Nada que ver con los jueces al frente del Caso Afinsa.

El caso de la infanta y el valor de un juez

    

La infanta Cristina a su entrada en los juzgados de Palma - Foto EFE

El auto de apertura de juicio oral dictado este lunes por el juez José Castro ha venido a poner fin a una larga instrucción de cuatro años en un asunto que involucra nada menos que a la Casa Real, por mor de una de las herederas al trono, la infanta Cristina de Borbón, obligada a pasar por el banquillo de los acusados. Su procesamiento, contra viento y marea, nos obliga a reconocer el valor del juez y a recordar la vieja expresión atribuida a un molinero prusiano cuando, enfrentado en un pleito con el todopoderoso Federico el Grande, rey de Prusia, exclamó al verse favorecido por el fallo aquello de que “todavía quedan jueces en Berlín”. Aún hay jueces en Mallorca, ergo en España, un juez dispuesto a dignificar su función y, con ello, a poner un grueso grano de arena en la tarea de rescatar del pozo de la decrepitud a la Administración de Justicia, convertida hoy en el campo de Agramante de las corrupciones que inundan el panorama institucional español. Es un fulgor navideño de esperanza, que confiamos no se marchite en el proceloso mar de los procedimientos y los servilismos cortesanos.

Las circunstancias que rodean el caso han obligado a Castro a realizar un esfuerzo ímprobo para dar solidez al contenido de la instrucción. El extenso auto dictado ahora, como ya lo fuera el anterior sobre el segundo intento de imputación de la infanta, constituye un sólido edificio doctrinal encaminado a deshacer los razonamientos de aquellos que pretendían oscurecer la realidad de unos hechos y conductas que, en otros supuestos, se hubieran sustanciado con autos de unos cuantos folios. Es evidente que con su conducta el juez ha puesto el listón muy alto no sólo para los magistrados de Mallorca, sino también para los defensores oficiales y para esa pléyade de defensores oficiosos que se desviven por halagar al poder, representado en este caso por la Corona. Del nuevo rey Felipe VI, hermano de la afectada, dependerá cortar por lo sano la alocada trayectoria seguida por su padre y antecesor en el trono, imbuido de un sentido patrimonial de la institución que ningún Gobierno ha osado deshacer, como prueba el comportamiento servil de instituciones como la Agencia Tributaria, la abogacía del Estado y la propia Fiscalía, cuyo responsable máximo acaba de poner pies en polvorosa.

Porque no basta con afirmar con la boca pequeña que se respeta a la Justicia mientras las instituciones concernidas desarrollan una infatigable labor de zapa contra las instrucciones judiciales, con el acompañamiento mediático de rigor. Ese ha sido el pan nuestro de cada día desde que afloraron los grandes casos de corrupción. En este sentido, el caso Nóos no ha sido una excepción, antes al contrario, ha supuesto la sublimación de todo tipo de tretas destinadas a constreñir la independencia del juez y transmitir a los españoles, tan crédulos y pacíficos siempre, que lo blanco era negro. Ayer mismo, inmediatamente después de hacerse público el auto, la Fiscalía cuestionaba la competencia profesional de Castro adelantando un recurso en una parte del procedimiento irrecurrible, con el argumento de que el magistrado había violado principios básicos de la ley.

El empeño en desacreditar al juez Castro
Por la misma senda se han lanzado también los abogados de la infanta, Miquel Roca, el independentista defensor de una infanta de España, y Jesús María Silva, anunciando un recurso basado, según ellos, en que el juez se ha servido de los votos particulares del Supremo, pese a que el aludido escribe textualmente en su auto que “lo que se acaba de trasladar no son fragmentos de votos particulares discrepantes, aunque también los hubo, sino la nueva doctrina emanada de la Sala Segunda del Tribunal Supremo”. Dispuestos a confundir a tirios y troyanos, los ilustres letrados llegan a insinuar que Castro ha filtrado el contenido de su auto, sobre la base de que algunos medios, entre ellos Vozpópuli, adelantaron días atrás el sentido del fallo, sorprendente acusación por parte de quien ha usado determinados medios a su antojo para mostrar imágenes de la vida privada del juez e incluso de la abogada de la acusación popular.

La conclusión de la instrucción de Mallorca debería significar un punto y aparte en los comportamientos seguidos hasta ahora por los poderes públicos, aunque no conviene hacerse demasiadas ilusiones al respecto, a tenor del comportamiento de los equipos de defensores de la infanta, el privado y el público, empeñados en hundir la reputación de un juez que es el único que no ha hecho ningún tipo de excepción ni dado ningún privilegio a la hermana del rey. Parece evidente que la perseverancia en el error de los paladines de Cristina de Borbón tendrá una primera perjudicada en la propia infanta, que a lo largo de 2015 podría verse convertida en mercancía electoral susceptible de ser utilizada por unos y otros a conveniencia. Tampoco la Corona, a pesar del cambio de titular, saldrá bien parada de esas maniobras saduceas tendentes a desacreditar a un juez que, como el molinero prusiano, se ha atrevido a sentar en el banquillo a una hija y hermana de rey, con todo lo que ello significa para el asentamiento de la todavía frágil figura de Felipe VI.

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