Afectados de Afinsa denuncian en Estrasburgo al Estado español por el hundimiento de la sociedad. La Agencia Tributaria y la Audiencia Nacional intervinieron la empresa filatélica cuando era solvente y viable.

Un colectivo de afectados por el hundimiento de la sociedad filatélica Afinsa denunciará 

esta semana frente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

de Estrasburgo al Estado español, al que responsabilizan del crack de la sociedad y de haber

 dejado a miles de ahorradores sin su dinero.

Estos damnificados, lejos de denunciar a los directivos de la compañía, dirigen sus demandas al Estado ya que, según argumentan, la intervención de la sociedad que llevó a cabo en 2006 el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz,  provocó "un perjuicio claro y evidente. Sin intervención no hubiera habido perjuicio patrimonial, todo el mundo, y más clientes que hubieran seguido confiando en Afinsa, a día de hoy conservaría todo su patrimonio".

¿Sociedad mercantil o financiera?

La cuestión de fondo radica en la consideración jurídica de Afinsa. Los demandantes sostienen que se trata de una sociedad mercantil y argumentan que hay documentos de Hacienda que así lo acreditan. Y esgrimen, por ejemplo, una sentencia del Tribunal Supremo (la 13/2010) que califica indubitadamente a la firma como sociedad mercantil.

Con esta consideración, y según los demandantes, Afinsa realizaba operaciones de compra y venta de filatelia. "Dichas operaciones se contabilizaban como un gasto y un pago, en el caso de la compra, y de  un ingreso y un cobro en el caso de la venta.". Según este razonamiento, seguido por los directivos de la sociedad, la contabilidad de la compañía era "inmaculada".

Hacienda lo complica todo

Sin embargo, en 2006, apareció un informe que lo puso todo en cuestión. Después de analizar la contabilidad de la compañía, una investigación de la Agencia Tributaria alertaba sobre "un agujero de 2000 millones de euros en esta sociedad financiera". El informe llegó a la fiscalía Anticorrupción que, rápidamente, lo transformó en querella y, más tarde, el juez Pedraz intervino la sociedad.

Los demandantes sostienen, una vez más, que no se trata de una sociedad financiera y que ellos, los inversores, no compraban productos financieros, sino sellos, tangibles y computables. Por lo tanto Afinsa no tenía por qué provisionar en su balance de gastos esas inversiones, ni tan siquiera calificándolas de deuda. La agencia tributaria detectó esa "no consignación" y la calificó de desfalco y de agujero económico.

La contabilidad de la mercantil, inmaculada

Transcurrido el proceso judicial, Hacienda insiste que Afinsa es una sociedad financiera que, en su contabilidad, no registró  la deuda contraída con los supuestos inversores.

Según la demanda, si se analiza la contabilidad de la compañía como sociedad mercantil, sus números son trasparentes y correctos. Efectivamente, si se analizan con el prisma de una sociedad financiera, existe un millonario desajuste en la contabilidad.

La Fiscalía, de espaldas al Supremo

Llama la atención que tanto la fiscalía como la Audiencia Nacional, deslegitimen -al no contemplar- la posición de 2.000 inversores (compradores de sellos) afectados, cuando una sentencia del Tribunal Supremo de hace 5 años tilda de "sociedad mercantil" a Afinsa. Sin embargo, tanto la Audiencia Nacional como el propio Constitucional han negado anteriores demandas y recursos de amparo interpuestos, en este sentido, por los damnificados.

Ahora, y de la mano de la prestigiosa letrada Virginia López Negrete, experta en demandas de recuperación de patrimonio, se ha decidido ir a por todas en esta demanda que se presentará antes del viernes ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, y a la que ha tenido acceso Economía Digital.

Culpa In Comittendo

Sellos deteriorados de forma irreversible

Según los demandantes, Afinsa vendía y compraba sellos. A menudo los compradores, los cedían a la vendedora para que ésta se encargase de su custodia y mantenimiento. Trascurridos nueve años, la ingente cantidad de sellos incautados por la guardia civil en la llamada "operación Atrio", se han devaluado de forma notoria e irreversible.

La mayoría de estos sellos han perdido todo su incalculable valor, ya que desde entonces permanecen almacenados en una nave industrial de Madrid sin las medidas de temperatura y humedad necesarias para su correcta conservación.

NOTA DE CANAL AFINSA: Esta última afirmación en el artículo, no obedece fielmente a la realidad.  En ningún momento quienes estamos incorporados a la Demanda ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo hemos dudado del estado de conservación de la filatelia, ni de su posible puesta en valor en el mercado, una vez sean restituidos a sus legítimos propietarios, cosa esta que parece que no va a llegar nunca. El periodista llega a esa conclusión "motu propio", seguramente por falta de detalles al respecto y por propia deducción. Cualquiera que no esté informado de este inmenso asunto, como lo estamos nosotros, puede incurrir en ese tipo de imprecisiones totalemente involuntarias.
En honor a la verdad, los sellos están perfectamente custodiados y se mantienen en perfectas condiciones. Lo único que tienen que hacer, juez y AACC, es dar la orden ¡ya! para que nos los restituyan.

En cualquier caso, y salvo esta acotación, nuestro agradecimiento al periodista por el contenido de sus dos artículos.

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