La administración concursal rechaza reclamar los impuestos pagados para compensar a los afectados
Los inversores ven nuevos motivos para demandar al ser calificada la empresa como mercantil
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El escándalo de Afinsa vuelve a avivarse once años después de la intervención de la empresa filatélica.
El pulso entre los afectados y la administración concursal de la
empresa sobre si los impuestos abonados por la compañía a Hacienda deben
recuperarse para ayudar a compensar a los miles de inversores que
perdieron su dinero amenaza con alimentar centenares de demandas.
Un nuevo pulso judicial que se abre al año de que la Audiencia Nacional condenara a los responsables de Afinsa a penas de hasta 12 años de prisión –y a indemnizar a los 190.000 afectados con 2.574 millones de euros–
por estafa agravada, insolvencia punible, delito continuado de
falseamiento de las cuentas, blanqueo de capitales y delito contra la
Hacienda Pública, que está pendiente ahora de recurso ante el Tribunal
Supremo.
El nuevo capítulo del caso surge a raiz del escrito remitido
a finales de junio por la administración concursal de Afinsa al Juzgado
de lo Mercantil Número 6 de Madrid impugnando los últimos recursos
presentados por algunos de los afectados. Estos se basaban en la citada
sentencia condenatoria de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
del pasado 27 de julio de 2016, en la que se considera que los contratos
suscritos entre Afinsa y sus inversores no eran más que los “instrumentos de una estafa”,
para argumentar que “la Hacienda Pública no puede beneficiarse” de los
impuestos derivados de la comisión de un delito. Por tanto, aducen, el
dinero recaudado debe destinarse a compensar a los afectados.
En concreto, quienes presentaron los recursos solicitan que la Agencia Tributaria devuelva el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) abonado por Afinsa desde 1994 a 2005. La cifra ascendería a 102,4 millones de euros, según las estimaciones realizadas de cara a la liquidación de la empresa.
La administración concursal rechaza en su escrito, al que ha
tenido acceso este diario, la pretensión de los recurrentes. Argumenta
que, aunque inicialmente dicha cuantía se tuvo en cuenta para computarla
en la masa concursal con la que compensar a los acreedores, los últimos
pronunciamientos judiciales “han determinado finalmente que la
calificación de las operaciones realizadas por Afinsa era puramente mercantil”.
“Las consecuencias del giro jurisprudencial sobre la naturaleza de los contratos”, que inicialmente fueron catalogados como financieros,
recuerda la administración concursal, son “decisivas en el ámbito
tributario, puesto que las declaraciones-liquidaciones correspondientes
al Impuesto sobre el Valor Añadido que presentó Afinsa entre los años
1998 y 2005 son, básicamente, correctas”.
Desde algunas de las plataformas de afectados de Afinsa, que
defienden la legitimidad de la operativa de la compañía y el valor real
de los sellos en los que invirtieron, ven en el contenido del documento
nueva munición para litigar.
Desde el inicio del pulso judicial sobre Afinsa se planteó
como debate crucial si la actividad de la empresa era financiera o
mercantil. En el primero de los casos, Afinsa habría estado obligada a
realizar determinadas provisiones con las que no contaba, lo que justificaría su liquidación por el riesgo de quiebra patrimonial.
Estas plataformas de afectados ven como un éxito que la
administración concursal hable ahora de firma mercantil, tras años
aludiendo a una operativa financiera, porque eso constataría que no
existía tal riesgo y que no había motivo para liquidar Afinsa, dicen ellos, aunque en cualquier caso los jueces sí ven probado que hubo estafa.
“Los despachos de abogados que se autoproclaman ‘decentes’
deberían actuar y nosotros, los clientes, sin esperar a lo que ellos
hagan, deberíamos ponernos en marcha pero ya, y comenzar a denunciar”,
clama Mila Hernán, autora del libro El saqueo de Afinsa y una de las afectadas más activas. En su opinión, hay margen para pedir responsabilidades a los administradores
por haber liquidado una sociedad mercantil con argumentos solo válidos
para una firma financiera. Un grupo de inversores busca ya bufetes para
emprender acciones legales al respecto.
Más allá, aunque la administración concursal deja a Hacienda
la última palabra a la hora de decidir si devolver los impuestos
cobrados, los responsables de la liquidación se decantan por impedirlo
alegando que durante el procedimiento penal la propia Agencia Tributaria ya expuso que el proceso “no ha dejado sin efecto los contratos” de inversión en Afinsa.
La mención, que busca justificar el IVA abonado, también es
esgrimida por este grupo de afectados para defender la tesis de que
sufrieron un “expolio” sobre una inversión legítima. Si
los contratos son válidos, dicen, tienen derecho a recuperar el valor
de su inversión en filatelia aunque sea el Estado quien se haga cargo en
ausencia de la extinta Afinsa.
- Unijus: Tras acudir a juzgados, gobiernos y medios de comunicación en busca de amparo, ocho afectados por los casos de Afinsa y Forum Filatélico han decidido constituir un partido político que se ocupe de los afectados por escándalos financieros o sociales como el que han padecido. La plataforma fue registrada a finales de abril como Unijus (Unidos para la Independencia de la Justicia) y cuenta con más de 300 afiliados aunque no será hasta septiembre cuando comience a tratar de captar apoyos también entre afectados por casos como el de las participaciones preferentes de las cajas, o las acciones de Banco Popular, explica su presidente, Eduardo Berbis, exjefe de seguridad de Forum y uno de los afectados por la caída de la filatélica. Su objetivo inicial es lograr un eurodiputado en los próximos comicios comunitarios.
- Fórum Filatélico. El próximo 18 de septiembre arrancará en la Audiencia Nacional el juicio contra los responsables de Fórum Filatélico, firma que fue intervenida hace 11 años al igual que Afinsa, con un desfase patrimonial de 2.848 millones de euros que dejó sin dinero a 270.000 inversores. El entonces presidente de la empresa, Francisco Briones, afronta hasta 27 años de cárcel, recuerda Efe, por estafa, falsedad contable y blanqueo de capitales.
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