un mentiroso compulsivo como lo fue también Soria.
    Este sujeto dijo y así está grabado y lo hemos visto, que en el caso de que fuese inculpado por algo dimitiría instantáneamente. ¡Pues que dimita! Y cumpla lo prometido, no podemos tener ni consentir políticos embusteros que prometen lo que sea con tal de subirse a la poltrona.
    En cuanto al ex ministro Soria, el tiempo está dando la razón a todos los que le acusaban de mentiroso y ya está envuelto en otro caso más grave por mentir de nuevo y presentar facturas y documentación falsa en otro caso judicial.
    Esta gentuza llegó al congreso para perpetuar la corrupción, prevaricación y la mentira, como algo natural. Por otra parte no olvidemos que son políticos, se dedican a la política y debieran ser ejemplares tanto en sus conductas como en sus formas.

    Este artículo tratando de defender a unas personas que precisamente no son un ejemplo de la sociedad es deleznable y por consiguiente muy reprochable.

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  7. Magnifico el comentario anónimo que suscribo al cien por cien.Aqui de indulta al barrabas y se castiga al que " Difama que siempre queda" .
    Justicia justa e independencia. Mientras el C.G.P.J
    Sea elejido por los politicos la justicia està podrida.

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